¿Qué queda de un cambio cuando la calle se vacía?

Park Jong-chul no llegó a ver las elecciones de aquel año. El 14 de enero de 1987, el estudiante de la Universidad Nacional de Seúl murió después de sufrir tortura con agua en un centro de interrogatorios policiales de Namyeong-dong. La primera explicación policial atribuyó la muerte a un grito tras un golpe sobre la mesa. La autopsia y los hechos que se conocieron después hicieron insostenible esa versión.^[1]

Una persona había muerto y el organismo que la interrogó todavía podía ponerle a esa muerte un nombre que no señalara hacia él mismo. Desde ese punto ya no se trataba solo de un caso pendiente. Quién podía investigar, quién podía hablar y quién debía responder por sus palabras empezaron a formar parte de la vida de la gente.

Aquel año dejaría palabras enormes: lucha, democratización, reforma constitucional, elección directa. No dejemos que tapen demasiado pronto este nombre. El cambio de las reglas políticas no devolvió la vida a Park Jong-chul. No podemos usar su muerte para abrir una historia de éxito y dejarla después a un lado.

Si después hubo cambios, conviene seguir cómo ocurrieron: cómo se consiguió dejar de necesitar primero el consentimiento de quienes mandaban para poder exigir otra explicación, y cómo esa posibilidad pasó de una presión colectiva temporal a mecanismos utilizables más adelante.

De prohibir la discusión a tener que responder

El 13 de abril, el gobierno de Chun Doo-hwan anunció el cese del debate de reforma constitucional y la continuidad del arreglo existente. Quienes exigían elegir directamente al presidente no habían perdido solo una propuesta. Los gobernantes declaraban cerrado también el camino para seguir cambiando esa forma de elección.^[2]

No se discutía una mera preferencia entre candidatos. Si el presidente seguía siendo elegido por el colegio electoral existente, entre un ciudadano corriente y ese cargo permanecía el filtro que quería cambiar. Reclamar la elección directa era cambiar quién depositaba el voto final para ocupar la presidencia.

El 9 de junio, Lee Han-yeol, estudiante de la Universidad Yonsei, resultó gravemente herido por un proyectil de gas lacrimógeno policial. Al día siguiente, el partido gobernante designó a Roh Tae-woo candidato a la presidencia dentro del sistema indirecto vigente. Ese mismo día comenzaron grandes protestas. El cambio reclamado y la sucesión que las autoridades estaban preparando chocaron dentro de un mismo calendario.^[3]

Lee Han-yeol no murió el mismo 9 de junio. Falleció por sus heridas el 5 de julio. Cuando llegó la concesión política del 29 de junio, todavía estaba gravemente herido. Conservar ese orden —herida, declaración, muerte— impide reducir una vida al símbolo fácil de recordar de una movilización.^[10]

La presión de aquel mes procedió de la participación sostenida de muchas ciudades y grupos, no de una sola concentración que terminara al dispersarse. Las acciones de estudiantes, colectivos religiosos y otros ciudadanos hicieron que el cierre del debate dejara de ser una decisión que el poder podía mantener con solo anunciarla.^[3]

El 29 de junio, Roh Tae-woo hizo pública una declaración que aceptaba, entre otras exigencias, la elección directa del presidente. Comparado con el 13 de abril, el cambio era claro: una cuestión que los gobernantes habían dado por cerrada volvía a exigir respuesta. La declaración no significaba que la reforma constitucional estuviera terminada. Tampoco estar aún sin terminar permitía negar que hubiera habido una concesión.^[2]

Si decimos solo que las autoridades decidieron por fin reformar, convertimos a quienes exigieron el cambio en un fondo que esperaba permiso. Si decimos solo que ganó la calle, queda otra pregunta: cuando la gente se dispersara y encontrara un obstáculo parecido, ¿tendría que pagar otra vez el mismo precio?

