El tribunal ha hablado. ¿Quién lo lleva a la práctica?

Al día siguiente de conocerse la sentencia, el primer ejecutivo declara: «El Consejo Ejecutivo respeta al Tribunal de Última Instancia». Añade, sin embargo, que no convocará elecciones mientras el Parlamento no ponga fin al estado de guerra.

El tribunal ha sido claro. El alto el fuego ya está en vigor y, a efectos de la cláusula que aplaza las elecciones, el estado de guerra debe entenderse terminado con él. Las elecciones han de celebrarse, como muy tarde, en otoño de ese año. Seis jueces votan a favor y cinco en contra. En el expediente constan también las razones de los cinco: a su juicio, eso no es interpretar, sino reescribir. El Consejo comparte la opinión minoritaria. La sentencia de la mayoría se queda sin ejecutar.

Seguimos en la ficticia Unión de Ciudades-Estado de los Fines. Hay once jueces de última instancia, y los casos relativos a la Carta se deciden en pleno. La Carta dispone que las sentencias vinculan a todos los órganos, pero no dice quién actuará si alguno se niega a cumplir. Los parlamentarios y el primer ejecutivo, cuyos mandatos debían terminar el invierno anterior, siguen en sus cargos.

Las comisiones electorales del Estado de Reino y de la entidad de Bahía Sur dicen que pueden preparar los comicios con las circunscripciones existentes. El Consejo responde que las entidades miembros carecen de competencia para celebrar elecciones nacionales. No llegan a organizarlas. En verano del año siguiente entra en vigor el acuerdo de retirada de tropas y el Parlamento fija otra fecha: las elecciones se celebran finalmente aquel otoño, con un año de retraso.

No es una discrepancia que se quede en el papel. Durante ese año, quienes podían pedir una respuesta a sus representantes mediante el voto pierden una ocasión efectiva de hacerlo. Si lo «último» solo cuenta cuando consiente la parte que ha perdido, el último veto no está en manos del tribunal.

Termina un caso, no todas las preguntas futuras

Por supuesto, un tribunal no puede convertirse en el lugar donde nunca se cometen errores. Quizá los cinco jueces plantearon objeciones importantes; quizá la sentencia era realmente errónea. Pero de «puede equivocarse» no se sigue «la parte que pierde puede negarse a cumplir». Si se aceptara ese paso, cualquier órgano podría encontrar una interpretación que lo convirtiera en el interruptor final de la eficacia de la sentencia.

Una sentencia válida que deba cumplirse ha de cumplirse. Quien discrepe puede explicar públicamente sus razones y proponer cambios en las reglas futuras. Si cree que cumplir dañaría a una persona o traspasaría un límite básico, también debe plantearlo públicamente y someterlo a una revisión que no controle él mismo, en vez de guardar silencio y no actuar. Hasta que esa revisión se pronuncie, la sentencia conserva su validez; el órgano ejecutor no puede suspenderla por su cuenta invocando su desacuerdo. El estado de excepción tampoco le regala ese veto.

Hablamos de las obligaciones del órgano, no de decidir la conciencia de quien ocupa el puesto. Una persona puede negarse o dimitir y su situación sigue mereciendo protección. Eso no da al cargo entero la potestad de privar de efecto a la sentencia. Las reglas supremas deben prever, por tanto, una vía alternativa para ejecutarla: ha de poder activarse sin el consentimiento de quien se niega, y este no ha de poder bloquearla después.

No hace falta imaginar de inmediato un segundo ejército. En este caso faltan la convocatoria y la organización de las elecciones, y ya hay dos comisiones locales dispuestas a organizarlas. Quién puede activar esa vía y cómo se la autoriza requiere un diseño concreto. Su función alternativa se limita a ejecutar aquella sentencia: no crea otro centro de poder inmune a las preguntas. También debe estar sujeto a revisión. Establecerla no garantiza que todo se resuelva siempre, pero no se puede dejar el asentimiento de quien incumple como condición única.

