Ensayo 14: McKinley y la guerra hispano-estadounidense. Cómo el imperio se convirtió en un problema constitucional

I. Los dos frentes de un mismo resto

Al final del ensayo anterior decíamos que esta construcción iba a tener que enfrentarse de lleno a un poder económico que su diseño no había previsto. Lo que da su verdadera estructura a los años de McKinley es que esa respuesta se despliega en dos frentes a la vez. Y esos dos frentes, si los seguimos hasta la raíz, son las dos caras de un mismo resto.

El primer frente está dentro del país. En un contexto de industrialización y restricción monetaria, los agricultores, las regiones mineras de la plata, los deudores y una parte de los trabajadores intentan que sus intereses, expulsados hacia los márgenes, encuentren cabida en las instituciones de esta construcción. El Partido del Pueblo y las elecciones de 1896 marcan el punto culminante de ese frente. El segundo se abre en el exterior. La guerra de 1898 y los acuerdos que le siguen empujan a Estados Unidos a pasar de república continental a imperio de ultramar. El nuevo problema no consiste en determinar si el país se ha expandido, sino en explicar cómo un régimen que se funda en la igualdad y en el consentimiento de los gobernados puede legitimar su dominio sobre territorios cuyos habitantes no gozan de iguales derechos ni han consentido en ser incorporados.

Si hubiera que condensar en una frase el argumento estructural de este ensayo, sería esta: 1896 muestra cómo la construcción absorbe o reprime las demandas sociales de su interior; los años de 1898 a 1901 muestran cómo convierte un problema imperial, hasta entonces exterior, en un problema de su propia Constitución. No es una abstracción elaborada con la ventaja de la retrospectiva. Quienes vivieron aquellos años ya percibían claramente la contradicción. Los antiimperialistas invocaban directamente el lenguaje universalista de la Declaración de Independencia para oponerse a que Estados Unidos estableciera en ultramar un dominio sin el consentimiento de los gobernados.

Al situar ambos frentes en el recorrido de esta serie, su raíz común se vuelve evidente. El resto más profundo que venimos siguiendo es la distancia entre aquella promesa de que todos somos iguales y de que los gobiernos obtienen sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, y las múltiples exclusiones y relaciones de dominio de la vida real. Dentro del país, ese resto son quienes, asfixiados por el poder económico, exigen ser incluidos; en ultramar, son las poblaciones de los territorios sometidos a Estados Unidos a las que no se admite en pie de igualdad. Ese viejo resto de la frontera que hemos visto en los ensayos anteriores, desde la esclavitud hasta la exclusión de los chinos, vuelve a aparecer aquí con otro rostro: las colonias de ultramar.

Hasta ahora, el resto que sigue esta serie se había desplegado, a grandes rasgos, a lo largo de distintos ejes, primero uno y luego otro: la raza, la clase. La particularidad de los años de McKinley es que un mismo resto irrumpe casi al mismo tiempo bajo dos formas radicalmente distintas, una dentro y otra fuera del país. Dentro, quienes sufren la presión del poder económico reclaman que la construcción les dé una cabida más plena. Fuera, quienes están sometidos a ella no quieren en absoluto ser incorporados de esa manera. Unos piden más inclusión; otros rechazan esa inclusión. Las direcciones son exactamente opuestas, pero ambas apuntan a la misma pregunta: ese universalismo que la construcción proclama, ¿ha de hacerse efectivo para las personas con las que realmente trata? Y, de ser así, ¿cómo?

II. El populismo y las elecciones de 1896

El populismo de finales del siglo XIX debe entenderse ante todo a partir de los programas concretos del Partido del Pueblo y de la Alianza de Agricultores, sin encajarlo en esa vaga retórica contra el sistema que hoy recibe el mismo nombre. La Plataforma de Omaha del Partido del Pueblo, de 1892, no se limitaba a una oposición difusa a las élites del Este. Proponía todo un conjunto de medidas institucionales precisas: una moneda nacional segura, sólida y flexible emitida por el Gobierno federal; la acuñación libre e ilimitada en una proporción de dieciséis partes de plata por una de oro; un impuesto progresivo sobre la renta; y la propiedad y explotación públicas de los ferrocarriles. Las resoluciones que acompañaban al programa defendían además, de forma expresa, la elección directa de los senadores de Estados Unidos.

