Poder marcharse no borra lo pendiente

Los dos llevan ya varios años en prisión. Uno fue condenado a doce años; el otro, a nueve. Los juicios no fueron públicos y el tribunal designó a sus defensores. Habían formado parte del Comité Provisional de Autogobierno de Llanura del Trigo. Cuando se retiró el ejército extranjero, la mayoría de los integrantes del comité se marcharon con él. Los dos que se quedaron fueron procesados por la República Democrática de los Propósitos, DRP, por colaborar con el enemigo.

La República se incorpora a la organización de las Tres Fronteras y, más adelante, acepta el artículo 14, que permite presentar reclamaciones individuales. Los dos presos recurren entonces al comité de reclamaciones por medio de sus familiares y abogados. Las condenas son anteriores a la entrada en vigor del artículo, pero el rechazo de los recursos y la continuación del encarcelamiento son posteriores. Conforme al pacto, el comité admite esa parte de la reclamación: los efectos que siguen produciéndose una vez vigente el compromiso.

El comité pide las actas de los juicios y solicita visitar a los presos. La República responde primero que se los ha juzgado conforme al derecho nacional. Después, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores que está contestando, con la aprobación del presidente, anuncia que se retira del artículo 14 y que no responderá más por esa reclamación. Quien está detrás de la puerta acaba de cerrar el camino que permitía llegar hasta él.

Se puede cerrar una puerta. Hay que responder por haberla cerrado.

¿Se puede impedir esa retirada? Si no, ¿las reclamaciones individuales son un trámite de adorno al que se presta atención solo mientras se tienen ganas de escuchar? No basta con contestar a esas dos preguntas que «salir es un derecho». Eso describe una parte de la situación de la República. Todavía no explica qué pierden los dos presos, ni qué perderán las siete reclamaciones nuevas que llegarán después.

Miremos primero cómo decide la propia República. Su Parlamento Popular votó al aceptar el artículo; no vota al retirarse. Sesenta y un parlamentarios piden conjuntamente que se someta la salida a votación, pero la presidencia de la cámara no la incluye en el orden del día. Que retirarse sea una decisión del país no significa que deba tomarla a solas precisamente el órgano al que se está pidiendo explicaciones. Quién puede revisar esa decisión y cómo pueden objetar los afectados son preguntas que ya se plantean dentro del propio país.

La organización también puede examinar la retirada, dejar constancia de cuándo se anuncia y por qué, y preguntar por qué llega en plena interpelación. Pero poder examinarla no da a la organización la última palabra para autorizar la salida. Si el órgano común pudiera decir «no estoy de acuerdo, por tanto no puedes irte» y mantener por la fuerza a un país como miembro, ya no estaríamos hablando solo de cooperación entre partes situadas al mismo nivel.

Tampoco significa que cualquier aviso termine inmediatamente con todo. Deben respetarse los plazos de notificación, las disposiciones transitorias y los asuntos pendientes que se hayan aceptado de antemano. Lo que no pueden hacer los demás es aplazar una y otra vez la fecha de salida hasta que quien se marcha satisfaga todas sus exigencias. Pueden quedar obligaciones sin resolver. No se las puede convertir en un cerrojo que nunca llegue a abrirse.

La declaración de la República surte efecto al cabo de doce meses. Las reclamaciones presentadas antes de esa fecha siguen examinándose hasta su conclusión; las presentadas después ya no se admiten. Es una regla elegida para esta historia, no la cláusula óptima que el ensayo recomienda a todas las instituciones reales. También hay que contar con exactitud las consecuencias menos cómodas de esa elección.

En la primavera del año diecinueve se devuelven siete reclamaciones nuevas. Decir que «otros todavía pueden preguntar desde fuera» no borra esas siete devoluciones. Otros países pueden seguir interpelando y los registros pueden conservarse, pero ya no está aquella vía que una persona podía poner en marcha por sí misma. La pérdida de un acceso concreto no se compensa sustituyéndolo en el relato por un principio más amplio.

