Cuando el rey deja de decidir a solas, ¿quién sigue fuera?

El 13 de febrero de 1689, Guillermo y María escucharon una declaración que enumeraba abusos de la Corona. El Parlamento los invitaba a ocupar el trono, mientras el documento señalaba actos del rey anterior: suspender leyes sin consentimiento parlamentario, recaudar más allá de lo autorizado e intervenir en las elecciones. La llegada de los nuevos monarcas no decía solo quién se sentaría en el trono. Decía también qué cosas ya no debía decidir a solas quien lo ocupara.^[1][2]

La Declaración de Derechos no era un contrato moderno que debiera firmarse antes de poder acceder al trono. La propia historia del Parlamento británico advierte expresamente contra esa descripción del intercambio. Los derechos que proclamaba adquirieron fuerza legal mediante una ley el 16 de diciembre de aquel año: la conocida Ley de Derechos, o Bill of Rights. Leer la declaración, aceptar el trono y legislar fueron actos enlazados, pero distintos.^[2][3]

Es fácil terminar el relato diciendo que desde entonces el rey quedó limitado. El documento, sin embargo, deja otra pregunta: ¿quién tenía derecho a participar en esas limitaciones? Exigir que el rey consultara al Parlamento no era todavía dar un voto a cada persona.

Las dos cosas fueron ciertas a la vez. Se formularon con mayor claridad límites que la Corona no debía atravesar y, en la política efectiva, resultó más difícil prescindir del Parlamento. Muchas personas gobernadas no obtuvieron por ello igualdad de participación en la elaboración de las reglas. La segunda realidad no borra la primera; la primera tampoco certifica que la segunda cuestión quedara resuelta.

El nuevo rey no llegó solo con una declaración

Unos meses antes, detrás de los documentos también había un ejército. El 5 de noviembre de 1688, Guillermo de Orange desembarcó en Inglaterra al frente de una fuerza invasora. Jacobo II se marchó después de perder apoyos militares y políticos. La reunión convocada para resolver la sucesión no era, en su origen, un Parlamento convocado por un monarca reinante del modo ordinario.^[4]

No fue la historia de un rey que, sentado tranquilamente en palacio, comprendió el valor de la libertad y entregó voluntariamente sus poderes. La intervención militar, la crisis sucesoria, las diferencias religiosas y la negociación parlamentaria modificaron las posibilidades del siguiente paso. Que los documentos tuvieran efectos no significa que produjeran solos todo el cambio.

Tampoco un orden constitucional posterior más estable permite contar lo ocurrido como un traspaso pacífico compartido por todos los territorios. La historia del Parlamento señala que la descripción tradicional de una revolución con poca sangre omite la violencia de Irlanda y Escocia. Examinar aquí los cambios institucionales de Inglaterra no salda lo que costaron en otros lugares.^[4]

Volvamos a la declaración de febrero. El documento no inventaba todos los derechos desde cero. Invocaba la restauración de leyes y libertades antiguas que habían sido vulneradas y enumeraba las conductas que debían corregirse. Esa formulación daba un fundamento al nuevo arreglo. También recuerda algo: que un texto presente un derecho como antiguo no demuestra que siempre hubiera podido ejercerse de manera fiable.^[1][3]

La recaudación es uno de los ejemplos más claros. La ley declaró ilegales las exacciones de la Corona sin autorización parlamentaria o fuera de los plazos y modos autorizados. Gobernar seguía requiriendo dinero. Pero «lo necesito» no podía sustituir a «he obtenido el consentimiento». La discusión pasaba por quién podía autorizar y hasta dónde llegaba esa autorización.^[3]

Lo mismo ocurría con la suspensión de las leyes. Si el gobernante exige obedecerlas mientras decide por su cuenta que alguna no rige temporalmente, sus propios límites legales se vuelven fáciles de elegir a conveniencia. La declaración y la ley posterior señalaron ese modo de sortear al Parlamento como un problema, en lugar de limitarse a pedir que el próximo monarca fuera más bondadoso.

