Quinta entrega: John Quincy Adams y Jackson. La inclusión y la expulsión ocurren a la vez

En esta entrega abordaremos de lleno la idea que quedó planteada al final de la anterior. La historia de los años 1825 a 1837 se presta con demasiada facilidad a un relato de progreso sin tropiezos: desaparecen los requisitos de propiedad, cada vez más personas obtienen el derecho al voto y Estados Unidos se vuelve, paso a paso, más democrático. Pero ese relato deja fuera la otra mitad de lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Mientras el sufragio se ampliaba enormemente entre los varones blancos, varios pueblos indígenas del sudeste eran expulsados por la fuerza y en masa de sus hogares; en varios estados, además, a los negros libres se les restringía o se les quitaba el derecho al voto. No estamos ante una historia lineal en la que primero llegó la democratización y después la exclusión. La ampliación de la democracia y la exclusión en sus fronteras se llevaron a cabo a la vez y por obra de los mismos actores.

Si situamos este período dentro de la serie, podemos seguir tres líneas que ascienden al mismo tiempo. La primera es la inclusión: más varones blancos entraron en la comunidad electoral, y los candidatos y los partidos tuvieron que disputarse directamente sus votos. La articulación de la vida política dejó de depender, sobre todo, de las reuniones de unos pocos congresistas a puerta cerrada. La segunda es la expulsión: a varios pueblos indígenas del sudeste se les arrebataron las condiciones que les permitían seguir existiendo como comunidades políticas en sus tierras de origen. Una combinación de tratados, coacción, engaño, violencia y ejecución administrativa los empujó al otro lado del Misisipi. La tercera es la expansión del poder presidencial. Jackson se enfrentó al Congreso, al banco y a una parte de las élites en nombre de su condición de representante del pueblo; al mismo tiempo, convirtió el veto, hasta entonces un recurso muy poco usado y dirigido principalmente a cuestiones de constitucionalidad, en un arma de uso frecuente que incorporaba también juicios sobre las políticas que debían seguirse.

Esta simultaneidad no fue un accidente de la historia. Tenía una raíz estructural. Una comunidad política se define por sus fronteras, y el otro nombre de la frontera es exclusión. Por eso, cuando una comunidad decide incorporar a más personas, también delimita con mayor nitidez quiénes se quedan fuera. Hay algo más hondo: el sentimiento de igualdad de los incluidos suele construirse, precisamente, por contraste con los excluidos. La nueva igualdad entre los varones blancos, una igualdad que ya no los jerarquizaba según la cantidad de bienes que poseían, tenía como telón de fondo, en buena medida, una frontera racial más rígida. Se derribaba la barrera de la propiedad mientras se levantaba más alta la del color de la piel. Dicho de otro modo, la igualdad que se extendía y la exclusión que se reforzaba no eran dos cosas que sucedieran juntas por casualidad. Se sostenían mutuamente en la estructura; la realización de la primera dependía, en parte, de la existencia de la segunda. Por eso esta entrega trata la inclusión y la expulsión como las dos caras de un mismo acto, y no como dos asuntos colocados uno al lado del otro.

1. El nacimiento de una presidencia controvertida

La época comenzó con unas elecciones controvertidas. Las de 1824 fueron un ejemplo acabado de lo que ocurre cuando las viejas reglas dejan de funcionar y las nuevas aún no se han asentado. Los cuatro principales candidatos procedían de una misma tradición política que se estaba desmembrando: Andrew Jackson, John Quincy Adams, William Crawford y Henry Clay. El resultado oficial del Colegio Electoral fue de 99 votos para Jackson, 84 para Adams, 41 para Crawford y 37 para Clay. Había 261 votos en total y hacían falta 131 para obtener la mayoría, de modo que ninguno resultó elegido. Conforme a la Duodécima Enmienda, la decisión pasó a la Cámara de Representantes, que debía escoger entre los tres candidatos más votados.