Las elecciones de 1896 llevaron esas demandas a su punto más alto en la política nacional. En su convención de Chicago, el Partido Demócrata adoptó la defensa de la libre acuñación de plata. William Jennings Bryan sacudió la sala con su discurso de la «cruz de oro», cuya frase más célebre decía: «No crucificaréis a la humanidad en una cruz de oro». Su importancia no reside solo en la fuerza retórica. Bryan había convertido la cuestión monetaria en una cuestión moral y social. El patrón oro dejaba de presentarse como un mero mecanismo técnico de las finanzas y pasaba a encarnar un orden que hundía una corona de espinas en la frente de los trabajadores.

Pero reducir 1896 a la victoria del patrón oro sobre la libre acuñación de plata sería contar una historia demasiado pobre. Conviene poner dos hechos uno junto al otro. Por un lado, Bryan llevó al centro de la política nacional las demandas de agricultores, deudores y regiones mineras de la plata. Por otro, McKinley, con Mark Hanna al mando de la operación política, articuló una coalición de mayor alcance entre las ciudades del Norte, los trabajadores industriales y los intereses comerciales y financieros. La coalición se apoyaba en los aranceles proteccionistas, la estabilidad que prometía el patrón oro y las promesas de orden y empleo. Los republicanos recaudaron unos cuatro millones de dólares, que destinaron a una ingente cantidad de propaganda y a una red organizativa de alcance nacional. McKinley ganó con 271 votos electorales y el 51,1 % del voto popular.

El Partido del Pueblo entró en un rápido declive después de 1896, pero sus cuestiones pendientes no desaparecieron con él. Al menos una de sus reivindicaciones centrales terminó convertida explícitamente en una institución: la elección directa de los senadores, reclamada por escrito en la Plataforma de Omaha, quedó establecida en 1913 por la Decimoséptima Enmienda. En un sentido más amplio, la expansión de la participación democrática y el aumento del control público sobre los ferrocarriles y el poder financiero, asuntos planteados por el partido, reaparecerían bajo distintas formas en la Era Progresista. Explicar por completo las elecciones de 1896 como unas elecciones compradas con dinero es un malentendido muy extendido y demasiado simplificador. Aquel resto empujado a los márgenes no venció en 1896, pero tampoco fue eliminado de verdad. Sus demandas quedaron, como una lista de tareas sin terminar, a la espera de la posterior Era Progresista.

III. De la crisis cubana a la guerra contra España

La crisis inmediata que condujo a la guerra hispano-estadounidense vino de Cuba. En 1895 se reanudó la insurrección contra España, que envió a Weyler para sofocarla. Su política de reconcentración a gran escala provocó una grave catástrofe humanitaria. La prensa estadounidense, sobre todo los periódicos de Pulitzer y Hearst, amplificaba sin descanso la crueldad del dominio español; unas veces contaba hechos reales y otras los exageraba. La prensa amarilla contribuyó sin duda a moldear el clima de opinión, pero la investigación actual suele rechazar que se la presente como la única causa de la guerra. Generó apoyo popular y un ambiente de dramatismo a favor de ella; no creó de la nada los conflictos políticos que ya enfrentaban a Estados Unidos y España.

McKinley no había buscado la guerra con impaciencia desde el principio. Tras los disturbios de La Habana de enero de 1898, envió el Maine a su puerto para proteger a los ciudadanos y los intereses estadounidenses y, al mismo tiempo, amortiguar el clamor bélico. El 15 de febrero de 1898, el Maine explotó y se hundió en el puerto de La Habana; murieron 266 oficiales y marineros. La prensa estadounidense y los políticos partidarios de la guerra convirtieron de inmediato el suceso en una consigna de movilización: «¡Recordad el Maine!». Las investigaciones modernas no han cerrado del todo la cuestión. El análisis técnico dirigido por Rickover en 1976 concluyó que no había pruebas técnicas que demostraran una explosión externa y que los indicios disponibles encajaban mejor con una interna. Un nuevo modelo de 1998 volvió a considerar más probable una explosión externa. Lo riguroso, por tanto, es decir que la investigación moderna, en conjunto, ofrece menos apoyo al relato de un ataque español que circuló entonces, sin que exista una conclusión absolutamente definitiva.

En su mensaje de guerra al Congreso del 11 de abril, McKinley presentó la intervención estadounidense como una acción legitimada por razones humanitarias: una intervención armada emprendida en nombre de las grandes exigencias de la humanidad. Esta fue una de las operaciones retóricas decisivas de 1898. En el discurso público, la guerra se envolvía en el lenguaje de la intervención humanitaria y el restablecimiento del orden; sus consecuencias, sin embargo, se extendieron a la adquisición de territorios, el despliegue de guarniciones en ultramar y el gobierno colonial. La distancia entre ambas cosas es clave para entender aquella guerra. La justificación pública era humanitaria; el resultado efectivo, el imperio.

