Ensayo 3: Jefferson y la paradoja del intérprete estricto de la Constitución

Ha llegado el momento de afrontar la paradoja que quedó abierta al final del ensayo anterior. Thomas Jefferson llegó al poder con un discurso inequívoco. Quería reducir el gobierno central, gastar menos, devolver competencias a los estados y desmantelar la maquinaria estatal de los federalistas, que a su juicio empujaba a la república hacia la concentración del poder y el dominio de una oligarquía financiera. Sin embargo, algunos de los hechos más importantes de sus dos mandatos consistieron precisamente en heredar aquella maquinaria y llevar el poder presidencial, en asuntos territoriales, bélicos y comerciales, hasta límites nunca alcanzados desde la fundación del país.

Conviene evitar las dos maneras más fáciles y superficiales de contar esta paradoja. Una presenta a Jefferson como un hipócrita que traicionó sus principios; la otra, como alguien que, sin darse cuenta, acabó convertido en Hamilton. Ambas se quedan en el plano personal: se preguntan si Jefferson hacía lo que decía. Lo que este ensayo quiere examinar es un hecho estructural más frío y más profundo. Esta construcción no necesita que quienes gobiernan sean consecuentes. Tiene una gravedad propia que atrae a quienes entran en ella hacia su lógica, a menudo en dirección contraria a la que habían anunciado al llegar.

En el ensayo anterior vimos que la generación de Madison diseñó esta construcción sin dar por supuesta la virtud de los gobernantes. La presidencia de Jefferson permite ir un paso más allá: la construcción tampoco depende de que quien manda sea fiel a sus propios principios. Incluso alguien que llega al poder oponiéndose a la centralización puede verse empujado a heredar la maquinaria del gobierno central y ampliarla a través del territorio, la guerra y las crisis. No sucede porque sea débil o hipócrita. Sucede porque, una vez levantado el armazón de las finanzas, la deuda, los impuestos, la administración y el territorio, la construcción adquiere un peso propio. Quien llega después, sea cual sea su discurso, difícilmente puede sustraerse a él.

1. Conciliar y heredar

La frase más célebre del primer discurso de investidura de Jefferson, «Todos somos republicanos, todos somos federalistas», debe leerse dentro de la crisis constitucional que siguió a las elecciones de 1800. Aquellas elecciones dieron lugar al primer traspaso pacífico del poder entre partidos de la historia estadounidense, pero el proceso estuvo muy lejos de ser tranquilo: Jefferson y Burr empataron, y la Cámara de Representantes necesitó treinta y seis votaciones para elegir presidente. En ese contexto, la frase no era, ante todo, un elogio de la oposición leal en el sentido moderno. Intentaba reintegrar en un orden republicano común la lucha partidista que acababa de llevar al país al borde del desastre, y empleaba un lenguaje conciliador para calmar el temor federalista a una subversión del régimen. Onuf, historiador especializado en Jefferson, insiste en que la frase no suponía aceptar la legitimidad de la competencia entre partidos tal como hoy la entendemos. Jefferson aspiraba a terminar, en nombre de unos principios compartidos, con la histeria partidista de la década de 1790. Se acercaba, pues, al esfuerzo por incorporar el conflicto al orden que vimos en el ensayo anterior, más que al reconocimiento de la igualdad entre partidos.

El discurso era también más complejo de lo que sugiere esa frase tantas veces citada. Junto a la declaración de unidad había otras propuestas igual de decisivas. Jefferson defendía, primero, un gobierno sensato y austero; segundo, el respeto a todos los derechos de los estados; y, tercero, dentro del mismo discurso, la conservación de toda la vitalidad constitucional del gobierno federal. Esto último es crucial. No pretendía simplemente contraponer los derechos de los estados al poder federal: definía a ambos niveles de gobierno como pilares necesarios del orden republicano. Esa voluntad de conservar los dos anunciaba ya que no se pondría a demoler de verdad la maquinaria del Estado federal.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una vez en el poder, no desmontó la maquinaria construida por los federalistas para empezar de cero. Lo más preciso sería decir que recortó selectivamente su legado, sin proceder a una purga institucional. Redujo el personal federal cuyos nombramientos dependían del presidente, recortó el Ejército y la Armada, impulsó la derogación del impuesto directo de 1798 y eliminó los impuestos sobre el consumo que tanto detestaban los republicanos. Pero conservó buena parte de la estructura administrativa cotidiana y dejó que siguieran funcionando la mayor parte de los servicios de oficina y del correo. El historiador Alan Taylor lo dice sin rodeos: Jefferson tranquilizó a los federalistas moderados al conservar el Banco de los Estados Unidos, reconocer y pagar la deuda nacional y mantener, aunque reducidos, el Ejército y la Armada.