La importancia de estas elecciones en la historia institucional no reside únicamente en que desembocaran en una elección contingente en la Cámara de Representantes. Se celebraron, además, en un momento de rápidos cambios en la manera de elegir. En 1824, dieciocho estados ya designaban a sus electores presidenciales mediante el voto popular; solo en seis seguían nombrándolos las legislaturas estatales. En aquellos dieciocho estados, Jackson obtuvo unos 153 000 votos populares y Adams, unos 114 000. Conviene, sin embargo, ir con cuidado: en 1824 no existía un cómputo nacional uniforme y estandarizado del voto popular. Describir lo ocurrido como una victoria en el voto popular nacional seguida de una derrota en la elección presidencial, en el sentido que esas palabras adquirirían más tarde, exige ciertas reservas.

El 9 de febrero de 1825, la Cámara de Representantes votó por delegaciones estatales, con un voto por estado. Adams obtuvo en la primera ronda el respaldo de trece delegaciones, frente a siete para Jackson y cuatro para Crawford, y fue elegido presidente. Poco después nombró secretario de Estado a Henry Clay. Clay había quedado fuera de los tres candidatos entre los que podía escoger la Cámara, pero, como presidente de esta, ejercía una enorme influencia sobre la votación. El nombramiento hizo estallar de inmediato la acusación de un «pacto corrupto». Los partidarios de Jackson, furiosos, llamaron a Clay el «Judas del Oeste»: a su juicio, un acuerdo entre bastidores les había robado las elecciones. La historiografía moderna suele considerar que no puede probarse la existencia de un pacto clandestino jurídicamente acreditable. Pero el relato del pacto corrupto tuvo un éxito político extraordinario. Entre 1825 y 1828 se convirtió en uno de los principales recursos con los que los jacksonianos mantuvieron movilizados a sus seguidores y reorganizaron el partido.

John Quincy Adams cargó así, desde el principio, con un déficit de legitimidad. Los estudios modernos lo han resumido con bastante precisión: un hombre sobradamente cualificado resultó ser un mal político justo cuando la política empezaba a importar de verdad. Su fracaso no se debió principalmente a una visión estrecha. Llegó debilitado por las elecciones de 1824 y, además, se negó a protegerse con las nuevas formas de lucha partidista que otros estaban aprendiendo a dominar. Considerarlo un presidente de transición encaja, en líneas generales, con lo que sostiene la investigación. Presentó un programa de fuerte afirmación del Estado nacional, que concedía gran importancia a las infraestructuras y a la construcción del país mediante el conocimiento. Pero tuvo que hacerlo en un entorno institucional nuevo, que giraba hacia la política de masas, la personalización de las candidaturas y una contienda de partidos cada vez más organizada.

2. Un presidente de transición y la reorganización de 1828

El programa de Adams no tenía, en realidad, nada de conservador. Era muy ambicioso. Defendía con firmeza que el gobierno federal financiara proyectos e instituciones destinados a mejorar las condiciones sociales: carreteras, canales, puertos y puentes, pero también la ciencia y la educación. No fue, por tanto, un presidente inactivo, sino un presidente con una gran agenda y una coalición débil. Fracasó porque no disponía de una maquinaria política capaz de sacar adelante sus planes en el Congreso, no porque careciera de ellos. Y, sobre todo, porque el bando de Jackson lo trató desde el primer día de su mandato como a alguien que ocupaba provisionalmente un puesto del que había que desalojarlo en 1828.

Para el argumento de esta entrega, la posición de Adams resulta especialmente interesante. Representaba un estilo político antiguo: un nacionalismo de notables, apoyado en la formación y las credenciales, en la negociación entre las élites. Lo que encontró enfrente fue un mundo nuevo en gestación, que se apoyaba en la maquinaria de los partidos, la movilización de las masas y el poder de convocatoria personal de los candidatos. No perdió por falta de capacidad, sino porque no quería, ni sabía bien, librar la batalla con las nuevas reglas. Las reglas de esta construcción se estaban reescribiendo, y Adams fue precisamente uno de los hombres que esa reescritura dejó atrás.

