Ensayo 12: Jim Crow, cerrar todas las salidas

I. Consumar el cierre mediante la ley

Al final del ensayo anterior decíamos que el viejo orden iba a recurrir a las leyes para consumar el cierre que no había logrado imponer por la violencia. Desde la retirada de las tropas federales en 1877 hasta los primeros años del siglo XX, esta construcción vivió en el Sur el intento de cierre más sistemático de toda su historia: levantar una muralla entera de leyes para dejar definitivamente encerrado aquel resto al que acababan de empujar de nuevo hacia los márgenes.

Para entender ese cierre, primero hay que desprenderse de una imagen demasiado simple. Jim Crow no fue una ley, ni una sentencia, ni siquiera la mera prolongación de una idea superviviente, la de la supremacía blanca. Fue un régimen tejido, tras el fracaso de la Reconstrucción, con constituciones estatales, leyes ordinarias, discrecionalidad administrativa, sentencias, sistemas de trabajo, terror de los linchamientos y relatos sobre el pasado. Su propósito era ir clausurando todas las salidas políticas, económicas y sociales de la población negra. El giro decisivo no se consumó de golpe en 1865. Solo entre la década de 1890 y comienzos del siglo XX aquel régimen adquirió una forma sistemática, se incorporó a las constituciones y se convirtió en la normalidad.

Tres mecanismos fueron decisivos, y cada uno cerraba una salida. Primero, la política. La Constitución de Misisipi de 1890, la de Luisiana de 1898 y las que siguieron su ejemplo casi borraron del mapa al electorado negro mediante dispositivos de apariencia racialmente neutra, como los impuestos de capitación, las pruebas de lectura o comprensión, las facultades discrecionales para inscribir votantes y las cláusulas del abuelo, a los que se sumaron las primarias reservadas a blancos. Segundo, la economía. Desde los Códigos Negros y las leyes contra la vagancia hasta el arrendamiento de presos, la aparcería, los gravámenes sobre las cosechas y la servidumbre por deudas, la resistencia de los negros emancipados a ser esclavizados de nuevo fue recibiendo, paso a paso, una respuesta: puedes ser libre de nombre, pero no puedes desligarte de la tierra, del empleador, de la deuda ni de la justicia local. Tercero, la salida por la fuerza. Los linchamientos no eran un desorden ajeno al sistema: formaban parte de su funcionamiento. Eran el sostén terrorífico que permitía hacer efectivas la discriminación legal, las ataduras económicas y la privación de derechos políticos.

Solo al mirar juntas esas tres salidas se alcanza a ver la ambición del cierre. Quien quiere librarse de una condición impuesta dispone, en el fondo, de tres caminos: cambiar las reglas mediante la política, conseguir independencia económica o, cuando ya no queda otra opción, resistirse físicamente para romper las ataduras. Jim Crow pretendía taponar los tres a la vez. La privación del voto cerraba la posibilidad de cambiar las reglas por la política; el arrendamiento de presos y la servidumbre por deudas cerraban la de alcanzar independencia económica; y los linchamientos, extendidos por todas partes, cerraban la de liberarse mediante la resistencia, al tiempo que advertían a cualquiera que se atreviera a intentarlo. Una vez selladas las tres salidas, la persona quedaba cercada en una situación que apenas dejaba pasar el aire.

Conviene señalar enseguida algo que atañe al país entero. No se trató únicamente del mal gobierno de los estados sureños: la retirada federal fue igual de decisiva. La política de compromisos debilitó las garantías federales en 1877; los Casos de Derechos Civiles de 1883 anularon las garantías de igualdad de acceso a establecimientos y transportes de uso público de la Ley de Derechos Civiles de 1875, junto con los medios legales para hacerlas cumplir; Plessy contra Ferguson, en 1896, dio su aval a la doctrina de «separados pero iguales»; y Giles contra Harris, en 1903, supuso en la práctica negarse a obligar al Sur a cumplir la Decimoquinta Enmienda. Dicho de otro modo, la «Redención» de los demócratas blancos del Sur solo pudo convertirse en un orden de cierre duradero gracias al repliegue nacional del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo.

II. De las prácticas dispersas a un sistema jurídico

Jim Crow fue, ante todo, un proceso que convirtió prácticas dispersas en un sistema jurídico. No hubo un código único para todo el país. Hubo un orden segregacionista hecho de retazos: leyes estatales, ordenanzas locales, contratos, normas de cada sector y acuerdos tácitos. En la década de 1890, ese entramado fue extendiéndose hasta abarcar casi todo: el transporte, las escuelas, los parques, las bibliotecas, las fábricas, los hospitales, las diversiones públicas, el matrimonio y los lugares donde se podía vivir.