El Banco de los Estados Unidos ilustra especialmente bien esa herencia que no se desmantela. Jefferson había sido uno de los adversarios más firmes de su creación en 1791: sostenía que la Constitución no facultaba al gobierno federal para constituir sociedades, y mucho menos un banco central. Sin embargo, durante su presidencia no suprimió el Primer Banco. La institución siguió existiendo hasta que venció su carta de autorización, concedida por veinte años, en 1811. La cuestión no es que Jefferson se convirtiera en Hamilton. Es algo más frío: una vez formado el conjunto de las finanzas, la deuda, los impuestos y la administración del Estado, quien llega después, incluso con un discurso de oposición a todo ello, suele poder recortarlo por partes, pero difícilmente desmontarlo entero. Aquí se hace visible por primera vez, con claridad, la gravedad de esta construcción. No necesita imponerse por la fuerza. Le basta con estar ya ahí y pesar demasiado para que unas palabras puedan moverla.

2. La paradoja de la compra de Luisiana

Si el banco muestra el lado estático de esa gravedad, la compra de Luisiana muestra su lado dinámico. Es el episodio institucional central de este ensayo, porque aquí la paradoja no es una interpretación que la posteridad haya impuesto a los hechos: la dejó escrita el propio Jefferson.

Fijemos primero los hechos. En 1803, Estados Unidos compró Luisiana a Francia por unos quince millones de dólares: sesenta millones de francos en efectivo y otros veinte millones en deudas francesas con ciudadanos estadounidenses que el comprador se comprometía a asumir. La adquisición casi duplicó el territorio del país; si queremos ser escrupulosos, debemos decir que lo duplicó aproximadamente. El tratado se firmó en París el 30 de abril de 1803; el Senado dio su consentimiento a la ratificación el 20 de octubre por veinticuatro votos contra siete, y Francia hizo la entrega formal en Nueva Orleans el 20 de diciembre. La compra abarcaba la totalidad o parte de quince estados actuales; también suele describirse como el territorio del que se formaron trece estados.

El contexto diplomático también está claro. Napoleón había querido reconstruir el imperio francés en el Nuevo Mundo: recuperar primero el control de Saint-Domingue y convertir después Luisiana en el granero de su sistema colonial caribeño. Pero la fiebre amarilla y la guerra castigaron duramente a las tropas francesas en Saint-Domingue. A ello se sumaba la inminencia de una gran guerra entre Francia y Gran Bretaña. Napoleón abandonó el proyecto y, de pronto, ofreció a Estados Unidos toda Luisiana, no solo Nueva Orleans. Para los estadounidenses, Nueva Orleans y el curso bajo del Misisipi ya eran la vía vital por la que salían los productos agrícolas del oeste. Para Francia, en cambio, una vez desvanecida la perspectiva de un imperio caribeño, aquel territorio pasó rápidamente de pieza estratégica central a activo que podía convertirse en dinero.

Lo decisivo es la inquietud constitucional del propio Jefferson, y para contarla hay que acudir a su correspondencia privada. En una carta a un amigo, fechada el 7 de septiembre de 1803, afirmó expresamente que, cuando un documento admite dos interpretaciones, prefiere la segura y precisa: no quiere convertir la Constitución en una hoja en blanco a fuerza de interpretarla. En la misma carta advertía que, si se considera ilimitada la potestad de celebrar tratados, entonces ya no hay Constitución. Se inclinaba por añadir mediante una enmienda las facultades necesarias, en vez de dar por supuesto que ya existían gracias a una interpretación expansiva.