Las elecciones de 1828 convirtieron el resentimiento de 1824 en una reorganización institucional. Jackson ganó con 178 votos electorales y unos 640 000 votos populares, frente a los 83 votos electorales y los aproximadamente 500 000 votos populares de Adams. Fue, además, una de las campañas de desprestigio más célebres de los primeros tiempos de Estados Unidos. A Jackson lo atacaron por su matrimonio, su historial de duelos y su carácter violento. Los ataques contra su esposa, Rachel, fueron especialmente feroces: se valieron de las fechas del proceso de divorcio de su anterior marido para presentarla como bígama y adúltera. Más tarde, Jackson relacionó la muerte de su esposa con los ataques que había sufrido durante la campaña de 1828.

Después de la victoria, Jackson se construyó enseguida una imagen pública de «presidente del pueblo». Fue el primer presidente que encarnó de verdad al hombre hecho a sí mismo y el primero procedente del Oeste. Una vez en el cargo, transformó rápidamente la presidencia: de jefatura de la administración pasó a ser portavoz del pueblo. Se presentó como depositario de un mandato popular directo, capaz tanto de colaborar con el Congreso como de enfrentarse a él. En la toma de posesión de 1829, una multitud de seguidores acudió a la capital. Los críticos conservadores describieron la escena como un desorden generalizado; los partidarios vieron en ella el símbolo de un gobierno que abría sus puertas al pueblo.

3. La expansión de la democracia de los varones blancos y sus fronteras raciales

Si atendemos únicamente a la participación electoral, la era de Jackson fue, sin duda, una etapa importante de la expansión democrática estadounidense. Después de la guerra de 1812, los estados fueron eliminando, mediante leyes y reformas constitucionales, los tradicionales requisitos de propiedad para votar. Cada vez más cargos estatales y electores presidenciales pasaron a ser elegidos por votación popular. La idea de que no debía ser necesario poseer bienes para tener derecho al voto se convirtió en una de las grandes reivindicaciones políticas del período.

Pero esa expansión democrática necesita una precisión estricta: sus beneficiarios directos fueron, sobre todo, los varones blancos. La historiografía revisionista de las últimas décadas ha insistido especialmente en ello. En Estados Unidos, la incorporación de votantes blancos y la privación del voto a los negros fueron las dos caras de un mismo proceso de reconstrucción de la comunidad electoral. Durante los últimos treinta años anteriores a la guerra de Secesión, el sufragio de los varones blancos se amplió en términos generales, mientras los requisitos raciales para votar quedaban inscritos de forma cada vez más explícita en las leyes y las constituciones de los estados. Algunos estudios señalan que, hacia 1840, alrededor del 93 % de la reducida población negra libre del país había quedado privada del derecho al voto. Estados como Pensilvania y Carolina del Norte endurecieron aún más sus restricciones durante la década de 1830. Estos datos son esenciales, porque corrigen un viejo relato demasiado fluido, que equipara sin más la democracia jacksoniana con el progreso democrático. Sería más exacto decir que la época de Jackson impulsó la política de masas de los varones blancos y, al mismo tiempo, reforzó el carácter racial de las fronteras de la democracia.

La ampliación del electorado también transformó la propia organización política. Las elecciones de 1824 ya habían dejado al descubierto que el viejo sistema de nominación de candidatos mediante reuniones de los grupos del Congreso no funcionaba ante la política de masas. En 1828, la red nacional de movilización articulada en torno a Jackson y Van Buren estaba mejor adaptada a ese nuevo entorno que el bando de Adams. Los partidos empezaban a dejar de ser meras alianzas laxas dentro del Congreso para convertirse en verdaderas máquinas de movilización electoral: tenían mayor disciplina, una red más extensa de periódicos locales y una capacidad creciente para integrar a los votantes mediante nombramientos, propaganda y símbolos.

4. La expulsión se institucionaliza: el traslado de los pueblos indígenas

Mientras se ensanchaba la vertiente inclusiva de la democracia, su vertiente expulsora también adquiría forma institucional. La Ley de Traslado de los Indios de 1830 fue una de las leyes decisivas de este período y una de las que más seriamente debemos tomarnos. Su título oficial la presentaba como una ley para intercambiar tierras con los indios residentes en los estados o territorios y trasladarlos al oeste del Misisipi. Autorizaba al presidente a delimitar zonas al oeste del río para canjearlas por las tierras de las tribus del este. El texto recurría una y otra vez a expresiones referidas a las tribus que optaran por el intercambio y el traslado: en apariencia, conservaba el lenguaje de la elección. También autorizaba al presidente a proporcionar transporte y asentamiento, así como medios de subsistencia durante un año. Sin embargo, la aplicación posterior de la ley se llevó a cabo mediante tratados, coacción, sobornos, amenazas y, en muchos casos, el incumplimiento de tratados vigentes y resoluciones judiciales. El lenguaje jurídico de la elección no eliminó el carácter forzoso de lo que se hizo.