El sello simbólico de ese régimen en la historia del derecho fue Plessy contra Ferguson. En 1896, el Tribunal Supremo declaró constitucional la exigencia de Luisiana de que los ferrocarriles ofrecieran vagones iguales, pero separados. La opinión mayoritaria fue aún más lejos: si se entendía que aquella separación forzosa estampaba sobre los negros una marca de inferioridad, no era porque la ley dispusiera tal cosa, sino porque las propias personas de color habían elegido interpretarla así. Era un sofisma que devolvía a las víctimas la responsabilidad de la humillación institucional. El juez Harlan, en cambio, dejó escrita en su voto disidente la frase que luego se haría célebre: «Nuestra Constitución es ciega al color». Y calificó aquella separación arbitraria por motivos raciales como una marca de servidumbre.

Vista dentro de la larga trayectoria del poder judicial, la escena resulta especialmente reveladora. El Tribunal acababa de dar el último paso de aquel viraje. Ya no negaba abiertamente la ciudadanía de los negros, como había hecho en Dred Scott: la reconocía y, a continuación, utilizaba la fórmula «separados pero iguales» para estampar el sello de constitucionalidad sobre la segregación racial entera. Pero esa misma sentencia conservaba, en el voto disidente de Harlan, las palabras «Nuestra Constitución es ciega al color». En aquel momento eran una posición absolutamente minoritaria. Quedaron, sin embargo, como una semilla enterrada en la memoria judicial de esta construcción, a la espera de volver a brotar en un momento aún lejano, varias décadas después.

III. Cerrar la salida política

En el terreno político, el mecanismo central consistió en aprovechar la apariencia de neutralidad de ciertos requisitos electorales para aplicarlos de manera selectiva por motivos raciales, frustrando en la práctica la protección de la Decimoquinta Enmienda. La enmienda prohibía privar del voto por razón de raza, pero no prohibía cualquier requisito de acceso. Los estados sureños aprovecharon esa rendija: desplegaron todo un repertorio de dispositivos que no nombraban la raza y, sin embargo, apuntaban expresamente contra los negros, a los que fueron dejando, uno por uno, fuera de los colegios electorales.

Nada muestra con tanta crudeza el efecto de aquel sistema como las cifras. Misisipi fue el estado modelo. En 1867 tenía 60 167 votantes negros inscritos; en 1868 ya eran 86 973, más que los blancos inscritos. Después de la Constitución de 1890, en cambio, quedaban solo 8615 en 1892. Las cifras de Luisiana se citan todavía más: en 1896 había 130 334 votantes afroamericanos registrados. Tras adoptar en su nueva Constitución de 1898 mecanismos al estilo de Misisipi, la cifra cayó a 5320 en 1900 y a apenas 1342 en 1904.

El Tribunal Supremo también desempeñó un papel decisivo en ese proceso de cierre. En Williams contra Misisipi mantuvo en vigor el impuesto de capitación, las cláusulas de privación de derechos cívicos y las pruebas de lectura de la Constitución de Misisipi de 1890. En Giles contra Harris, en 1903, llegó más lejos: en lo esencial, se negó a obligar a los estados del Sur a cumplir la Decimoquinta Enmienda. En términos institucionales, eso significaba que hasta la salida de acudir a los tribunales federales para exigir su aplicación se iba cerrando a los negros. Desde el colegio electoral hasta el Tribunal Supremo, las puertas de la política se cerraron así una tras otra.

En aquellos requisitos formales de acceso al voto, de principio a fin, nadie se atrevía a escribir literalmente que se iba a privar del voto a los negros. El impuesto de capitación no mencionaba la raza; la prueba de lectura tampoco; la cláusula del abuelo, tampoco. La Decimoquinta Enmienda seguía allí, escrita con toda claridad en la Constitución, prohibiendo quitar el voto por motivos raciales. Y esos dispositivos consistían precisamente en esquivar esas palabras para llevar a cabo lo que prohibían. En la Constitución, el derecho de los negros al sufragio seguía protegido con toda solemnidad; en la realidad, sus votos habían sido barridos. La distancia entre el reconocimiento y los hechos alcanzó aquí su extremo.

