Si quienes revisan al gobierno son expulsados primero del tribunal

El 20 de julio de 2007, Iftikhar Muhammad Chaudhry obtuvo una sentencia que lo restituía en la presidencia del Tribunal Supremo. Meses antes, Musharraf le había ordenado dejar de ejercer y había presentado acusaciones contra él ante el Consejo Judicial Supremo. Ahora, el Tribunal Supremo anulaba las medidas correspondientes. Una persona apartada por el ejecutivo podía impugnar judicialmente su exclusión, y esa impugnación tenía consecuencias reales.^[1]

Si termináramos esa tarde, el final sería sencillo: el tribunal había defendido su lugar. Menos de cuatro meses después, sin embargo, Chaudhry y otros jueces volvieron a quedar fuera de sus puestos. Esta vez no cambiaba solo si alguien podía seguir trabajando. Cambiaban las reglas sobre las que había que jurar para seguir siendo considerado juez.

El nombre de un tribunal puede sobrevivir intacto a un cambio así. Sigue habiendo un presidente del Supremo, llegan jueces y se dictan resoluciones. Precisamente porque permanecen esas formas, conviene preguntar con más detalle quién perdió la posibilidad de sentarse dentro, qué debían prometer quienes quedaron y qué asuntos no podrían examinar de antemano.

No está en juego solo el honor de una profesión. Quien necesita impugnar una detención o exigir razones por una decisión administrativa también depende de ese asiento judicial. Si el puesto de quien revisa puede repartirse de nuevo según las necesidades de quien va a ser revisado, los escritos de un ciudadano encuentran un problema anterior a su propio caso.

Una orden no consiguió detener otra

La crisis comenzó el 9 de marzo. Tras obligar a Chaudhry a cesar en sus funciones, los abogados salieron de su trabajo habitual en los litigios para organizar protestas y apoyo. El informe de agosto de aquel año de la Biblioteca Jurídica del Congreso de Estados Unidos ya documentaba la movilización y la decisión del Supremo del 20 de julio que restituía al juez. Todavía no había ocurrido la segunda exclusión de noviembre cuando se escribió ese informe.^[1]

Importa dejar la fuente en su momento. El éxito de julio no dejó de haber ocurrido porque después hubiera otro fracaso. Tampoco el camino que se había abierto estaba protegido para siempre de volver a cerrarse por las celebraciones de entonces. Hay que acompañar los acontecimientos sin decidir de antemano un final eternamente válido.

En otoño, el Supremo examinaba la controversia sobre la habilitación de Musharraf para presentarse a la presidencia. La orden del 5 de octubre permitió celebrar la elección al día siguiente, pero impidió que se emitiera la notificación oficial de su elección antes de resolver definitivamente el caso. No había decidido ya en su contra ni había suspendido la votación. Reservó la confirmación formal del resultado hasta después de responder a las cuestiones jurídicas pendientes.^[5]

El 3 de noviembre, Musharraf, actuando como jefe del Estado Mayor del Ejército, publicó la declaración de emergencia y la Orden Constitucional Provisional, dejando la Constitución en suspenso. La orden pedía además gobernar, en la medida de lo posible, conforme a la Constitución, pero subordinaba ese gobierno a la prioridad de unas órdenes nuevas. El nombre de la Constitución permanecía; otra disposición determinaba ya qué podía imponerse a ella.^[2]

La parte relativa a los tribunales era especialmente directa. La Orden Constitucional Provisional les prohibía examinar la validez de la propia orden, la declaración de emergencia y la orden sobre el juramento de los jueces. También impedía dictar sentencias, mandamientos u órdenes contra el presidente, el primer ministro y los organismos o personas designados por el presidente. El arreglo impugnable empezaba por escribir que no podía ser impugnado.^[2]

Aquel mismo día, siete magistrados del Supremo dictaron una orden provisional: el personal militar y civil correspondiente no debía actuar siguiendo las nuevas órdenes y los jueces no debían prestar un nuevo juramento bajo ellas. La sentencia posterior de 2009 conservó y examinó esa resolución. Se había dictado de verdad, pero no impidió los nuevos juramentos ni el cambio de composición de los tribunales.^[5]

Cuesta describir esta situación simplemente con «había tribunales» o «no había tribunales». El tribunal decidió impedir la intervención y quienes la ejecutaban no se detuvieron. La orden existía; no había condiciones suficientes para hacerla efectiva en ese momento. Para quien esperaba protección, la distancia no era un detalle de redacción.

