Después de aquella votación, ¿seguía existiendo el Parlamento?

El 23 de marzo de 1933, Otto Wels se levantó para oponerse a un proyecto de ley. No dijo que al gobierno debiera impedírsele gobernar. Recordó, por el contrario, que los partidos gobernantes ya tenían mayoría y podían gobernar conforme a la Constitución: tanto mayor era su obligación de hacerlo. La crítica no era un obstáculo del que el Estado tuviera que librarse. Los asuntos públicos seguían necesitando supervisión.^[1]

El Reichstag, el Parlamento alemán, sesionaba aquel día en la Ópera Kroll de Berlín. Su sede anterior había quedado dañada por el incendio de febrero. Fuera del recinto había miembros de las SS; dentro, hombres armados de las SA. Algunos diputados pudieron llegar a sus asientos, otros estaban detenidos y otros huían de la persecución. El registro final recoge cuatrocientos cuarenta y cuatro votos a favor y noventa y cuatro en contra. Todos los diputados socialdemócratas presentes votaron no.^[2]

La oposición sí habló. Entró en las actas, con nombres y número de votos. Pero registrar una posición contraria y permitir que sus defensores pudieran cambiar el resultado en una próxima ocasión eran cosas cada vez más distintas.

Por eso cuesta pasar sin detenerse por aquella votación. No todos habían callado ni todos los procedimientos habían cesado. Había discursos y votos. La ley que se estaba aprobando iba a cambiar qué asuntos tendrían que volver a presentarse ante esos mismos diputados.

Antes de votar, ¿quiénes habían quedado fuera?

Si enfocamos solo el 23 de marzo, parece que un Parlamento decidió prescindir de sí mismo en una tarde. Pero los diputados que votaron no llegaron al recinto desde calles igualmente seguras y libres. Las condiciones para expresar una oposición pública ya habían sido gravemente dañadas antes de la votación.

El 28 de febrero, el presidente Hindenburg firmó el llamado Decreto del Incendio del Reichstag. Suspendía garantías importantes de libertad personal, expresión y prensa, reunión y asociación y privacidad de las comunicaciones, y permitía intervenciones que excedían los límites legales ordinarios. No fijaba una fecha determinada para terminar esas suspensiones.^[3]

El gobierno nazi utilizó el miedo dejado por el incendio para sostener una represión de los adversarios políticos. Para examinar lo que hizo el decreto no hace falta afirmar una autoría oculta del incendio que no se ha probado. Su redacción y las detenciones y restricciones que siguieron tienen registros que pueden comprobarse.

Cuando se votó la Ley Habilitante, los ochenta y un diputados comunistas no podían participar; también muchos socialdemócratas estaban detenidos o huidos. Dentro se podían contar cabezas, pero las detenciones de fuera ya habían cambiado quién podía entrar en la cuenta. Los votos a favor y en contra no son los resultados de una consulta libre de coacción.^[2]

Eso tampoco permite explicarlo todo con «expulsaron a la oposición y así alcanzaron los votos». El Partido Nazi y sus socios de gobierno aún tuvieron que conseguir el respaldo de otros partidos. Los votos favorables del Partido de Centro y de otras formaciones fueron parte del resultado. Exclusión, amenazas, promesas y decisiones políticas se produjeron juntas. Ninguna explica por sí sola todo lo demás.^[2]

Quien aún podía entrar quizá tuviera presente una diferencia habitual: apoyar algunos proyectos y rechazar otros. Pero este proyecto no pedía el consentimiento para una política ordinaria. Pedía consentir que, en adelante, cierta clase de políticas ya no tuviera que esperar ese consentimiento.

Para un diputado detenido, la diferencia era más cruel. Quizá ni siquiera pudiera explicar cómo habría votado. El Estado no había desmontado su asiento: primero lo había convertido de participante en objeto de detención. El procedimiento que permanecía y el cuerpo al que se le negaba participar pertenecían a la misma historia.

Wels habló también de lo que ocurría fuera de la sala. Dijo que la prensa había perdido el espacio para informar libremente: si dentro del país aún pudiera distinguirse lo verdadero de lo falso, sería más fácil responder a las exageraciones o falsedades del exterior. No solo el gobierno necesita protegerse de los rumores. El público también necesita condiciones para juzgar si las explicaciones del gobierno son creíbles.^[1]

Las puertas del Parlamento no dan únicamente al salón de sesiones. Dan también a los periódicos, los partidos, los electores y una oposición capaz de organizarse públicamente. Si primero se silencian esos espacios y después se muestra la votación realizada dentro, el procedimiento parece más completo de lo que fue.

Qué se llevaron cinco artículos

La ley publicada el 24 de marzo se titulaba Ley para Remediar las Penurias del Pueblo y del Reich, y suele conocerse como Ley Habilitante. Su primer artículo permitía al gobierno del Reich dictar leyes nacionales, creando una vía distinta del procedimiento legislativo previsto en la Constitución. El segundo permitía, además, que las leyes del gobierno se apartaran de ella.^[4]

Lo primero que se entregaba no era la silla de cada diputado. Era la exigencia de que el gobierno llevara las leyes ante ellos para obtener su aprobación. Una institución puede seguir existiendo y perder al mismo tiempo la facultad de hacer pasar determinadas decisiones por ella.