El nuevo juramento de la coronación del 11 de abril incorporó además la promesa de gobernar conforme a las leyes aprobadas con consentimiento parlamentario. Un juramento no se cumple por sí solo. Pero cambia qué puede invocarse para exigir explicaciones al gobernante. La promesa no era únicamente «confíen en que gobernaré bien»: remitía a unas reglas que no dependían cada vez de su decisión individual.^[2]

Eso no hizo que el rey dejara de gobernar ni lo convirtió en una figura puramente simbólica en el sentido moderno. Cambiaron los pasos exigidos para ciertas actuaciones: algunos ingresos requerían autorización, algunas leyes no podían suspenderse por decisión propia y algunas objeciones no podían excluirse solo por desagradar a la Corona. El poder permanecía, pero su recorrido no debía pasar únicamente por él mismo.

No basta con consentir una vez

La ley protegía también la palabra, el debate y los procedimientos dentro del Parlamento, impidiendo que se exigieran responsabilidades por ellos ante tribunales u otros lugares externos a él. Para quienes podían sentarse dentro era una condición concreta: haber expresado una posición contraria no debía significar quedarse esperando el castigo de fuera.^[3]

No era, sin embargo, la misma libertad de expresión para todas las personas en cualquier circunstancia. Precisar dónde se aplicaba esa protección permite saber qué situaciones cambiaron realmente y cuáles no podían resolverse con esa cláusula. El documento tenía fuerza y tenía límites.

Otra disposición reclamaba reuniones frecuentes del Parlamento, para atender las reclamaciones y corregir las leyes. Si, después de una sesión, los gobernantes podían impedir durante mucho tiempo que sus miembros se reunieran de nuevo, un consentimiento podía extenderse a mucho más de lo que originalmente aceptaba. Poder volver a sentarse era tener otra oportunidad para decir no.^[3]

La Ley Trienal de 1694 dio forma más concreta a la exigencia de reunir y renovar con mayor frecuencia el Parlamento, limitando a tres años su duración máxima. No ordenaba elecciones nuevas cada año ni significa que antes no hubiera Parlamento. Añadía al organismo existente una exigencia más precisa de que habría una próxima vez.^[6]

Las reuniones repetidas no dependían solo del mandato escrito. Guillermo necesitaba librar guerras y las guerras exigían dinero de manera sostenida. El control parlamentario de los ingresos y su destino impedía que la Corona obtuviera apoyo una vez y dejara de volver para siempre. La historia fiscal del Parlamento trata esa necesidad de guerra como una razón importante del peso que la nueva relación adquirió en su funcionamiento cotidiano.^[5]

El mecanismo de revisión de las cuentas públicas creado en 1690 y la asignación de fondos para fines determinados enlazaron «¿se da el dinero?» con «¿en qué se gastó después?». Una autorización ya concedida podía dejar preguntas contables abiertas. Tener que rendir cuentas una vez hecho algo no era el mismo límite que haber escuchado una aprobación antes de hacerlo.^[5]

Desde aquí se ve que aumentar la capacidad estatal para obtener fondos y guerrear no era incompatible con obligar a la Corona a responder más ante el Parlamento. Más límites no equivalen siempre a un Estado más débil. Importa qué consentimientos necesita la capacidad que crece, qué cuentas deja y quién puede exigir volver a examinarlas.

También cambia el ritmo del relato. La declaración se leyó en un día; las relaciones efectivas se formaron después, en sesiones, cuentas y disputas. Ninguna ceremonia podía realizar de una vez toda la supervisión futura. Si recordamos únicamente 1689, confundimos fácilmente lo que todavía tuvo que reclamarse muchas veces con algo que ya se hubiera entregado entonces por entero.

