Irse de un país

La ingeniera solía cruzar cada día de un país al otro. Tiene treinta y cuatro años, vive en la entidad de Altas Cumbres y trabaja para una empresa hidroeléctrica de la Unión Nacional del Telos, el vecino del norte. Un gobierno de distrito de aquel país le ofrece después un puesto público: debe adquirir su nacionalidad y renunciar en seis meses a la de la Unión de Ciudades-Estado de los Fines. Va a tramitar la renuncia, pero le devuelven la solicitud.

Los países y los personajes de esta serie son ficticios, aunque la estrechez en que queda atrapada resulta comprensible. Una parte le exige dejar primero su antigua condición; la otra le impide hacerlo. La Unión ha dictado una orden de excepción que suspende, mientras siga vigente el estado de guerra, las solicitudes de renuncia a la nacionalidad de personas entre diecinueve y cuarenta y cinco años. En la ventanilla no examinan si debe impuestos ni las demás condiciones. Basta con estar en esa franja de edad para que el trámite termine allí.

Pasan los seis meses y caduca la aprobación de su nueva nacionalidad. La primavera siguiente se muda con un permiso de trabajo, todavía ciudadana de su país de origen. Esa misma primavera llega una orden de reclutamiento a la dirección donde ya no vive. No se presenta y se abre una investigación. Más de un año después termina el estado de guerra. Solicita de nuevo la renuncia, paga los impuestos y la tasa y, por fin, deja de tener aquella nacionalidad. La investigación sigue abierta, sin acusación.

Es verdad que al final consiguió irse. Pero decir solo eso facilita demasiado las cosas. Omite la aprobación caducada y la pregunta de por qué, durante aquellos años, su siguiente paso estuvo siempre en manos ajenas.

Poder salir es lo que permite distinguir quedarse de ser retenido

Al dejar una ciudad puedes mudarte a otra del mismo país. Al dejar un país, en cambio, no hay una instancia superior encargada de recibirte: solo puedes ir a otro Estado y esperar que te acepte. Por eso la nacionalidad no es un papel que se pueda romper sin más. Y por eso mismo no debe convertirse en una cuerda que ate a las personas.

La propuesta de estas páginas es normativa, no una descripción del derecho vigente en los países reales: salir no debería ser una gracia concedida por el Estado. Este puede registrar la salida y exigir el pago de los impuestos ya adeudados; un proceso ya iniciado tampoco desaparece porque alguien cruce la frontera. Pero un Estado no puede mantenerse encerrando a las personas. La vida que dice proteger no puede convertirse, precisamente cuando hace falta protegerla, en un recurso que él esté autorizado a retener. Ni siquiera en una guerra defensiva.

A la ingeniera le queda otra cuenta. El impuesto de liquidación por renuncia trata sus activos no vendidos como si los hubiera vendido y grava en un 18 % su incremento de valor. A eso se añade una tasa equivalente a tres meses de salario medio. Con su patrimonio, el impuesto se llevaría alrededor de una cuarta parte de sus ahorros. No son lo mismo que impuestos ya adeudados: ese coste aparece porque quiere marcharse. Quien lo fija debe explicar qué está liquidando y por qué esa cantidad. Quien no puede pagarlo necesita, además, una vía de reclamación que no controle la propia parte que cobra. No basta con responder que la tarifa es igual para todos.

La orden que suspende la renuncia actúa de forma más directa. Su cuerpo puede cruzar la frontera, pero su condición jurídica la mantiene dentro del reclutamiento. Si, aun estando fuera, puede abrirse un nuevo procedimiento por no presentarse, salir deja dos consecuencias: volver a servir o no atreverse a volver. Según la propuesta del ensayo, eso sigue restringiendo la salida por otro medio, llegue la orden de reclutamiento un día antes o un día después. Las causas en las que ya se hubiera formulado acusación antes de la salida pueden seguir juzgándose, sin utilizarse para retener a la persona, agravar su castigo o dejar bloqueada la renuncia.