Sin embargo, unas semanas antes, el 12 de agosto de 1803, ya había buscado en una carta al senador Breckinridge razones para traspasar ese límite. Comparaba la operación con la de un tutor que, sin autorización, emplea el dinero de su pupilo para comprar una parcela colindante de gran importancia. Llegaba a reconocer que había corrido un riesgo por él, y esperaba que la nación ratificara después lo hecho. La formulación explícita sobre la necesidad, la autopreservación y el deber de salvar al país aparecería más tarde, en su carta a John B. Colvin del 20 de septiembre de 1810. La mejor manera de abordar las dos cartas de 1803 es leerlas juntas. En una, Jefferson sigue tratando la Constitución como una constitución escrita, que no quiere dejar en blanco mediante la interpretación. En la otra, ante una oportunidad fugaz, antepone el interés nacional y confía en una aprobación posterior de la nación. La paradoja nos la dejó él mismo.

Hay al menos tres interpretaciones historiográficas que conviene poner una junto a otra. La primera considera la compra una necesidad práctica: la oportunidad era excepcional, no había tiempo para una enmienda y dejarla pasar significaba perderla para siempre. La segunda subraya la inconsecuencia, incluso el abandono de los principios: en el momento decisivo, el defensor de la interpretación estricta abrió a la expansión una puerta que él mismo se resistía a reconocer. La tercera, representada por Onuf, se acerca más a una explicación estructural. En vez de limitarse a preguntar si Jefferson era un hipócrita, observa que desde el principio había sido tanto un hombre de la república como de la Unión. Su defensa del principio federal, su imagen de un imperio de la libertad y su manera de concebir el territorio y la Unión impedían ya considerarlo un mero localista. Juntas, las tres lecturas permiten formular la explicación más completa: la compra fue una concesión personal de Jefferson y, a la vez, la manifestación de la lógica institucional de la expansión continental de la Unión estadounidense.

Esa lógica que empuja las fronteras hacia fuera encierra algo que este ensayo debe señalar. El propio Jefferson imaginaba la expansión estadounidense como la de un «imperio de la libertad», como si ampliar el territorio fuera ampliar la libertad. Pero la inmensa tierra recién comprada no era una página en blanco sobre la que se pudiera escribir libremente esa palabra. En cuanto entró en esta construcción, planteó una pregunta: ¿serían esclavistas o libres los nuevos territorios? Cada avance hacia el oeste reactivaba el resto más profundo, la esclavitud. Por eso, el verdadero peso de la compra de Luisiana no se limita a haber duplicado el país. Consiste también en haber puesto por primera vez sobre la mesa del futuro, a una escala semejante, el problema de la expansión de la esclavitud.

3. Cuando la expansión choca con los contrapesos

La gravedad empujaba al poder presidencial a crecer, pero dentro de esta construcción lo esperaban otras fuerzas. Otro de los grandes hilos de la presidencia de Jefferson es el choque reiterado de la voluntad política y ejecutiva con el contrapeso judicial. En cada choque, el presidente no logró imponerse; quien salió fortalecido fue el contrapeso.

El trasfondo eran aquellos «jueces de medianoche» con los que terminaba el ensayo anterior. Antes de abandonar el poder, los federalistas habían aprobado la Ley Judicial de 1801, que creaba una serie de puestos de juez federal. Jefferson y el Congreso republicano derogaron esa ley en 1802, suprimiendo así las plazas de varios jueces que Adams acababa de nombrar. Pero Jefferson no podía destituir directamente a jueces de nombramiento vitalicio. Podía reemplazar primero a funcionarios periféricos, como los agentes judiciales federales, y dejar que el Congreso respondiera mediante la derogación de la ley.