A la inversa, que no se puedan escoger a gusto las sentencias que se ejecutan no vuelve intocable al cargo judicial. Un asunto ya juzgado con las mismas razones puede darse por terminado; pruebas o preguntas nuevas pueden abrir una revisión. El soborno, el abuso de competencias o el incumplimiento de funciones de un juez pueden investigarse. Las reglas pueden modificarse conforme al procedimiento para los casos futuros. Y criticar públicamente una sentencia no necesita permiso previo del tribunal.

La última instancia cierra esta controversia, no todas esas vías a la vez. El derecho necesita una decisión que se pueda cumplir ahora; las personas necesitan conservar la posibilidad de corregir errores después. Hay que mantener ambas cosas.

Siete jueces dicen que no, pero las detenciones siguen

Aquel mismo año, el tribunal revisa una orden de detención excepcional. Permite retener sin acusación a sospechosos de ayudar al enemigo, por períodos renovables de treinta días. Siete jueces la consideran contraria a la Carta; cuatro no ven infracción. Si pensamos en lo que habitualmente llamamos mayoría, el asunto parece resuelto.

Pero la decimocuarta enmienda exige ocho votos para declarar una orden de excepción contraria a la Carta. Siete no bastan. La disposición sigue vigente. Para entonces se ha detenido a seiscientas cuarenta personas por esa vía; la que lleva más tiempo encerrada suma ciento cincuenta días.

No sería correcto decir: «El tribunal ya anuló la orden y el gobierno desobedece». Confundiría dos situaciones. El resultado del procedimiento válido es que no se ha declarado la invalidez. Las palabras de los siete quedan como razones, sin convertirse en una decisión que impida seguir aplicando la disposición.

Pero tampoco basta con decir: «El procedimiento es ese; no hay nada más que hablar». Aquí se ve qué ha cambiado el umbral: en el tramo entre una mayoría y ocho votos, una revisión que antes podía mover a actuar queda reducida a exponer razones. La revisión sigue existiendo y no cabe afirmar sin matices que se ha suprimido. Si el umbral fuera tan alto que nunca pudiera influir realmente en la actuación, podría quedar solo el nombre; este caso, por sí solo, no demuestra que ya se haya llegado a eso. Lo que sí sabemos es que esta vez las palabras de siete jueces no liberaron a nadie.

Una nueva detención es una nueva decisión: pueden presentarse nuevos materiales y nuevas preguntas. El fin del umbral especial de guerra también modifica las condiciones. El tribunal puede juzgar si una petición es realmente nueva, pero no declarar de una vez que nunca volverá a admitir a toda una clase de personas. Proponer cambios en la regla tampoco equivale a revocar aquella sentencia ya concluida.

Pedir cuentas a un juez no puede ser una manera de sustituirlo

Que los tribunales respondan a preguntas parece fácil de aceptar; también se puede utilizar esa exigencia para presionarlos. Tras la sentencia electoral, el Parlamento inicia un procedimiento de destitución contra el presidente del tribunal, que la redactó. No se le acusa de haber decidido mal, sino de conversar en privado, durante las deliberaciones, con el gobernador de una de las partes solicitantes. Ocurrió en una sala de descanso durante una graduación de la facultad de Derecho y duró unos veinte minutos. Había dos docentes presentes, que dicen no haber oído hablar del caso. El juez y el gobernador afirman que conversaron sobre la ceremonia y un juez jubilado.

El expediente no basta para que decidamos si aquellos veinte minutos constituyeron una falta. Sí permite separar dos preguntas. ¿Se puede examinar la conducta del juez? Sí. ¿Se puede utilizar la destitución para reemplazarlo solo porque la mayoría no acepta su sentencia? No. De otro modo, «supervisar al juez» significaría sustituirlo por alguien que decida de otra manera, sin pruebas nuevas ni cambios en las reglas futuras. El contenido de una sentencia puede ser indicio de soborno o abuso; que disguste su conclusión no es, en sí mismo, una falta.