La cercanía de las fechas tampoco permite afirmar que conocemos todos los motivos privados de Musharraf. Puede comprobarse que el litigio sobre su elegibilidad seguía abierto, que se había aplazado la notificación oficial de su elección y que el arreglo posterior excluyó a la mayoría de los jueces anteriores. Ese orden y esas consecuencias merecen examen sin convertir la vida interior de alguien en un hecho esclarecido.

Qué tenían que aceptar quienes se quedaban

La Orden sobre el Juramento de los Jueces, dictada ese mismo día, llevó la cuestión al puesto de cada persona. En principio, los jueces que hasta entonces integraban el Supremo, el Tribunal Federal de la Sharía y los tribunales superiores dejaban inmediatamente sus cargos. Solo se consideraría que continuaban quienes recibieran la oportunidad y juraran con la nueva fórmula dentro del plazo señalado. No se ofreció a todos la misma invitación para que eligieran libremente entre las respuestas.^[3]

El nuevo juramento exigía obedecer la declaración de emergencia y la Orden Constitucional Provisional. La propia orden disponía que quienes juraran no podían cuestionar su validez ni permitir que se cuestionara. Seguir en el asiento judicial quedaba unido a no revisar las órdenes que cambiaban las condiciones para ocuparlo.^[3]

No era, por tanto, un nombramiento ordinario. Un nombramiento puede establecer quién accede legalmente a un puesto. Aquí se establecía también que alguien ya en el cargo no podía continuar si no aceptaba unas condiciones que sustraían ciertas órdenes al control judicial. En un mismo movimiento cambiaban el alcance de la revisión y quién podía seguir realizándola.

No necesitamos inventar una misma vida interior para cada persona que juró. Que alguien permaneciera y otro fuera excluido son hechos sobre los cargos que pueden comprobarse. Cómo decidiría cada juez en un caso posterior requiere leer sus resoluciones. El peligro de unas condiciones institucionales no equivale a saber, sin pruebas, cómo obedeció cada individuo.

Para quienes no aceptaron el nuevo arreglo, el coste tampoco era solo un título. Un comunicado contemporáneo de la Comisión Internacional de Juristas, del 13 de noviembre, afirmaba que los jueces del Supremo que se negaban a jurar se encontraban de hecho bajo arresto domiciliario. Quienes debían proteger a otros ya no podían salir libremente de casa como antes.^[4]

Las restricciones a los abogados estrechaban también los caminos exteriores al tribunal. La comisión estimaba entonces que, desde el 3 de noviembre, se había detenido al menos a unos tres mil abogados; algunos habían sido liberados y había informes de nuevas detenciones. No podemos convertir una estimación contemporánea en un recuento final comprobado caso por caso. Sí registra el precio de luchar para que hubiera revisión.^[4]

El mismo comunicado describía bloqueos de tribunales y asociaciones de abogados y registros de oficinas, entre otras restricciones. Presentar una impugnación no requiere solo que la ley lo permita: hay que encontrar un abogado que pueda representar a la persona, preparar el caso y comparecer, y un tribunal que pueda recibirlo. Cada condición que parece auxiliar puede hacer intransitable el camino entero.^[4]

Por eso las asociaciones de abogados no son aquí meras organizaciones profesionales de fondo. Conectaron a personas que normalmente ejercían por separado e impidieron que la exclusión de un juez se redujera a su petición individual a los gobernantes para que lo restituyeran. A la vez, las propias organizaciones fueron atacadas. Poder actuar juntos y sufrir riesgos por hacerlo fueron dos caras de una misma experiencia.

Los tribunales no desaparecieron simplemente de la vida del país; se intensificó la disputa por ellos. Cambiaba quién podía declarar válido un conjunto nuevo de reglas y quién podía decidir en nombre de la justicia. Decir solo «ya no había justicia» ocultaría cómo siguieron usándose nombres y cargos. Decir solo «los tribunales funcionaban como siempre» ocultaría a las personas excluidas y las cuestiones retiradas de la revisión.