La importancia de Marbury contra Madison no reside únicamente en que el caso naciera de ese conflicto. Reside, sobre todo, en que fijó un precedente decisivo para el control judicial de constitucionalidad con un movimiento muy característico: retroceder un paso en política para avanzar otro en el terreno institucional. El presidente del Tribunal Supremo, Marshall, no obligó a Madison a entregar el nombramiento, evitando así un enfrentamiento directo con el gobierno de Jefferson por la ejecución de la sentencia. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional la parte de la Ley Judicial de 1789 relativa al mandamiento judicial y formuló el principio del control de constitucionalidad. Dos de las frases más citadas de la sentencia afirman que una ley contraria a la Constitución es nula y que corresponde al poder judicial, por competencia y por deber, decir qué es el derecho. La cadena lógica es nítida: la Constitución está por encima de la legislación ordinaria; si ambas se contradicen, el tribunal debe decidir cuál aplicar al resolver el caso; por tanto, tiene el deber de rechazar la aplicación de una ley inconstitucional.

Aunque el texto constitucional no recogía expresamente ese control judicial, este tenía antecedentes en el pensamiento y en la práctica constitucionales. La sentencia de Marshall convirtió ese razonamiento en un precedente decisivo del Tribunal Supremo. Es decir, la construcción consolidó un contrapeso mientras funcionaba; su alcance no había quedado plenamente fijado desde el principio. Esto dice mucho de su naturaleza. No es una máquina que se fabrica de una vez y luego se limita a funcionar: en su funcionamiento va produciendo piezas nuevas, contrapesos nuevos y reglas nuevas. Y lo más sugerente es que Marshall, el jurista que consolidó ese contrapeso, era federalista y había sido nombrado presidente del Tribunal Supremo por Adams, el adversario político de Jefferson, poco antes de dejar el cargo. Así, una barrera decisiva que encerraba al presidente en la jaula de la ley se consolidó durante una presidencia en la que se amplió el poder ejecutivo, y la levantó su adversario. Ningún gobernante decide por sí solo hacia dónde crece esta construcción.

El bando de Jefferson trató después de servirse del juicio político para atacar a los jueces federalistas, pero precisamente en ese terreno volvió a consolidarse la independencia judicial. Samuel Chase era un juez del Tribunal Supremo abiertamente federalista y de fuerte militancia partidista. Los republicanos, alentados por Jefferson, promovieron su destitución. La Cámara de Representantes aprobó la acusación el 12 de marzo de 1804, pero el 1 de marzo de 1805 el Senado no alcanzó, en ninguno de los ocho cargos, la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo. Su absolución ayudó en la práctica a delimitar qué conductas judiciales constituían delitos graves o faltas suficientes para justificar la destitución, separando el mero sesgo partidista de una infracción susceptible de juicio político. Para el asunto de este ensayo, el fracaso es decisivo: Jefferson podía derogar leyes y ampliar el poder ejecutivo, pero no consiguió convertir al poder judicial en un apéndice del presidente.

El caso Burr entrelazó el poder ejecutivo, el judicial, la ambición personal y la definición de traición. En 1804, Burr mató a Hamilton en un duelo y, con ello, puso fin de hecho a una carrera política nacional por las vías habituales. En 1807, el gobierno de Jefferson lo procesó por traición. Lo más relevante del juicio, desde el punto de vista constitucional, fue la interpretación restrictiva que Marshall hizo de la cláusula sobre ese delito. La traición se limitaba a hacer la guerra contra el país o adherirse a sus enemigos. Para condenar por ese delito, a falta de confesión del acusado ante el tribunal en audiencia pública, se exigía que dos testigos acreditaran un mismo acto manifiesto. Marshall distinguió así entre concebir un plan, organizarse o incitar, por una parte, y hacer la guerra en el sentido jurídico, por otra. Condenar por traición se volvió sumamente difícil. Al final, el jurado concluyó que, con arreglo a aquella acusación, no se había probado la culpabilidad de Burr. El conjunto de estos hechos demuestra que el presidente podía declarar públicamente culpable a una persona en la arena política, pero, ante un tribunal, la voluntad del ejecutivo seguía sometida a una definición constitucional estricta y a las reglas de la prueba.