Otra cosa es abandonar sin autorización un puesto cuando ya se ha respondido al reclutamiento y se está prestando servicio. Hay obligaciones ligadas a ese puesto concreto, que deben tratarse judicialmente, sin confundir a quien lo ocupa con quien nunca llegó a ocuparlo. Salir del país no debe añadir por sí mismo otro delito. Y quien no quiera portar armas ha de poder solicitar en cualquier momento una revisión independiente; el ensayo siguiente volverá sobre ello. No se pretende borrar toda responsabilidad, sino impedir que irse se convierta en una deuda imposible de saldar.

No retener a una persona tampoco permite expulsarla sin más

Otra mujer del mismo país vive la situación contraria. Nació en Bahía Sur, reside en el vecino del norte y escribe una columna para una publicación de su país. Se opone a la reforma constitucional y a que el ejército cruce el río. Promueve una petición de alto el fuego que reúne cuatrocientas diez mil firmas. Más adelante, el director del Registro de Miembros le retira la nacionalidad por poner en peligro la supervivencia del Estado. No tiene otra; su pasaporte queda invalidado ese mismo día.

Puede demandar en un plazo de treinta días. Pero el tribunal exige que comparezca personalmente en Ciudad del Estuario, mientras que las autoridades fronterizas le dicen que, por no ser ciudadana, necesita una autorización de entrada. Pasan cinco meses sin respuesta. Su abogado presenta la demanda por ella y el tribunal la devuelve por incumplir el procedimiento. Cada ventanilla parece tener su fundamento; juntas la dejan sin lugar al que llevar la pregunta. Solo en otoño del año siguiente el tribunal acepta la presentación por representante y comienza a examinar el caso.

La nacionalidad conecta con el voto y con muchas de las posiciones desde las que se pueden reclamar derechos. Si la Administración le quita a alguien la condición desde la que puede preguntar porque la ha cuestionado, no está decidiendo únicamente cómo castigar ciertas palabras. Decide si en adelante existirá esa persona como interlocutora. Echarla fuera no hace desaparecer el problema: la privación de nacionalidad sigue afectándola y el Estado sigue persiguiendo sus expresiones. La relación no se ha terminado limpiamente en absoluto.

Por eso este ensayo no reconoce a ningún órgano administrativo la potestad de privar de nacionalidad. Se puede acusar a una persona por sus actos conforme a la ley y someterlos a un tribunal. Pero la nacionalidad adquirida por nacimiento no puede retirarse como castigo, ni siquiera porque la persona tenga otro pasaporte. En la nacionalidad obtenida mediante solicitud hay una diferencia: si hubo fraude al adquirirla, un tribunal puede revisar si aquella adquisición fue válida. Lo que se revisa es el fraude de entonces, no palabras o actos posteriores que disgusten. No cabe rebautizar la privación diciendo que nunca se le debió dejar entrar.

Otros no han perdido su condición: nunca han llegado a obtenerla. En el centro de acogida al norte de Villa del Vado de los Sauces viven seis mil trescientas personas. Para salir necesitan un permiso válido de seis de la mañana a ocho de la tarde. Algunas toman el primer autobús a Ciudad Manzana para hacer trabajos ocasionales y regresan a tiempo. Los certificados de nacimiento de los trescientos diez niños nacidos allí dicen, en la casilla de nacionalidad: «Por determinar».

El país de origen de sus padres no los inscribe. La ley de aquí exige que los padres lleven cinco años de residencia legal, sin contar el tiempo bajo autorización provisional. Una madre obtiene asilo en el undécimo año: su hijo no podrá solicitar la nacionalidad antes del decimosexto. El niño ya vive aquí, pero es como si el tiempo todavía no hubiera empezado a contar.

Resulta fácil llamarlos personas «con problemas de documentación». Pero antes hay que explicar por qué las categorías no encajan con sus vidas. El Estado determina dónde viven, a qué hora salen, quién les suministra agua y dónde van sus hijos a clase, y luego dice que todavía carecen de la condición necesaria para ser acogidos como miembros. No puede organizar tan profundamente la vida de alguien mientras lo deja indefinidamente bajo la palabra «provisional».