La ley pasó por el Congreso por un margen sumamente estrecho. El Senado la aprobó por 28 votos frente a 19 y la Cámara de Representantes, por 102 frente a 97. Jackson la firmó el 28 de mayo de 1830. Lo ajustado de aquellas votaciones basta para mostrar que, ni siquiera entonces, se trataba de una política de consenso libre de controversia. Las redes de misioneros, opositores como Jeremiah Evarts y figuras políticas como Frelinghuysen, Henry Clay y David Crockett se pronunciaron públicamente en contra.

Para describir la magnitud de los traslados, conviene distinguir los períodos y criterios de cómputo, sin forzarlos a caber en una sola cifra. Si nos limitamos a la presidencia de Jackson, su gobierno firmó cerca de setenta tratados de traslado, que llevaron a casi 50 000 indígenas del este al Territorio Indio. Si abarcamos toda la era de los traslados, de 1830 a 1850, fueron unas 100 000 las personas desplazadas al oeste del Misisipi mediante tratados, engaños, intimidación y violencia. Las llamadas cinco tribus eran los cheroquis, los creek, los choctaw, los chickasaw y los seminolas. Para los cheroquis, una formulación prudente sería hablar de casi 16 000 personas trasladadas y entre 2000 y 4000 muertes. Según los cómputos habituales de algunas instituciones y de la memoria tradicional cheroqui, suele citarse la cifra de unas 4000; algunos cálculos de los propios cheroquis la sitúan aún más arriba.

Sea cual sea el cómputo, los hechos pesan ya lo suficiente por sí solos. Fue un proyecto estatal de expulsión revestido de legalidad. Un pueblo se vio obligado a abandonar las tierras donde había vivido durante generaciones; miles de sus integrantes murieron en el camino y muchos de los tratados firmados fueron vulnerados. Todo ello ocurrió en la misma época que presumía de haber extendido la democracia a más personas, y bajo la dirección de los mismos actores.

El hilo judicial permite ver todavía con más claridad de qué se trataba. En 1832, el presidente del Tribunal Supremo, Marshall, dictaminó en nombre del tribunal, en el caso Worcester contra Georgia, que los cheroquis constituían una comunidad política independiente y que las leyes de Georgia no eran aplicables en su territorio. Es decir, un estado no podía extender unilateralmente su jurisdicción sobre la comunidad política cheroqui. Era una victoria judicial inequívoca. Pero Georgia se negó a acatar la sentencia, su gobernador la desafió abiertamente y, en un primer momento, Jackson no intervino para obligar al estado a cumplirla.

Puesto junto a lo que vimos en las entregas anteriores, este episodio revela un límite inquietante de esta construcción. En la tercera entrega, el caso Marbury fijó un precedente decisivo para el control judicial de constitucionalidad, aunque el tribunal no ordenó a Madison que entregara el nombramiento. Fue una muestra de cómo esta construcción podía consolidar sus propios contrapesos jurídicos. En el caso cheroqui, también fue el Tribunal Supremo el que dictó una sentencia favorable a los indígenas, pero el resultado fue muy distinto. Sin una intervención inicial del gobierno federal que obligara a Georgia a cumplir y con la gran masa de votantes blancos del lado de la expulsión, la victoria judicial quedó sin la protección efectiva que necesitaba. Esto muestra que los controles y contrapesos de esta construcción solo funcionan cuando los distintos poderes se exigen mutuamente el cumplimiento de las reglas y cooperan entre sí. Si el Ejecutivo no respalda el cumplimiento, el Legislativo no quiere intervenir y la opinión pública pesa del lado contrario a los excluidos, una victoria sobre el papel no protege a quienes han quedado fuera de la comunidad política. Esta construcción pudo encerrar la lucha en la jaula de las reglas, pero no logró garantizar que las reglas de esa jaula estuvieran siempre del lado de los más débiles. Para quienes ya han sido empujados más allá de las fronteras de la comunidad, el fallo de los contrapesos suele ser mortal.