IV. Una guerra breve y el nacimiento de un imperio de ultramar

La guerra hispano-estadounidense fue, en sí misma, brevísima. John Hay la llamó «una espléndida guerrita». La primera gran batalla tuvo lugar el 1 de mayo de 1898 en la bahía de Manila, donde la escuadra asiática de Dewey derrotó a la armada española. Después, las tropas estadounidenses desembarcaron en Cuba, aislaron a las guarniciones españolas y las vencieron.

Lo que cambió de verdad la posición institucional de Estados Unidos no fue el heroísmo en el campo de batalla, sino la liquidación de la guerra. El Tratado de París de 1898 dispuso que España renunciara a su soberanía sobre Cuba y cediera a Estados Unidos Puerto Rico, las demás islas españolas de las Antillas y Guam. También le cedió el archipiélago filipino, y Estados Unidos pagó a España veinte millones de dólares. Ese mismo año, Estados Unidos se anexionó Hawái mediante una resolución conjunta. Si contemplamos Cuba, Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái dentro de un mismo año, vemos que 1898 no fue una guerra aislada, sino un punto de inflexión institucional: la expansión estadounidense avanzaba a la vez hacia el Pacífico y el Caribe.

La expansión de ultramar también estaba alterando, discretamente, la distribución del poder dentro de la construcción. Durante la Edad Dorada, los presidentes habían sido relativamente débiles frente al Congreso y las maquinarias partidistas. Una guerra exterior y un imperio de ultramar ofrecían precisamente el terreno ideal para que el poder presidencial volviera a crecer. La guerra exigía la dirección del presidente como comandante en jefe; los territorios de ultramar requerían una administración ejecutiva; la pugna con las grandes potencias y la negociación de tratados tendían, por su propia naturaleza, a concentrar el poder en la Casa Blanca. McKinley anexionó Hawái por resolución conjunta, condujo al país a la guerra con su mensaje al Congreso y decidió el destino de varios grandes territorios mediante la negociación del Tratado de París. En esos asuntos, el Ejecutivo tomó la iniciativa y reforzó su capacidad de conducir la política exterior, aunque la anexión y la guerra requerían autorización legislativa, y el tratado, el consentimiento del Senado. El nacimiento del imperio y el resurgir del poder presidencial eran las dos caras de un mismo proceso.

La situación de Cuba permite apreciar con especial claridad la diferencia entre independencia nominal y control efectivo. En la resolución de guerra contra España, la Enmienda Teller de 1898 declaraba expresamente que Estados Unidos no tenía intención de ejercer soberanía, jurisdicción ni control sobre Cuba, salvo para pacificar la isla, y que, una vez lograda la pacificación, dejaría su gobierno y su control en manos del pueblo cubano. Sin embargo, en 1901 la Enmienda Platt exigía que Cuba reconociera el derecho estadounidense a intervenir en sus asuntos internos para preservar la independencia cubana y proteger la vida, la propiedad y la libertad individual. También le exigía permitir que Estados Unidos adquiriera bases navales y estaciones de aprovisionamiento de carbón. Estos textos son fundamentales: a través de una secuencia de leyes y tratados, dejan a la vista la distancia entre el universalismo que Estados Unidos proclamaba en el exterior y el control que ejercía en la práctica. Teller era la promesa universalista; Platt, el control efectivo. La distancia entre ambas es la forma que adopta el resto en ultramar.

V. La guerra de Filipinas

Filipinas es la parte de este ensayo que menos admite ser tratada a la ligera. En 1898, los revolucionarios filipinos no veían en Estados Unidos a una nueva potencia colonial, sino a una fuerza que podía ayudarles a poner fin al dominio español. Cuando el 4 de febrero de 1899 estalló el conflicto armado entre estadounidenses y filipinos, los nacionalistas dirigidos por Aguinaldo buscaban la independencia, no un relevo de gobernantes coloniales.

La guerra tuvo, a grandes rasgos, dos fases. En la primera, de febrero a noviembre de 1899, los filipinos intentaron librar una guerra convencional, pese a su inferioridad en armamento, abastecimiento y control del mar. En la segunda pasaron a la guerra de guerrillas, que se prolongó hasta la captura de Aguinaldo en 1901 y continuó después en algunas zonas hasta 1902. El relato oficial estadounidense solía llamarla entonces «insurrección». El término ya daba por sentado que los filipinos no eran un beligerante en pie de igualdad, sino unos insurrectos sometidos a la jurisdicción de Estados Unidos.