Hay que distinguir el presente del futuro. Hoy deben poder reclamar y obtener respuesta y reparación, sin esperar a naturalizarse. Para el futuro, los niños nacidos aquí que viven aquí y no tienen país al que pertenecer necesitan una vía real, practicable y con plazo para adquirir la nacionalidad. El plazo no puede empezar solo cuando quiera la parte que les niega la admisión. También necesitan una vía los adultos ya acogidos de hecho que han quedado sin país porque otro Estado les retiró la nacionalidad; las condiciones deben explicarse según cuánto organiza este Estado efectivamente sus vidas. Incluso si un tribunal determina que una adquisición por solicitud fue fraudulenta, quien quede apátrida no puede quedar suspendido para siempre: el fraude puede contar entre las condiciones de una nueva vía, sin convertirla en una espera sin final.

No se propone conceder automáticamente la nacionalidad a todo el mundo. Alguien en el extranjero afectado por una medida de este país puede pedir cuentas por esa medida sin reunir por ello, automáticamente, los requisitos para adquirir la nacionalidad. Qué efectos recibe y qué condición debe obtener son preguntas distintas. Pero carecer de esa condición no autoriza a desoír incluso la primera petición de ayuda.

¿Las preguntas se detienen donde dibujamos la frontera?

En el paso occidental reciben a catorce soldados del país vecino que han cruzado la frontera y se han presentado allí. Un acuerdo entre los dos Estados exige devolverlos en setenta y dos horas; cada entrevista dura unos diez minutos. Tres dicen que no quieren volver; uno, que volver significa ir a la cárcel. El director solo anota: «Proceder conforme al protocolo». Más adelante una publicación informa de que dos fueron condenados a quince años. La Unión no lo verifica. No podemos presentar esa información sin confirmar como una consecuencia establecida.

Pero ya podemos preguntar otra cosa: durante aquellas setenta y dos horas, ¿había un lugar independiente de la decisión de devolución que pudiera recibir su negativa? Que dos países hayan firmado un acuerdo no elimina las preguntas propias de quien está ante la ventanilla. Si el recurso solo puede empezar después de la entrega, quizá para esos catorce nunca llegue a empezar.

Después se limita el paso fronterizo. Al oeste del puente se forma una cola de más de diez mil personas, que esperan entre seis y nueve días. Una mujer da a luz sobre el puente y ancianos mueren en las noches frías. La orilla occidental pertenece al vecino; la falta de instalaciones de acogida es algo por lo que él debe responder. Pero cuántas personas deja pasar nuestro país cada día y con qué rapidez siguen siendo cuestiones a las que debe responder este. Ninguno puede saldar sus cuentas con las del otro. Que alguien esté al otro lado de la frontera no deja sin destinatario las decisiones de este lado que lo alcanzan. Su detención, la denegación de entrada o su devolución deben poder someterse a una revisión independiente accesible y sin represalias. Eso no da a este Estado autoridad para gobernar la otra orilla ni convierte a esa persona automáticamente en ciudadana.

A veces no quiere salir solo una persona, sino una región. Bahía Sur celebra un referéndum: participa el 63 % y el 52,4 % vota a favor de retirarse. En dos distritos portuarios gana el sí; en tres del norte, el no. La Carta no regula la retirada y el Consejo central declara inválida la consulta y se niega a negociar. Pero durante el momento constituyente no prosperó ni la propuesta de permitir la salida ni la de prohibirla. El silencio no es un veto permanente reservado a escondidas al centro.

Tampoco un referéndum liquida todas las cuestiones. Siguen ahí quienes no quieren salir, los puertos, aduanas y bases compartidos y las personas del Estado que permanece cuyas vidas están ligadas a ellos. Hace falta un procedimiento público que pueda ponerse en marcha, producir una decisión y afrontar los bloqueos. Su inicio no puede depender del consentimiento previo del centro, pero tampoco una declaración unilateral puede cerrar todos los asuntos comunes. El umbral puede ser alto, siempre que exista una posibilidad real de superarlo. Necesitar negociar no da a cada parte interesada derecho a no colaborar jamás. Las cuentas pendientes no pueden aplazar indefinidamente la salida.

Este ensayo no decide si Bahía Sur debe marcharse o quedarse. Insiste en algo más limitado: la parte más fuerte no puede resolver por todos ni la permanencia ni la salida. Incluso al concluir el procedimiento habrá que recordar a quién no ha dado cabida y qué vidas antes unidas ha separado. Como en el caso de la ingeniera, que por fin cambió de nacionalidad: el resultado final no permite decir que durante los años anteriores nadie le debió una respuesta.