Llevar una pregunta ante el poder requiere fuerza. Darle después un camino que pueda recorrerse en la vida cotidiana exige construir otras cosas. Un organismo que solo responde mientras innumerables personas permanecen en la calle todavía no permite que la vida corriente continúe con tranquilidad.

Escribir las reglas no es que todos las escriban juntos

La redacción posterior no consistió en que cada persona de las plazas escribiera cada disposición. Las conversaciones políticas de ocho representantes de los principales partidos produjeron acuerdos decisivos. El Parlamento siguió preparando y debatiendo el texto y, finalmente, lo sometió a referéndum. La mesa de negociación, el Parlamento y los electores hicieron cosas diferentes.^[4]

El arreglo podía dar a los cambios la forma de disposiciones aplicables y planteaba también un problema de representación. Forzar el inicio de una negociación no es participar en cada decisión de su contenido. Eso no volvía inútil a la gente de la calle ni significaba que quienes se sentaban a la mesa expresaran ya todas las demandas.

Los archivos parlamentarios conservan discrepancias sobre el proceso constituyente y otras opciones institucionales. La aprobación tampoco fue unánime: el 12 de octubre de 1987 hubo doscientos cincuenta y cuatro votos a favor y cuatro en contra. La mayoría alcanzó el umbral necesario, pero no hizo desaparecer de las actas aquellos cuatro votos.^[4]

La reforma fue aprobada en referéndum el 27 de octubre y promulgada el 29. El presidente sería elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto, para un mandato de cinco años que no podía renovarse. La presidencia permanecía; cambiaban la forma de llegar a ella y el tiempo durante el que podía ocuparse.^[2][5]

No se trataba de debilitar al Estado cuanto fuera posible. Un presidente que llegara por el nuevo procedimiento todavía debía decidir, organizar la administración y hacerse cargo de los asuntos del país. El cambio afectaba a lo que le permitía ocupar el cargo y a los límites que seguirían acompañándolo; no buscaba eliminar la capacidad de actuar.

La elección directa del 16 de diciembre tampoco entregó inmediatamente la presidencia a la oposición. Roh Tae-woo ganó con el 36,6 % de los votos; Kim Young-sam y Kim Dae-jung se presentaron por separado, sin una candidatura común.^[6]

El resultado invita a dos juicios apresurados. Uno: siguió ganando alguien del antiguo campo gobernante, así que todo el esfuerzo había sido inútil. Otro: ya había elección directa, por lo que las desigualdades, infracciones y conflictos electorales no merecían más atención. Ambos omiten una diferencia real: quién ganó esa elección y quién adquirió la posibilidad de votar directamente son preguntas distintas.

Tampoco basta sumar los votos de los dos candidatos opositores para afirmar que, con uno solo, todos habrían ido intactos a su candidatura. Los electores no son fichas que los lectores posteriores puedan reagrupar a voluntad. La división sí influyó en la competencia; el resultado de otra elección que nunca se celebró no quedó en el archivo.

El paso de reclamar una elección directa a celebrarla no se mide solo con el nombre del ganador. El paso de celebrarla a tener una competencia justa y sostenida tampoco se completa porque aparezcan papeletas. El nuevo camino era real y todavía debía someterse a examen.

No tener que reunir cada vez a tanta gente

Hubo otro cambio menos parecido a un titular electoral. La nueva Constitución creó el Tribunal Constitucional y le atribuyó competencias de control de constitucionalidad, juicios políticos de destitución, disolución de partidos, conflictos de competencias y reclamaciones constitucionales. Estas últimas ofrecían a quienes sufrían vulneraciones por el poder estatal una vía específica para proteger sus derechos fundamentales.^[7]

No significaba que cualquier persona descontenta con cualquier sentencia pudiera trasladar el mismo caso para repetir su enjuiciamiento. La competencia del tribunal y las condiciones de admisión tenían límites jurídicos. Pero una cuestión individual empezaba a tener la posibilidad de llegar a una instancia de control del poder sin depender únicamente de reunir una gran protesta.