Quién puede decir «nosotros»

Leamos ahora la disposición sobre elecciones libres. No convertía en elector a todo adulto. Las condiciones de participación variaban según la propiedad y las reglas locales; la representación parlamentaria era mucho más restringida que el sufragio universal de hoy. En algunas localidades, el voto estaba ligado a determinadas propiedades. Residir allí no bastaba para tenerlo en igualdad.^[8]

Que un diputado pudiera decir no al rey y que cada residente pudiera participar en la elección de los diputados no eran el mismo paso. Tras una puerta podía haber debates reales mientras muchas personas seguían sin poder entrar en igualdad. Reconocer el valor del debate interior no exige fingir que no había nadie fuera. Ver a quienes quedaron fuera tampoco obliga a decir que dentro no cambió nada.

La religión trazó fronteras aún más directas. La Ley de Tolerancia de 1689 permitió el culto público de muchos protestantes no pertenecientes a la Iglesia oficial, bajo condiciones como prestar ciertos juramentos. Para quienes habían sufrido esas restricciones sí importaba. Pero no era igualdad religiosa general: los católicos quedaban fuera de esa tolerancia y los protestantes disidentes seguían sujetos a otras limitaciones.^[7]

El mismo orden nuevo retiraba a algunos ciertas penas religiosas y seguía distinguiendo por la fe quién podía participar. Los cambios inscritos bajo el nombre de libertad no afectaban todos a las mismas personas. Hacer más seguro a un grupo podía ir acompañado de considerar amenazante a otro.

La Ley de Establecimiento de 1701 volvió a ordenar la sucesión de la Corona, dirigiéndola hacia los parientes protestantes de Hannover y confirmando la exclusión de católicos y de quienes se casaran con personas católicas. Que el Parlamento pudiera decidir el destino del trono intervenía en el arreglo hereditario de la monarquía. Esa misma decisión preservaba una frontera religiosa.^[9]

No es un defecto remoto añadido para negar los beneficios anteriores. Límites y exclusión formaban parte de un mismo cambio institucional: de quién había que obtener consentimiento y qué fe podía justificar que alguien quedara excluido. Separarlos en dos relatos sin relación ocultaría cómo funcionaba el nuevo arreglo.

Para los católicos tampoco se trataba solo de un trono lejano. Desde mediados de la década de 1690, la legislación del impuesto sobre la tierra les impuso una carga doble. El creciente impedimento para que la Corona recaudara sola no evitó que una recaudación autorizada por el Parlamento distinguiera a las personas por su religión. Después de decir «hubo consentimiento» aún hay que preguntar quién consintió y a quién se cobró.^[7]

Por eso «el Parlamento» no puede sustituir aquí a «todas las personas» ni «recaudado conforme a la ley» a «justo para todos». Que un poder empiece a necesitar otro consentimiento es un cambio importante. Cómo se forma el círculo que puede consentir es otra pregunta de la que ese círculo no puede dispensarse por su cuenta.

Al poner Inglaterra junto al ensayo sobre Sudáfrica se ve mejor la diferencia. En la certificación sudafricana se preguntaba si una Constitución aprobada por mayoría cumplía los principios acordados antes. Aquí seguimos principalmente cómo la Corona tuvo que contar más con el Parlamento. No hay que trasladar al recinto de 1689 una estructura de control judicial aparecida después.

Inglaterra tampoco tiene que anticipar el desenlace de Pakistán. Allí se preguntará cómo vuelven quienes fueron apartados de la revisión. Aquí vemos que algunas personas pueden ganar posibilidades reales de limitar al poder mientras dejan a otras fuera de la participación. Ambas historias amplían las preguntas de la otra; no son posiciones sucesivas en el camino hacia una misma meta.

La declaración que escucharon Guillermo y María sí terminó siendo más que un papel de archivo. Pero entre su eficacia y que todas las personas pudieran ejercer sus libertades por igual no había un camino que se construyera solo. Podemos recordar a la vez una Corona obligada a consultar más a otros y a quienes todavía no habían entrado en igualdad dentro de aquel «nosotros».