IV. Cerrar la salida económica

Si la privación del sufragio clausuraba la salida política, los Códigos Negros, las leyes contra la vagancia, el arrendamiento de presos, la aparcería y la servidumbre por deudas clausuraban las salidas que ofrecían ganarse la vida y marcharse a otro lugar. El texto del Código Negro de Misisipi de 1865 ya lo dejaba claro: un negro que no tuviera domicilio u ocupación legales, con su correspondiente prueba escrita, podía ser tratado como vagabundo; abandonar al empleador suponía perder el salario; y, si lo condenaban por un delito menor y no podía pagar en cinco días la multa y las costas, el sheriff podía arrendarlo a un blanco dispuesto a pagarlas por él.

Terminada la Reconstrucción, esa lógica que transformaba las cuestiones laborales en cuestiones penales pasó al arrendamiento de presos y a la servidumbre por deudas. Al abolir la esclavitud, la Decimotercera Enmienda había dejado una excepción para el castigo de un delito. El Sur utilizó esa excepción para reorganizar el trabajo forzoso. Los estados arrendaban presos a ferrocarriles, minas y grandes plantaciones. Los presos apenas cobraban, y trabajaban en condiciones inhumanas, peligrosas y, a menudo, mortales. La investigación moderna ha descrito directamente el arrendamiento de presos como esclavitud con otro nombre.

La servidumbre por deudas operaba de una manera más cotidiana. En una de sus modalidades, el acusado no podía pagar multas y costas judiciales; un comerciante o un empleador de la zona adelantaba el dinero y luego lo obligaba a trabajar sin salario para saldar la deuda. Más frecuente era el círculo del crédito que enlazaba aparcería, compras fiadas en la tienda y plantación, y arrastraba a la gente hacia una deuda interminable. Si alguien intentaba escapar, cadenas, guardias, perros de caza y procedimientos judiciales podían devolverlo al punto de partida. El propietario aportaba la tierra, los animales y las semillas, y al final del año el aparcero recibía su parte de la cosecha. El problema era que antes había que comprar a crédito alimentos, medicinas, ropa y semillas. Al ajustar las cuentas, el aparcero descubría muchas veces que no solo no había ganado nada, sino que todavía debía dinero al propietario. Y tenía que firmar el contrato del año siguiente.

Vale la pena detenerse en la diferencia, sutil pero decisiva, entre ese cierre económico y la antigua esclavitud. Esta definía directamente a las personas como propiedad: era una falta de libertad desnuda, visible a simple vista. El cierre económico de Jim Crow ya no hacía eso. No podía hacerlo, porque la Decimotercera Enmienda había abolido la esclavitud. Optó por algo más encubierto: reconocer que eras libre, que en teoría podías irte, y bloquear después todos los caminos por los que podrías marcharte. La tierra era de otro, la deuda no se terminaba de pagar, el contrato no podías permitirte incumplirlo. La antigua esclavitud imponía lo intolerable; el régimen económico de Jim Crow convertía lo intolerable en algo de lo que no se podía escapar.

V. Cerrar la salida por la fuerza: el linchamiento como sistema

En aquel régimen, el linchamiento no ocupaba los márgenes, sino el centro. Aportaba el terror necesario para que la discriminación legal y las ataduras económicas descritas antes pudieran imponerse de verdad. Al dar cifras de linchamientos hay que distinguir los criterios de cada recuento. Según la estadística tradicional de Tuskegee, entre 1882 y 1968 se registraron en Estados Unidos 4743 personas víctimas de linchamiento, de las que 3446 eran negras. Los máximos se concentraron en la década de 1890: en 1892 fueron linchadas 230 personas, 161 de ellas negras. La tercera edición del estudio de la Equal Justice Initiative sobre linchamientos de terror racial identificó 4084 víctimas negras en doce estados del Sur entre 1877 y 1950, al menos ochocientas personas más que el recuento anterior más exhaustivo.

Fue Ida B. Wells quien primero expuso de manera sistemática ese carácter terrorista de los linchamientos. Fue la primera en dejar de tratarlos como simples incidentes locales de orden público y redefinirlos como terror racial de naturaleza política. En 1892, después de que tres comerciantes negros de una tienda de comestibles de Memphis fueran linchados, Wells publicó denuncias contundentes en la prensa y puso en marcha una campaña nacional contra los linchamientos. La importancia de su trabajo reside en lo que permitió ver: el linchamiento no apuntaba únicamente contra un individuo acusado de algo. Mostraba a toda la comunidad negra qué significaba traspasar los límites y qué precio se pagaba por hacerlo.