La nueva Constitución entró en vigor en su conjunto el 25 de febrero de 1988. Que la elección presidencial directa se hubiera celebrado ya en diciembre no es un error de fechas: las disposiciones adicionales permitían anticipar las elecciones para aplicar la nueva Constitución. Promulgación de las reglas, preparación anticipada y entrada en vigor general podían enlazarse de esa manera.^[5]

Tampoco el Tribunal Constitucional estaba funcionando plenamente el mismo día de octubre de 1987 en que apareció en la Constitución. La ley del tribunal entró en vigor el 1 de septiembre de 1988; sus primeros nueve magistrados fueron nombrados el 15 de ese mes. Entre crear una institución sobre el papel y disponer de un tribunal que pudiera recibir reclamaciones mediaban tareas de organización, una ley y el nombramiento de personas.^[7][8]

La distancia entre esas fechas nos recuerda que no podemos entregar por adelantado una protección futura a quienes aún no la tenían. No podemos alegar el tribunal que se organizó al año siguiente para decir que quienes exigían explicaciones en 1987 ya disponían de recursos suficientes.

Constituir el tribunal tampoco probaba que fuera a cumplir eficazmente su función en todos los casos futuros. Aquí 1988 aporta un arreglo nuevo, no un certificado de éxito firmado por adelantado. Para juzgar su funcionamiento hay que seguir mirando qué asuntos recibe, cómo decide y si las decisiones llegan a hacerse efectivas.

Mientras se redactaba la Constitución y se preparaban las elecciones tampoco cesaron las demandas obreras. Los archivos del movimiento democrático conservan un diario de las luchas de los trabajadores, con anotaciones hasta el 7 de septiembre de 1987, sobre acciones en distintas regiones y empresas por mejores condiciones laborales y la organización sindical. Después de junio, los trabajadores todavía tenían que conquistar juntos espacios de participación dentro de las fábricas.^[9]

Mirar esas acciones junto a la elección directa no resta valor al voto. Precisamente porque la gente empezaba a elegir directamente al presidente se veía mejor otra cosa: poder escoger al dirigente del país no expresaba automáticamente las propias exigencias sobre el trabajo de cada día. La participación política y la voz en el lugar de trabajo están relacionadas, pero no se convierten automáticamente una en otra.

No necesitamos, por eso, atribuir a un solo vencedor todos los cambios de 1987. Los manifestantes obligaron a reabrir el arreglo anterior; partidos y Parlamento incorporaron parte de las demandas al texto; los electores votaron. Después hubo quienes organizaron el tribunal y quienes siguieron reclamando en las fábricas. Ninguna parte hizo todos los cambios por su cuenta.

Volvamos a Park Jong-chul, al comienzo del año. La nueva elección presidencial no podía devolverle la vida, ni el nuevo tribunal hacer que la primera explicación falsa nunca hubiera existido. Para otra persona detenida más adelante por un organismo estatal, el cambio podía abrir más vías de investigación y protección que no dependieran solo de ese mismo organismo. Hasta dónde lo lograría tendría que responderlo la experiencia concreta posterior.

La calle acaba vaciándose. Hay que volver a casa, a clase y al trabajo. No se puede empeñar indefinidamente la vida entera en una protesta sin fecha final. Que un cambio se conserve no depende solo de cuánta gente se reunió el día de la concesión, sino de qué vías quedan para una persona cuando los demás se han dispersado.

Corea del Sur entre 1987 y 1988 no dio una respuesta definitiva a esa pregunta. Mostró que una discusión clausurada podía reabrirse, que la elección directa podía pasar de demanda a procedimiento y que podía crearse otra institución de revisión. También dejó abiertas las preguntas por la representación, la competencia y la posibilidad cotidiana de exigir respuestas: ningún cambio concreto las resolvía todas.