5. El presidente como representante del pueblo

Otro elemento central de la era de Jackson fue que el poder presidencial se redefinió por primera vez de forma sistemática y con gran intensidad. Aquí alcanza una primera cumbre el hilo conductor de esta serie: por qué un cargo concebido para estar sujeto a controles y contrapesos no deja de expandirse.

El indicador más visible es la frecuencia con la que se usó el veto. Jackson lo ejerció doce veces durante su presidencia; todos sus predecesores juntos lo habían usado solo diez. John Quincy Adams no lo utilizó ni una vez, Monroe lo hizo una, Madison siete y Washington dos. Pero el verdadero cambio no fue únicamente cuantitativo: cambió la naturaleza del veto. Antes de Jackson, los vetos presidenciales se fundaban, por lo general, en objeciones de constitucionalidad. El presidente venía a decir: considero que esta ley es inconstitucional. En cambio, al vetar en 1832 la renovación de la autorización del Banco de los Estados Unidos, Jackson invocó a la vez razones políticas, económicas, morales y constitucionales. El presidente ya no se limitaba a decir que una ley le parecía inconstitucional. Decía abiertamente que le parecía injusta, desacertada, perjudicial para el pueblo y favorable a los privilegios; por eso la vetaría aunque el Congreso la hubiera aprobado. Ahí se produjo el giro histórico del veto como instrumento constitucional al veto como instrumento para decidir políticas.

El mensaje de veto al banco del 10 de julio de 1832 es el texto clásico de esa transformación. Jackson comenzó reconociendo que aquel banco nacional resultaba conveniente para el gobierno y útil para el pueblo en muchos aspectos. Acto seguido afirmó que parte de sus poderes y privilegios contravenían la Constitución, socavaban los derechos de los estados y ponían en peligro la libertad del pueblo. Describió además el banco como un monopolio por concesión, dotado de un mercado exclusivo y del favor del gobierno. Sostuvo que renovar su autorización equivaldría a regalar de nuevo millones de dólares a los accionistas existentes, entre los que había una proporción considerable de extranjeros, e insistió en que el banco representaba los intereses de las clases más ricas, no los de la gente corriente. El argumento rebasaba con mucho el terreno de la técnica jurídica: colocaba directamente al presidente del lado del pueblo frente al privilegio.

Jackson estableció así una nueva retórica y una nueva práctica de la presidencia. El presidente ya no esperaba pasivamente a que el Congreso le hiciera llegar leyes conformes a la Constitución. En su condición de representante directo del conjunto del pueblo, se pronunciaba sobre el rumbo mismo de las políticas. Jackson convirtió al jefe de la administración en portavoz del pueblo e invirtió la larga tradición de autocontención con la que el Ejecutivo había reconocido la primacía del Legislativo.

Este nuevo combustible era más potente que el precedente y la gravedad, y también más difícil de dominar. Cuando el poder se expande por medio de precedentes, lo que se ensancha es la práctica; cuando lo hace mediante hechos consumados, aumenta el peso de la realidad. Ambas fuerzas siguen operando dentro de las instituciones. Pero el mandato directo de la voluntad popular proporciona al presidente una legitimidad con la que puede saltarse a los demás poderes. Puede decir: el Congreso no es más que un conjunto de representantes elegidos por separado en sus distritos; a mí, en cambio, me ha elegido el pueblo de todo el país. Por tanto, entre el Congreso y yo, soy yo quien mejor representa la voluntad del pueblo en su conjunto. Una vez aceptada esta lógica, el presidente dispone de un punto de apoyo discursivo que lo sitúa por encima del Legislativo. La era de Jackson construyó por primera vez ese apoyo. Y, una vez construido, ya no se pudo retirar.

6. La guerra contra el banco y la crisis de la anulación

La mejor manera de entender por qué el jacksonismo no es una ideología consiste en examinar juntas la guerra contra el banco y la crisis de la anulación.