Al hablar de las atrocidades y de los métodos de represión, ya no cabe recurrir a los viejos relatos que los blanqueaban. Incluso las explicaciones oficiales actuales reconocen que, en ocasiones, las tropas estadounidenses incendiaron aldeas, aplicaron políticas de reconcentración de civiles y torturaron a sospechosos de pertenecer a la guerrilla. La llamada «cura de agua» se reconoce como una forma de tortura que ya entonces se consideraba, casi unánimemente, contraria a las leyes de la guerra. Junto a ella, la quema de pueblos y aldeas, los campos de reconcentración y las represalias contra rehenes inocentes ocupan el centro de la controversia sobre aquella guerra.

Las cifras de muertos deben presentarse como estimaciones, y las diferencias entre ellas son grandes. Los recuentos citados habitualmente hablan de más de 4.200 militares estadounidenses y más de 20.000 combatientes filipinos muertos, además de hasta 200.000 civiles filipinos fallecidos por la violencia, el hambre y las enfermedades. Por su parte, John M. Gates estimó en 1981 que el total de muertes relacionadas con la guerra entre 1898 y 1903 podía llegar a unas 321.000, un cálculo que incluía las muertes por cólera de 1902. Dentro del marco de esta serie, el significado de la guerra de Filipinas es claro. Cuando ese resto situado en la frontera de ultramar, esas personas sometidas a Estados Unidos que no querían ser colonizadas, se alzó en resistencia, la construcción respondió de un modo estructuralmente afín a su respuesta a la resistencia de los negros del Sur: la represión por la fuerza. Un régimen fundado en el consentimiento de los gobernados empleaba la fuerza para gobernar a quienes habían expresado claramente su negativa. La contradicción queda ahí, desnuda y cortante.

VI. La respuesta antiimperialista

Pero dentro de Estados Unidos no había unanimidad sobre Filipinas. Pronto se formó una Liga Antiimperialista, de la que fueron miembros Andrew Carnegie, Mark Twain, William James y Samuel Gompers, entre otros. Su programa de 1899 formulaba el problema con toda claridad: el imperialismo era enemigo de la libertad; los gobiernos obtenían sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; y la aplicación de ese principio no podía depender de la raza ni del color de la piel. William James llegó a decir que Estados Unidos había «vomitado» la Declaración de Independencia y el discurso de despedida de Washington.

Lo importante es que los antiimperialistas no recurrían a una ideología importada. Volvían contra las prácticas imperiales de Estados Unidos el universalismo de su propia fundación, y las sometían a juicio con él. Aquí reaparece uno de los hilos más hondos de esta serie. Ya hemos visto que la promesa escrita en la Declaración de Independencia, la igualdad de todos y el origen de los poderes legítimos del gobierno en el consentimiento de los gobernados, fue una promesa incumplida desde el día en que se escribió. Pero, una vez escrita, se convirtió en un criterio permanente, en una vara de medir que cualquiera podía tomar para examinar la conducta de la propia construcción. Los abolicionistas la habían aplicado a la esclavitud; el juez Harlan, a la segregación racial; ahora los antiimperialistas volvían a aplicarla al imperio de ultramar.

Casi podríamos decir que aquí está uno de los núcleos secretos de la serie: por qué ese resto nunca puede quedar cerrado. La construcción inscribió en sus documentos fundacionales una promesa que nunca ha cumplido, y que no puede cumplir, por entero. Proclama que todos somos iguales, pero esclaviza a los negros, excluye a los chinos y gobierna territorios dependientes. Dice que el poder del gobierno procede del consentimiento de los gobernados, pero somete por la fuerza a quienes han dicho expresamente que no consienten. La distancia entre promesa y conducta podría eliminarse por dos vías: cumplir de verdad la promesa o retirarla sin más. Esta construcción no ha hecho ninguna de las dos cosas, ni puede hacerlas. No es capaz de hacer plenamente efectiva aquella igualdad de todos, pero tampoco se atreve, o más bien no puede, a tacharla públicamente de sus documentos fundacionales. La promesa sigue ahí, suspendida, convertida en una vara de medir que nunca se oxida. Esa es la raíz más profunda de la imposibilidad de cerrar el resto: está escrita en el acta de nacimiento de la propia construcción.

VII. ¿Sigue la Constitución a la bandera? Los Casos Insulares

Después de 1898 apareció enseguida una nueva pregunta: ¿sigue la Constitución a la bandera? Es decir, ¿gozaban automáticamente los habitantes de los territorios recién adquiridos, sobre todo Puerto Rico, Filipinas y Guam, de todas las garantías constitucionales y de una condición política igual a la de los demás? La discusión no era un juego abstracto de juristas. De ella dependía que el imperio pudiera encontrar acomodo dentro del orden constitucional estadounidense.