El segundo artículo tampoco era una autorización escrita sin ningún límite. Establecía que no debían verse afectadas las instituciones del Reichstag y del Reichsrat, y que los poderes del presidente permanecerían intactos. Esas reservas deben leerse tal como aparecen: dicen lo que se prometió entonces. No podemos borrarlas del documento original a partir de lo que sabemos que sucedió después.^[4]

Pero conservar una institución y conservar su capacidad efectiva de limitar al gobierno no tienen por qué coincidir. Se podía convocar al Parlamento y publicar disposiciones mientras las leyes dictadas por el gobierno dejaban de necesitar la aprobación parlamentaria. Seguía la forma visible; había cambiado el recorrido obligado de las decisiones.

Tampoco hay que sustituir sin más «gobierno» por «Hitler personalmente», como si todo el texto legal concediera desde ese momento todos los poderes a un individuo. La ley entregaba la facultad de legislar al gobierno del Reich. La concentración posterior del poder exigió otras acciones y arreglos; no podemos escribirlos todos por adelantado dentro de esos artículos de marzo.

El artículo quinto incluía una fecha de vencimiento: el 1 de abril de 1937. La ley también quedaría sin efecto si el gobierno existente era sustituido por otro. El plazo sí figuraba. La dificultad era quién podría exigir, al acercarse el final, que se cumpliera sin tener antes que obtener permiso de quienes mandaban.^[4]

Para saber si un poder temporal está limitado no basta con contar los años de su texto. Hay que mirar si, al cumplirse, las personas aún pueden organizarse libremente, competir en unas elecciones, rechazar una prórroga y hacer que ese rechazo tenga consecuencias. Si antes de la fecha se desmontan esas condiciones, el día señalado permanece, pero quienes lo esperan ya están en otra situación.

Wels se oponía precisamente a esa exigencia adicional: si los gobernantes ya podían gobernar conforme a la Constitución, ¿por qué querían que algunas decisiones eludieran los límites existentes? Conocer las catástrofes posteriores no nos obliga a escribirlo como una pregunta que solo habría entendido quien adivinara el futuro. Ya estaba planteada en aquella sesión.

Adónde fueron después quienes habían dicho no

Después de marzo no perdieron fuerza solo los votos de oposición del Reichstag. El 2 de mayo se ocuparon las sedes de los sindicatos libres, se confiscaron sus bienes y se detuvo a sus dirigentes. Se atacó otra forma de reunir a muchas personas para que no tuvieran que afrontar el poder cada una por su cuenta.^[5]

Para un trabajador, la política del Estado no ocurría solo en el edificio del Parlamento. Cómo plantear salarios y condiciones laborales, quién podía representarlo y si había otros con quienes hablar dependía de organizaciones concretas. Dejar a los sindicatos como fondo del relato nacional haría desaparecer otro lugar real del que la gente fue privada.

El 22 de junio se prohibió la actividad del Partido Socialdemócrata. Wels, que todavía había hablado en la sesión de marzo, ya había abandonado Berlín. Que la oposición hubiera quedado registrada no le dio protección para seguir existiendo legalmente.^[6]

La Ley contra la Formación de Nuevos Partidos, del 14 de julio, era más breve: solo tenía dos artículos. Declaraba al Partido Nazi único partido de Alemania y castigaba el mantenimiento de la organización de otros partidos o la creación de nuevas formaciones. No hace falta adivinar aquí qué creía cada simpatizante. La ley ya había convertido las condiciones organizativas de otra opción en un delito.^[7]

Desde los votos de marzo hasta los dos artículos de julio no hubo una transformación ya terminada que simplemente se anunciara varias veces. Cada paso retiró nuevas condiciones para oponerse y corregir después. Los partidos no nazis que antes habían votado a favor tampoco conservaron por ello un espacio independiente.

Llamar a esos meses un proceso «conforme a derecho» sin mencionar las detenciones y la intimidación armada dejaría que el nombre de la ley encubriera la violencia. Decir que «la ley era solo papel mojado» ocultaría cómo los decretos movilizaron a la policía, modificaron la competencia legislativa y convirtieron la organización de la oposición en conducta castigable. Violencia y documentos no son explicaciones excluyentes. Aquí se ayudaron mutuamente.

Esto no enseña a predecir una catástrofe ante cualquier reforma legal. Sudáfrica modificó un texto constitucional para reforzar la protección de quienes supervisaban al gobierno; India restringió poderes de emergencia. Eran cambios legales, pero no hacían lo mismo. El nombre de la herramienta no basta para saber en qué situación deja a quienes afecta.

La dirección de estos meses de historia alemana no debe desdibujarse: el gobierno podía sortear cada vez más límites anteriores y las personas afectadas tenían cada vez más dificultades para organizar una oposición con consecuencias. Ver esa dirección no requiere declarar idénticos todos los detalles ni buscarle un lado positivo a la persecución para equilibrar el relato.

El discurso de Wels merece leerse, no solo por el hecho de que no detuviera la ley. Permite oír cómo alguien entendió entonces el cambio que estaba ocurriendo. Pero que las palabras pudieran conservarse no significaba que quien las dijo pudiera quedarse; haber votado en contra no significaba que la oposición todavía tuviera una próxima ocasión.

¿Seguía existiendo, entonces, el Parlamento después de aquella votación? Si preguntamos por el nombre y por la institución capaz de celebrar sesiones, sí. Si preguntamos si las voces contrarias podían organizarse y hacer que las leyes y el relevo del gobierno volvieran a someterse a su escrutinio, la respuesta no cabe en un rótulo sobre una puerta.

Cuatrocientos cuarenta y cuatro y noventa y cuatro son números que hay que recordar. No olvidemos a quienes no llegaron al recinto ni a quienes después tendrían cada vez más dificultades para hacerlo. Las actas dicen quién ganó aquel día. Que esas personas pudieran o no seguir exigiendo respuestas permite ver, poco a poco, lo que se perdió en él.