4. Precedentes en el exterior y expediciones

La gravedad también tiraba hacia fuera. Dos acontecimientos de la política exterior de Jefferson suelen recibir un tratamiento demasiado ligero, cuando ambos muestran cómo esta construcción proyectaba su fuerza más allá de sus fronteras.

La guerra de Berbería suele narrarse como una sencilla guerra justa contra los piratas. Su mayor importancia institucional, sin embargo, consiste en haber ofrecido un precedente temprano para que el presidente empleara la fuerza naval antes de una declaración formal de guerra. En 1801, el pachá de Trípoli alegó que Estados Unidos debía tributos atrasados, exigió nuevos pagos y le declaró la guerra. Jefferson ya había dispuesto el envío de una escuadra al Mediterráneo antes de recibir la noticia de esa declaración. En 1802, el Congreso aprobó una ley que autorizaba al presidente a equipar y enviar buques armados para proteger a los mercantes y marineros estadounidenses. No era una declaración de guerra, pero respaldaba la decisión de Jefferson de recurrir a la Armada y a la fuerza. Ni el presidente libraba una guerra enteramente por su cuenta ni había una declaración formal de guerra en sentido estricto. Se perfilaba un modelo temprano: actuar primero y obtener después una autorización limitada del Congreso. Ese modelo volverá a aparecer, cada vez a mayor escala, en las guerras que veremos más adelante en esta serie.

Tampoco conviene reducir la expedición de Lewis y Clark a una historia de exploradores. Jefferson le encomendó al menos tres tareas: observar y clasificar científicamente, investigar rutas comerciales y establecer relaciones diplomáticas con los pueblos indígenas del oeste. La expedición representaba la ciencia de la Ilustración, pero también un imperio estadounidense en ascenso. Dentro del argumento de este ensayo, hay que entenderla como una empresa estatal que reunía producción de conocimiento, elaboración de mapas, contactos diplomáticos y proyección imperial. No se trataba simplemente de que el presidente mandara a unos hombres a echar un vistazo a la tierra recién comprada. Un presidente que hablaba en nombre del gobierno limitado utilizaba el poder del Estado para medir, nombrar y tomar posesión de un continente. Era otra prueba de cómo la gravedad lo atraía hacia la lógica territorial de la construcción.

5. El embargo y la reacción al exceso del ejecutivo

La Ley de Embargo mostró, en su forma más extrema, cómo los excesos del ejecutivo terminan volviéndose contra él.

Su trasfondo inmediato eran los bloqueos navales, las incautaciones y registros de barcos y el reclutamiento forzoso de marineros que acompañaban a las guerras napoleónicas entre Gran Bretaña y Francia. La indignación en Estados Unidos se disparó, en particular, tras el incidente entre el Chesapeake y el Leopard en 1807. Jefferson optó por coaccionar a británicos y franceses con la fuerza comercial del país, en lugar de entrar inmediatamente en guerra. Primero prohibió la entrada de buques británicos en los puertos estadounidenses y ordenó a los gobernadores preparar las milicias. Después, en diciembre de 1807, impulsó un embargo total, esperando que Gran Bretaña y Francia cedieran al verse privadas de los productos agrícolas y del transporte marítimo estadounidenses. El resultado fue que, para la primavera de 1808, la economía de Estados Unidos había sufrido un golpe devastador. Las exportaciones del ejercicio fiscal de 1808 cayeron a unos 22 millones de dólares, frente a los aproximadamente 108 millones del ejercicio anterior. La estimación del historiador económico Douglas Irwin va aún más lejos: aquel embargo comercial, tan cercano al aislamiento económico voluntario, produjo una pérdida de bienestar equivalente a alrededor del 5 % del producto nacional bruto estadounidense de 1807.