Los Casos Insulares de 1901 fueron un conjunto de litigios, entre los cuales Downes contra Bidwell resultó decisivo. Pero su sentencia reflejó una profunda división, no la proclamación sencilla y unívoca de un gran principio. En su opinión, el juez Brown escribió que Puerto Rico era un territorio vinculado a Estados Unidos y perteneciente a él, pero que no formaba parte del país a efectos de la cláusula tributaria. En el mismo texto hablaba, con la crudeza característica de la época, de «razas ajenas» y de la posibilidad de que, durante un tiempo, fuera imposible gobernarlas conforme a los principios anglosajones. Por su parte, el juez White propuso la doctrina de la incorporación territorial, que distinguía entre territorios incorporados y no incorporados. A estos últimos no se les aplicaban automáticamente todas las disposiciones de la Constitución.

La construcción tenía ante sí un resto que no era capaz de absorber de verdad: las poblaciones de los territorios de ultramar. Si las incorporaba plenamente y les reconocía una ciudadanía en pie de igualdad, el imperio se volvía difícil de sostener. Si renunciaba por completo a ellas y se retiraba de esos territorios, perdía algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar. Así que, en lugar de resolver la contradicción, inventó un dispositivo jurídico para dejarla en suspenso. La doctrina de la incorporación territorial permitía a Estados Unidos afirmar su soberanía sobre aquellos territorios y controlar sus mercados y sus puertos militares, mientras aplazaba e incluso negaba su incorporación en condiciones de igualdad. El resto quedaba en un estado intermedio: pertenecía a Estados Unidos, pero no formaba parte de Estados Unidos. Ni admitido dentro ni dejado ir.

Esta tercera respuesta, dejar en suspenso, es, de hecho, una de las que mejor revelan la naturaleza de la construcción. Además de acercar el resto al núcleo o devolverlo a los márgenes, había aprendido a inventar dispositivos para mantenerlo en suspenso indefinidamente. Pero suspender tampoco equivale a cerrar. La contradicción seguía allí, envuelta por un tiempo en el lenguaje del derecho. «Pertenecer a Estados Unidos, pero no formar parte de Estados Unidos»: esa fórmula contradictoria es el ejemplar perfecto de la evasión. Con una frase gramaticalmente impecable y lógicamente retorcida, hace pasar una pregunta que no tiene respuesta por una que ya la tiene.

VIII. Conclusión

Al devolver los años de McKinley al recorrido de esta serie, conviene retener, ante todo, la idea que atraviesa el ensayo entero: durante esos años, un mismo resto apareció a la vez en dos frentes.

En el frente interno, el resto desplazado por el capitalismo industrial y la restricción monetaria alcanzó su máxima expresión política en el Partido del Pueblo y las elecciones de 1896. La respuesta de la construcción fue doble: derrotó en las urnas la libre acuñación de plata, pero absorbió poco a poco una parte considerable de sus demandas durante la posterior Era Progresista. Aquel resto sometido a presión no ganó ni fue eliminado. Quedó para el futuro como una lista de tareas pendientes. En el frente exterior, la guerra de 1898 convirtió un problema imperial que hasta entonces era externo en un problema de la propia Constitución de esta construcción. Y la respuesta que ofreció, los Casos Insulares, no resolvía la contradicción: inventaba un dispositivo para mantenerla en suspenso.

La guerra de Filipinas muestra que, cuando el resto de ultramar se levanta, la construcción lo reprime por la fuerza, igual que hace con el resto de su interior. La Liga Antiimperialista muestra, a su vez, que el universalismo fundacional permanece como una vara de medir que una y otra vez alguien toma para examinar y juzgar los incumplimientos de la propia construcción.

Todo ello nos devuelve también al rechazo del fatalismo. Los años de 1898 a 1901 no fueron el instante en que Estados Unidos se traicionó de repente a sí mismo. Más exactamente, condensaron y pusieron a la vista la manera en que su universalismo y su carácter excluyente habían operado siempre a la vez. Desde el momento de su fundación, esta construcción escribió la afirmación universalista de que todos somos iguales y, al mismo tiempo, excluyó una y otra vez en la práctica a los negros, a los pueblos indígenas, a los chinos y, ahora, a las poblaciones de sus territorios de ultramar. El imperio de 1898 no inventó una forma enteramente nueva de incumplimiento. Se limitó a exponer, bajo la forma del colonialismo de ultramar y con una crudeza especialmente hiriente, la tensión entre ideales y práctica que siempre había estado allí. Y allí seguía también la promesa fundacional, esperando a que generación tras generación alguien la tomara para medir cuánto separaba a esta construcción de sus propios ideales.