De las cuatro personas que encabezan el procedimiento, tres representaron a la mayoría parlamentaria en aquel litigio. Deben abstenerse tanto de promover como de juzgar esta destitución, sin necesidad de demostrar primero que desean vengarse. La abstención afecta a esas personas concretamente implicadas, no a todo el Parlamento. Si bastara con que el Parlamento hubiera sido revisado para excluirlo entero, nadie podría exigir responsabilidades ni siquiera por un soborno judicial en aquel caso. Tampoco puede decidir solo el bando promotor si los motivos de la destitución son separables de la sentencia.

Además, la apertura del procedimiento produce una suspensión automática. El presidente queda fuera de los casos en curso durante tres meses y el tribunal pierde un miembro. Al no alcanzarse después los votos necesarios para condenarlo, recupera el cargo. No sabemos cómo habría votado de estar presente y no debemos inventarlo. Importa si quienes lo acusan pueden, con su propia mayoría, alterar la composición del tribunal que está juzgando sus asuntos. Suspender a un juez puede tener razones de protección de las partes, pero no debería depender exclusivamente de quienes promueven la acusación.

Hay que conservar la vía para pedir cuentas al tribunal y el espacio que este necesita para revisar a otros sin represalias. Decir «independencia judicial» no armoniza automáticamente ambas exigencias. Hay que mirar en cada punto quién puede iniciar, quién juzga y quién tiene poder para cerrar la vía.

Existe también el caso de cuarenta y tres familias agricultoras. Se expropian sus tierras y la compensación se fija en un tercio del valor de mercado, con la promesa de reconsiderarlo después de la guerra. Impugnan la tabla de compensaciones. Uno de los jueces había redactado antes un dictamen favorable a la constitucionalidad de esa misma tabla. Solicitan su recusación y la decide él mismo: la rechaza porque su opinión anterior era jurídica y general, sin referirse a las partes concretas. Un panel de cinco desestima la demanda por tres votos contra dos; él forma parte de la mayoría.

No basta para concluir que fue parcial. Su explicación puede tener fundamento. El problema es que solo él decide la objeción sobre si puede juzgar el asunto; la carencia existiría igualmente si hubiese quedado en minoría. Pertenecer al mismo Estado no priva automáticamente al tribunal de independencia, y llamarse tribunal tampoco la garantiza. Hay que examinar su relación efectiva con esa tabla, ese órgano y esa persona.

Después de la sentencia, las familias preguntan a la Inspección por las reglas de compensación y el procedimiento de recusación. Reciben esta respuesta: «El caso ya llegó a última instancia; no se admite». Pero que la Inspección no pueda modificar la sentencia no significa que no pueda preguntar si deben cambiar las reglas o hasta cuándo se piensa prolongar aquel «después de la guerra». En el expediente, al llegar el duodécimo año, la tierra sigue utilizándose y la reconsideración no ha tenido lugar.

Al interpretar las reglas, el tribunal tampoco puede apropiarse de todo el poder de modificar las reglas supremas. Si una interpretación se ha convertido en reescritura sigue siendo discutible: cabe presentar nuevos casos y cambiar las normas futuras por el procedimiento correspondiente. Ni el tribunal puede decidirlo solo para siempre ni el órgano disconforme anular por sí mismo la sentencia. Incluso un «todavía no interpretamos; el asunto no está maduro» deja que la lectura de una de las partes actúe mientras tanto sobre las personas. No puede servir para aplazar indefinidamente la respuesta.

Estos mecanismos no garantizan resolver cada bloqueo en el acto. Las elecciones de la Unión se retrasaron un año. Que acabaran celebrándose no convierte aquel año de incumplimiento en cumplimiento. La falta de una vía alternativa de ejecución queda en la cuenta del sistema; la negativa a convocar, en la del cargo correspondiente. La sentencia puede estar terminada sin que las personas hayan salido de sus consecuencias. Por eso, después de cerrar un caso, algunas preguntas apenas empiezan.