La guerra contra el banco fue uno de los escenarios más conocidos de la expansión del poder de Jackson. La autorización del Segundo Banco de los Estados Unidos no vencía hasta 1836, pero Henry Clay y el presidente del banco, Nicholas Biddle, quisieron adelantar su renovación a 1832. Pretendían convertir la cuestión bancaria en un asunto electoral y obligar a Jackson a escoger entre dos costes: firmar y enemistarse con los votantes contrarios al banco, o vetar y enemistarse con el mundo de los negocios y los moderados. Jackson eligió el veto y consiguió presentarlo como un golpe contra los privilegios y la corrupción. Tras su reelección, la lucha entró en una segunda fase: los depósitos federales se retiraron del banco nacional y se trasladaron a varios bancos estatales, conocidos en el lenguaje político de la época como «bancos favoritos» (pet banks). A finales de 1833 ya se había retirado la mayor parte de los depósitos, y el banco se contrajo rápidamente. Biddle intentó provocar malestar económico restringiendo el crédito y exigiendo el pago de los préstamos, para forzar a Jackson a ceder. La retirada de los depósitos también desembocó en la censura formal del Senado a Jackson en 1834: sus adversarios consideraban que se había arrogado atribuciones sobre el Departamento del Tesoro y los fondos públicos que no correspondían al presidente.

Sobre las consecuencias de la guerra contra el banco, la investigación mantiene desde hace tiempo dos interpretaciones bastante consolidadas, y conviene presentarlas juntas. La primera es una lectura populista contra el privilegio: Jackson atacó una institución que combinaba un carácter semioficial con privilegios privados y estaba profundamente imbricada en las redes de la política y los negocios. Hizo retroceder a una aristocracia financiera en beneficio de la mayoría de los votantes blancos. La segunda es una lectura financiera centrada en la estabilidad institucional: aunque el Segundo Banco tenía graves problemas políticos, desempeñaba de hecho parte de las funciones de un banco central moderno. Su destrucción dio paso a un sistema financiero más fragmentado y más dependiente de los bancos estatales, y las posteriores sacudidas financieras y los pánicos bancarios no fueron del todo ajenos a ese cambio. Las dos interpretaciones tienen fundamento. No hace falta dictar sentencia por adelantado en nombre del lector.

Si la guerra contra el banco mostró a Jackson como enemigo de los privilegios de las élites, la crisis de la anulación reveló su otra cara: la de un federalismo enérgico. Esa cara es la que mejor nos recuerda que no podemos reducir este período a una sola ideología. A raíz de los aranceles de 1828 y 1832, Carolina del Sur sostuvo que los estados tenían derecho a declarar que esos aranceles carecían de validez dentro de su territorio. En su Proclamación sobre la Anulación, del 10 de diciembre de 1832, Jackson refutó punto por punto los fundamentos teóricos de la potestad de un estado para anular unilateralmente una ley federal. La proclamación afirmaba sin rodeos que la ordenanza de Carolina del Sur subvertía la Constitución y que, si se llevaba su lógica hasta el final, Estados Unidos pronto dejaría de ser una nación.

Jackson no expresó aquí una mera discrepancia moderada con Carolina del Sur. Negó de forma explícita el derecho de los estados a la anulación e incluso a la secesión. La crisis terminó por apaciguarse mediante dos medidas paralelas. Por un lado, la Ley de Fuerza de 1833 autorizó al presidente a recurrir, si era necesario, al ejército, la armada y las milicias para asegurar el cumplimiento de las leyes arancelarias. Por otro, el arancel de compromiso promovido por Henry Clay estableció una reducción gradual de las tasas. El mismo presidente al que sus adversarios llamaban «rey Andrew» por la cuestión bancaria defendía, en la crisis de los aranceles, la unidad del país con la fuerza armada de la Unión.

Por eso el jacksonismo no cabe en una sola línea del mapa ideológico. Su verdadera constante no fue el gobierno pequeño ni los derechos de los estados, sino hacer del presidente el centro de la dirección del país y de su capacidad de actuar. En la cuestión bancaria movilizó el lenguaje contra los privilegios; en la crisis de la anulación, el de un poder federal fuerte. Esos dos lenguajes aparentemente opuestos servían a una misma finalidad: convertir la presidencia en el eje de todo el país.