Pero lo más importante es que una política concebida para evitar la guerra llevó al poder federal a ejercer una intensa coerción dentro del país. Tras aprobar el embargo, el Congreso promulgó sucesivamente leyes complementarias, adicionales y de ejecución. Exigían fianzas a las embarcaciones de cabotaje, pesca y caza de ballenas; prohibían exportar mercancías por tierra y por mar; permitían a las autoridades portuarias incautar bienes ante la sospecha de una infracción, e incluso facultaban al presidente para emplear al Ejército y la Armada en apoyo de la aplicación de la ley. Un presidente que había llegado al poder hablando de austeridad y gobierno limitado acabó ampliando la discrecionalidad del ejecutivo y el control de la vida cotidiana para hacer cumplir su propia política de neutralidad. Es la manifestación más hiriente de esa gravedad en todo el ensayo: incluso uno de los hombres menos dispuestos a agrandar el gobierno se vio empujado por la lógica de su política a construir un aparato de control que penetraba hasta los puertos y los barcos de pesca.

Hay, como mínimo, dos lecturas del embargo que deben mantenerse a la vista. Una lo entiende como un experimento de neutralidad basado en principios y ajeno a la guerra: defender la soberanía y la neutralidad mediante la presión comercial, en vez del enfrentamiento militar. La otra subraya que sus resultados lo convirtieron en un caso típico de extralimitación del ejecutivo. Gran Bretaña y Francia no cedieron como se esperaba; los británicos se orientaron rápidamente hacia los mercados sudamericanos, mientras Estados Unidos sufría un golpe mayor y Nueva Inglaterra se llenaba de infracciones, resistencia y una fuerte reacción federalista.

La propia reacción dejó ver el otro lado de esta construcción. El embargo no se mantuvo indefinidamente: fue derogado en vísperas de la salida de Jefferson del poder, y la maquinaria coercitiva que se había infiltrado en los puertos no se convirtió en una institución permanente. Se confirmaba una vez más lo señalado en el ensayo anterior: la expansión excesiva del ejecutivo provoca una reacción, y la construcción acaba haciendo retroceder ese exceso.

6. El resto más profundo: una igualdad escrita, pero incumplida

Más allá de estos dos hilos, la gravedad y los contrapesos, sobre Jefferson pesaba también el resto más profundo de toda la serie. Y pesaba sobre él más que sobre nadie.

Jefferson fue el principal redactor de la afirmación «todos los hombres son creados iguales» de la Declaración de Independencia. Sin embargo, a lo largo de su vida mantuvo esclavizadas a más de seiscientas personas. La mayoría no habían sido compradas: las había adquirido por herencia y por el crecimiento natural de las familias esclavizadas. En total, solo dio la libertad a diez personas, contando las disposiciones de su testamento y las salidas consentidas sin emancipación formal; casi todas pertenecían a una misma familia. Entre los presidentes estadounidenses, fue uno de los que tuvieron a más personas bajo su propiedad. Poner ambos hechos uno junto a otro, el principio escrito y las personas esclavizadas, ofrece una de las manifestaciones más agudas y concretas del hilo central de esta serie.

Los escritos de Jefferson sobre la esclavitud están atravesados por una tensión extrema. No basta con escoger las citas que lo dejan bien. En las Notas sobre el estado de Virginia, de la década de 1780, escribió que temblaba por su país al pensar que Dios era justo, y describió con dureza cómo la esclavitud corrompía la virtud de los amos y de sus hijos. Pero en esa misma obra formuló una jerarquía racial sistemática: consideraba a las personas negras inferiores a las blancas en sus capacidades físicas y mentales, y defendía que, una vez emancipadas, debían ser trasladadas a lugares lo bastante lejanos para evitar que se mezclaran con la población blanca. Hay que leer juntas ambas partes. La esclavitud lo inquietaba y, al mismo tiempo, estaba profundamente arraigado en su orden racial. Ya en su vejez, recurrió en una carta a la célebre imagen del lobo: lo tenemos cogido por las orejas, no podemos seguir sujetándolo ni soltarlo sin peligro.