Ahí se esconde, precisamente, una paradoja profunda del cierre. Si aquel resto hubiera quedado de verdad encerrado, mantener el orden no habría exigido un terror tan persistente y tan intenso. Lo que está verdaderamente zanjado no necesita que se vuelva a intimidar a nadie con linchamientos año tras año. Era justamente porque el resto no había sido eliminado, porque los negros relegados a los márgenes seguían allí, seguían queriendo cruzar las fronteras y seguían resistiendo, por lo que el orden de cierre necesitaba linchar sin descanso para volver a aplastarlos una y otra vez. La existencia misma del linchamiento prueba que el resto no había quedado clausurado. No demuestra el éxito de la represión: demuestra que la represión nunca puede dar su tarea por terminada de una vez y para siempre.

Un orden que de verdad hubiera resuelto un problema se volvería natural y dejaría de necesitar que lo sostuvieran. Con Jim Crow sucedía exactamente lo contrario. Necesitaba linchamientos año tras año, por todo el Sur, para mantener un orden racial que proclamaba tan evidente y natural como el orden del mundo. Cuanta más violencia requería su defensa, más dejaba al descubierto que lo defendido no tenía nada de natural ni de sólido. El linchamiento no era una muestra de fuerza, sino de debilidad: para sostener a duras penas aquel estado de cosas, que no debía mantenerse y que tampoco podía sostenerse, el régimen tenía que fabricar terror sin cesar.

VI. La Causa Perdida y los monumentos: la defensa cultural del cierre

Ese orden de terror necesitaba además una justificación cultural. La encontró en el relato de la llamada Causa Perdida. Una organización fundada en 1894 se dedicaba expresamente a esa tarea. Sus estatutos proponían inculcar en las nuevas generaciones respeto por la supuestamente gloriosa historia de la guerra y conservar un registro «verdadero» del bando confederado. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, contaba con cerca de cien mil miembros. El Sur de aquellos años estaba consolidando a toda velocidad la segregación, la privación del sufragio y el linchamiento. Al convertir el viejo Sur en objeto de nostalgia y reducir al mínimo la capacidad de los negros para actuar por sí mismos, la Causa Perdida proporcionaba a Jim Crow un armazón cultural.

La oleada de monumentos confederados cuenta la misma historia. Su construcción se concentró entre las décadas de 1890 y 1920, justamente cuando tomaban forma las leyes de Jim Crow, se reprimía la participación política negra y los linchamientos alcanzaban sus máximos. Lo más preciso es decirlo así: esos monumentos no fueron el único sostén de Jim Crow, pero se erigieron, se interpretaron y se convirtieron en objetos rituales en su época. Por eso sí participaron en la defensa cultural de aquel orden racial.

Si situamos esa defensa cultural en nuestro marco, vemos que prolonga el mismo mecanismo del relato de la corrupción que examinamos en el ensayo anterior. Un cierre nunca se sostiene solo con leyes y violencia. También necesita una historia capaz de hacer que el orden parezca natural, legítimo e incluso noble. La Causa Perdida era justamente esa historia. Pero la existencia misma de esa defensa cultural delata, igual que el linchamiento, la precariedad del cierre. Un orden verdaderamente evidente, verdaderamente natural, no necesita que lo refuercen sin descanso relatos, conmemoraciones y rituales. Si ha de esforzarse tanto por demostrar su legitimidad, es porque esa legitimidad nunca ha quedado realmente asentada.

VII. La retirada federal y la capacidad de organización de los excluidos

La retirada federal debe contarse como un abandono de alcance nacional. Después de la Reconstrucción, el Tribunal Supremo invocó en los Casos de Derechos Civiles la doctrina de la acción estatal y cerró buena parte del espacio de intervención federal frente a la discriminación privada. Más tarde, con fallos como el de Giles, dejó durante largos años la Decimoquinta Enmienda en papel mojado. En otras palabras, el cierre del Sur no ocurrió porque el poder federal no lo viera: ocurrió porque sus instituciones estaban cada vez menos dispuestas a intervenir.

Este es uno de los puntos que más pesan en este ensayo. Esta vez, quienes cerraban el cerco sobre el resto no eran solo los representantes del viejo orden sureño. También lo hacían el Tribunal Supremo, el Congreso y el Ejecutivo de la propia construcción, que repliegue tras repliegue le abrían espacio al cierre con sus propias manos. La misma construcción que había reconocido como suyo aquel resto mediante las enmiendas Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta ponía ahora su justicia, su legislación y su administración al servicio de dejar paso, poco a poco, a quienes volvían a arrinconarlo. La relación entre la construcción y el resto nunca ha sido un trayecto de sentido único, siempre hacia delante. En una época puede empujar el resto hacia el núcleo; en la siguiente puede servirse de las mismas instituciones para devolverlo a los márgenes.