7. El segundo sistema de partidos y el rey Andrew

La huella institucional más profunda que dejó la política de Jackson fue un nuevo sistema de partidos. Sus seguidores acabaron reuniéndose en la organización precursora del actual Partido Demócrata; sus adversarios fueron confluyendo, a mediados de la década de 1830, en el Partido Whig. En ocho años, Jackson fundió una alianza difusa, agrupada en torno a su persona, en una maquinaria partidista disciplinada y de alcance nacional. Al mismo tiempo, sus controvertidas maneras de actuar obligaron a sus oponentes a organizarse también como partido.

El nacimiento del Partido Whig no respondió solo a discrepancias sobre políticas concretas. Fue también una reacción estructural contra el estilo de gobierno del presidente. La guerra contra el banco, la retirada de los depósitos, la normalización del veto, el control partidista de los nombramientos en la administración y la extraordinaria fuerza del estilo personal de Jackson llevaron a sus adversarios a retratarlo cada vez más como un «rey Andrew» que, en nombre del pueblo, desbordaba los límites constitucionales. Para los whigs, el problema iba más allá de una u otra política: se trataba de saber si la presidencia estaba devorando el orden constitucional centrado en el Congreso.

Dentro del marco de esta serie, la aparición de los whigs pone de nuevo en marcha el ritmo ya conocido de esta construcción. En las entregas anteriores, cada gran expansión del poder ejecutivo despertaba una fuerza en sentido contrario. La expansión de Jefferson se topó con el tribunal de Marshall; cuando Jackson elevó la presidencia a una altura sin precedentes, provocó enseguida la formación de un partido de oposición cuyo propósito era contenerla. Los whigs no salieron de la nada. Fueron la autocorrección de esta construcción ante la expansión jacksoniana. Solo que esta vez la fuerza correctora no procedía de uno de los poderes del Estado, sino de un partido recién organizado. Sería en el campo de batalla de las elecciones donde intentaría hacer retroceder parte del poder presidencial que Jackson había llevado tan alto.

8. Conclusión

Al situar los doce años de John Quincy Adams y Jackson en el recorrido de esta serie, lo que más merece recordarse es la idea que atraviesa toda esta entrega: la inclusión y la expulsión ocurren a la vez.

Durante este período, la construcción incorporó a más varones blancos a la comunidad política y dio una precisión sin precedentes a la maquinaria capaz de dar cabida a los conflictos partidistas. A la vez, expulsó por la fuerza a los pueblos indígenas del sudeste y sacó del electorado a los negros libres de varios estados. La ampliación de la democracia tenía en sí misma esas dos caras: el mismo acto que incluía a unos excluía más a fondo a otros. Esa fue la forma que adoptó en la era de Jackson el resto más profundo. No hubo primero democracia y después exclusión. Las fronteras de la propia democracia se trazaron mediante la exclusión.

Al mismo tiempo, el poder presidencial vivió otra gran expansión desde la fundación del país, esta vez impulsada por un combustible nuevo: el mandato directo de la voluntad popular. Jackson convirtió el veto, de instrumento de control de constitucionalidad, en arma política, y al presidente, de administrador del Ejecutivo, en portavoz del pueblo. Pero su forma de ejercer el poder no cabía en ninguna ideología: combatía los privilegios en la cuestión bancaria y defendía un poder federal fuerte en la crisis de la anulación. Esos dos lenguajes opuestos perseguían el mismo objetivo: hacer del presidente el eje del país.

Lo que viene a continuación es la época en que aquel segundo sistema de partidos, recién formado, empezó a funcionar. Un grave pánico económico pondría enseguida a prueba la herencia financiera de Jackson. Y la grieta geográfica que se había trazado por primera vez en Misuri, y que volvía a politizarse con cada territorio nuevo, se iría ahondando palmo a palmo a medida que avanzaban las anexiones y la expansión. Esa es la historia que va de Van Buren a la víspera de la guerra de Secesión.