Esa combinación de un diagnóstico profundo y una incapacidad para encontrar salida exige por sí misma una explicación estructural, no solo un juicio moral. La inquietud de Jefferson era real, pero no podía sacudir la estructura que lo ataba a la esclavitud. En el sur de aquella época, la esclavitud no era una opción que cada cual pudiera aceptar o rechazar según su conciencia. Era la base laboral de la economía de plantación, el fundamento de la fortuna y del modo de vida del propio Jefferson y una parte del compromiso que mantenía a los estados sureños dentro de la nueva Unión. La conciencia de un individuo, por intranquila que estuviera, no podía levantar por sí sola todo aquel entramado tan profundamente asentado.

La prohibición de la trata internacional en 1808 es un hito de esta contradicción que debe figurar en el relato. La sección 9 del artículo I de la Constitución impedía al Congreso prohibir la importación de personas esclavizadas antes de 1808. En su mensaje anual de 1806, Jefferson instó al Congreso a que, en cuanto llegara la fecha permitida por la Constitución, pusiera fin a la participación de ciudadanos estadounidenses en aquellas violaciones de los derechos humanos en África. El Congreso aprobó el 2 de marzo de 1807 la ley que prohibía importar esclavos, con entrada en vigor el 1 de enero de 1808. La formulación más precisa es que la ley puso fin a la importación transatlántica legal de personas esclavizadas. No alteró la esclavitud dentro del país ni acabó con el comercio de esclavos entre estados. Fue un hito verdadero, pero quedó muy lejos de ser una solución definitiva.

Jefferson inscribió la igualdad de todos en el lenguaje fundacional del país. También dejó, en las sombras de su finca, ese resto más profundo y el nudo que ni él mismo había sido capaz de desatar.

7. Conclusión

Al situar los dos mandatos de Jefferson dentro del marco de esta serie, la forma más incisiva de contarlos no consiste en dictaminar si fue un idealista sincero o un hipócrita, sino en mantener ante los ojos varias series de hechos simultáneos.

Primero: defendió verbalmente el gobierno limitado, pero su presidencia demostró que quien llega al poder oponiéndose a la centralización puede heredar la maquinaria del Estado central y ampliarla mediante el territorio, la guerra y las crisis comerciales. Esa es la gravedad de esta construcción. No depende de la coherencia del gobernante: tiene su propio peso y su propia dirección, y atrae a quienes entran en ella hacia su lógica. Segundo: temía sinceramente que la esclavitud destruyera la república, pero nunca se desvinculó de sus beneficios ni del orden de jerarquías raciales. Diagnosticó el resto más profundo sin resolverlo. Tercero: buscó apaciguar la lucha entre partidos, lo cual no significa que reconociera una competencia partidista en igualdad de condiciones en el sentido posterior. Quería, más bien, integrar a la oposición en una comunidad republicana definida por él mismo. Cuarto: en su enfrentamiento con Marshall, el presidente no sometió a los tribunales. Por el contrario, propició un control de constitucionalidad y una independencia judicial más sólidos.

Estos cuatro conjuntos de hechos apuntan a una misma conclusión. Esta construcción no se dejará cerrar en un orden donde solo mande el presidente, pero tampoco en el pequeño gobierno limitado que su discurso promete. Su propia gravedad la lleva a expandirse; sus contrapesos la hacen retroceder cada vez que se excede, mientras su resto más profundo pasa intacto de una generación a la siguiente. La paradoja de Jefferson no es, en último término, la paradoja de un individuo. Es la primera ocasión en que la construcción revela a la vez su gravedad, sus límites y lo que deja sin resolver, precisamente en la persona menos dispuesta a reconocerlo.

A continuación, esta construcción ya no tendrá que afrontar únicamente su gravedad y sus contrapesos internos, sino una verdadera prueba de supervivencia llegada del exterior. Una guerra reducirá la capital a cenizas. Si la construcción puede sobrevivir al golpe de una fuerza externa será la pregunta a la que deban responder Madison y Monroe en el próximo ensayo. Entretanto, su resto más profundo tampoco permanecerá quieto: en Misuri mostrará por primera vez, con claridad, los contornos de la fractura que acabará desgarrando esta construcción.