Pero aquel cierre no consiguió extinguir las reivindicaciones de la población negra. El sistema cerró la entrada a la comunidad formalmente reconocida, sin lograr destruir la capacidad de organización de quienes excluía. Las familias negras, las iglesias independientes, las escuelas y las comunidades locales afianzadas durante la Reconstrucción conservaron, después de su fin, una vida social propia más allá de las fronteras de Jim Crow. Las iglesias negras independientes se convirtieron en centros de la vida comunitaria, la política y la educación; y las comunidades siguieron creando y manteniendo escuelas negras después de la Reconstrucción.

Dentro de ese espacio cercado surgió una discrepancia profunda sobre cómo actuar: la disputa entre Booker T. Washington y Du Bois. Conviene contarla como dos estrategias para conservar un margen de acción dentro de un régimen cerrado, en vez de reducirla a quién tenía razón y quién se equivocaba. En su discurso de Atlanta de 1895, Washington proponía «echar el cubo allí donde uno se encuentra»: dar prioridad a la formación industrial, la acumulación de bienes y las relaciones de trabajo con los blancos del Sur. Du Bois, en su obra de 1903, le reprochó que su programa cediera demasiado en materia de poder político, derechos civiles y educación superior para la juventud negra.

La propia discrepancia muestra que aquel resto empujado a los márgenes no se había callado. Dentro de los muros acumulaba fuerzas, discutía y preparaba su próxima irrupción. Washington y Du Bois no debatían si había que luchar por la igualdad, sino cómo luchar por ella con mayor eficacia en una época que había sellado todas las salidas. Tanto el progreso gradual mediante el esfuerzo propio como la reivindicación inmediata compartían una premisa: la exigencia de igualdad no se había apagado en absoluto.

VIII. Conclusión

Al situar la historia de Jim Crow en esta serie, lo que más importa recordar es lo siguiente: fue el intento de cierre más sistemático de la historia de esta construcción y, a la vez, la demostración más clara de que, en último término, aquel resto no podía quedar clausurado.

Nunca se había intentado un cierre tan sistemático. Clausuró la salida política con todo un repertorio de dispositivos racialmente neutrales sobre el papel que redujo los más de ochenta mil votantes negros inscritos de Misisipi a poco más de ocho mil, y los ciento treinta mil de Luisiana a poco más de mil. Clausuró la salida económica: el arrendamiento de presos y la servidumbre por deudas volvieron a atar a personas libres a la tierra, a las deudas y a la justicia local. Clausuró la salida por la fuerza: los linchamientos continuos hicieron efectivas aquellas altas murallas legales y económicas. Contaba además con el aval constitucional de Plessy, con la defensa cultural de la Causa Perdida y, sobre todo, con un repliegue federal en toda la línea, desde el Ejecutivo hasta el Tribunal Supremo, que le despejaba el camino.

Y, sin embargo, fue precisamente ese cierre, el más sistemático de todos, el que mostró con mayor claridad la imposibilidad del cierre. Hay tres razones. Primera: se había logrado vaciando, no borrando. Las enmiendas Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta no habían sido suprimidas de la Constitución. La promesa de igualdad permanecía en el texto constitucional, y el disenso de Harlan, con su «Nuestra Constitución es ciega al color», permanecía en la memoria judicial: ambos seguían allí como fuerzas latentes. Segunda: el cierre necesitaba un terror sostenido para mantenerse. Los linchamientos año tras año mostraban que el resto no había sido eliminado; lo que está verdaderamente zanjado no necesita que el terror vuelva a custodiarlo una y otra vez. Tercera: el cierre también necesitaba un relato permanente que lo reforzara. La historia de la Causa Perdida se repetía sin cesar precisamente porque la legitimidad de aquel orden nunca había quedado de verdad asentada. Y, además de todo eso, los negros encerrados entre los muros preservaban su capacidad de organización y de acción mediante sus iglesias, sus escuelas, sus comunidades y debates como el de Washington y Du Bois.

Así pues, Jim Crow consiguió durar; no consiguió el cierre. Cuanto más rigurosamente se fortificaba aquella sofisticada muralla, cuanto más necesitaba del terror y del relato continuos para sostenerse, más demostraba, en sentido contrario, que aquello que pretendía sellar nunca había quedado realmente sellado. Volvemos con ello, una vez más, al rechazo del fatalismo. Aquel cierre no surgió por sí solo: lo levantaron, pieza a pieza, innumerables decisiones políticas concretas, sentencias y actos de violencia. Por eso tampoco era indestructible. La muralla seguiría en pie mucho tiempo, tanto como la vida entera de varias generaciones. Pero, al fin y al cabo, la habían levantado personas, y todo lo que las personas levantan puede ser derribado por ellas.