Regresar no hace retroceder el tiempo

La restitución no quedó completada en cuanto hubo elecciones en 2008. La retrospectiva del movimiento que ofrece la Asociación de Abogados del Tribunal Superior de Lahore sigue reuniendo la competencia entre partidos, las protestas continuadas y la Larga Marcha de 2009. Es el relato de una institución participante sobre su propia historia: permite ver la persistencia de la organización, pero no atribuir por sí solo los méritos de todos los participantes.^[6]

El 16 de marzo de 2009, el primer ministro Gilani anunció la restitución de los jueces apartados. La notificación formal del día siguiente restituía a Chaudhry y precisaba que retomaría sus funciones el 22, después de la jubilación de Dogar el 21 de marzo. Anuncio, notificación y vuelta efectiva eran tres fechas distintas.^[5]

Desde la restitución judicial de julio hasta la exclusión de noviembre y la posterior decisión del gobierno, la vía ya no era la misma. Sentencias, redes de abogados, protestas sociales, participación de partidos y decisiones administrativas se enlazaron. Ninguna palabra resume por sí sola el proceso entero. Dejar el final a un único héroe volvería a relegar lo que hizo posible el regreso.

El 31 de julio, un tribunal del Supremo integrado por catorce jueces declaró inconstitucionales, ilegales y nulas, entre otras, las medidas de emergencia del 3 de noviembre de 2007. Determinó también que, jurídicamente, los jueces apartados a los que se refería no debían considerarse privados de sus cargos. Era un pronunciamiento jurídico posterior, no prueba de que quienes ejecutaron la exclusión en 2007 hubieran actuado entonces conforme a él.^[5]

No haber perdido jurídicamente un cargo y no haber sido impedido de ejercerlo en la realidad son afirmaciones distintas. Un tribunal puede negar la legalidad de la exclusión sin hacer que nunca hayan existido los meses sin ejercer. Quienes esperaron protección y los abogados detenidos no recuperaban automáticamente sus días perdidos por aparecer en la sentencia la expresión «nulo desde el origen».

La reparación encontró otra dificultad. Los tribunales reconstituidos habían resuelto durante ese tiempo numerosos asuntos de otras personas: ¿había que borrar todos sus resultados? Al rechazar los nombramientos y el arreglo de emergencia correspondientes, la sentencia de 2009 preservó también las sentencias y órdenes de los jueces a los que se refería en los asuntos civiles, penales y de otra naturaleza de los demás litigantes, así como los actos ordinarios administrativos y financieros indicados. Corregir el origen no se convirtió sin más en derribar todo lo ocurrido después.^[5]

Para esos litigantes, el proceso no era una herramienta al servicio de la crisis constitucional. Necesitaban saber si sus casos seguían teniendo valor. Corregir un cambio ilegal del poder también debía atender a quienes no lo habían iniciado, pero ya habían puesto parte de su vida dentro de los procedimientos judiciales. Reparar no consiste en parar todo y empezar de cero.

Restituir a quienes revisan tampoco certifica por adelantado cada juicio futuro. Que no puedan ser apartados de esa manera no significa que dejen de tener que explicar las razones de sus sentencias o respetar los límites de competencia de su tribunal. Proteger a los tribunales de reorganizaciones arbitrarias y creer que nunca se equivocan son posturas diferentes.

Junto a Corea del Sur podemos precisar otra pregunta: ¿cómo pasa un cambio disputado en la calle a unas vías utilizables en la vida cotidiana? Pakistán añade una dificultad. Si quienes ya revisaban fueron expulsados, volver requiere por sí mismo un largo esfuerzo compartido. Un litigante corriente no siempre puede esperar a que se recorra antes todo ese camino.

Este período no cierra la relación prolongada entre poder militar, gobierno y justicia ni demuestra que toda protección posterior fuera fiable. Deja una medida suficientemente concreta: no mirar solo el nombre del tribunal sobre la puerta. Mirar quién puede quedarse dentro para recibir los problemas, quién puede acompañar hasta la entrada a quien necesita ayuda y si la respuesta llega a tener efectos cuando esa persona la necesita.