También hay otras maneras de bloquear una salida. Si la organización pasa por encima del derecho del miembro, se apropia de sus reservas o impide que se vaya mediante órdenes que puede ejecutar directamente, ha adquirido de hecho un poder distinto, con independencia del nombre que conserve. Habrá que discutir cómo limitar a un superior de esa clase. Lo que ya no cabe es eludir la cuestión diciendo que «solo cooperamos».

Marcharse no es, por tanto, un certificado que dispense de dar explicaciones. Se puede seguir preguntando por la decisión de cerrar esa puerta; lo que no se puede hacer es convertir la pregunta en una imposición que impida salir. Distinguir ambas cosas difícilmente dejará a todas las partes satisfechas. Al menos evita confundir la crítica con el encierro y la retirada con una declaración de inocencia.

Alguien deja la mesa. Lo ocurrido no desaparece.

¿Qué termina exactamente cuando alguien se retira? Lo primero que termina es la posibilidad de seguir adquiriendo y ejerciendo derechos y asumiendo obligaciones en calidad de miembro. No se reescribe todo el pasado como si nunca hubiera ocurrido. Conviene seguir la línea del tiempo y separar tres cosas: lo hecho durante la pertenencia, los procedimientos ya iniciados y los que se solicitan por primera vez después de la salida. Cada una necesita su respuesta.

Las actuaciones durante la pertenencia siguen constando. La República mantiene encarcelados a los dos hombres; Garganta de Piedra deja sin respuesta reclamaciones del campamento durante su plazo de preaviso. Todo ello ocurre mientras los compromisos correspondientes están vigentes. No se puede borrar de los documentos lo que se debía entonces porque más tarde se deje de participar. Debe constar la responsabilidad del Estado, pero también qué órgano tomó la decisión concreta.

Los procedimientos ya iniciados se llevan hasta su conclusión conforme al pacto. En el invierno del año dieciocho, el comité emite una opinión: pide a la República una revisión pública de las condenas y que permita las visitas. La República sigue sin contestar. Puede concluir un procedimiento sin que llegue una respuesta. Si escribiéramos solo «se tramitó la reclamación», al lector le resultaría fácil creer que la situación de los dos presos ya había mejorado.

En el año veinte siguen encarcelados y uno es trasladado al hospital penitenciario. No es una pequeña contrariedad que deba relegarse a una nota al pie. Es la forma concreta que toma la falta de capacidad común para imponer el cumplimiento: se ha preguntado, ha quedado constancia, el procedimiento ha terminado y los hombres no han salido. Todas esas cosas pueden ser ciertas a la vez.

Que después de la retirada se pueda iniciar un procedimiento nuevo sobre hechos anteriores depende del acuerdo ya aceptado, no de lo que deseemos añadirle. Este ejemplo dispone que no se admitan las reclamaciones nuevas presentadas una vez efectiva la salida; las siete devoluciones son, por eso, la pérdida real de una vía. Si otro acuerdo conserva esa posibilidad, se aplicará lo que disponga. No hay que convertir una regla particular en la forma necesaria de todas las reglas.

Las obligaciones pendientes tampoco son una cuerda moral que permita sujetar a alguien para siempre. Hay que precisar qué se hará con los recursos comunes, las obligaciones procesales y la financiación de la transición. «Nos seguirás debiendo algo eternamente» no es una disposición suficiente. Tras retirarse, Garganta de Piedra sigue recibiendo, conforme al acuerdo anterior, las aportaciones para los campamentos correspondientes al primer semestre del año siguiente; los traslados continúan hasta el verano de ese año. Lo que se había acordado mantener no se detiene inmediatamente por la salida.

Al mismo tiempo, desde que la retirada es efectiva, Garganta de Piedra ya no puede solicitar nuevos procedimientos comunes en calidad de miembro. No se pueden conservar solo los beneficios futuros y declarar terminadas todas las cargas asumidas antes. Cuándo cesa cada derecho o cada obligación y cuáles siguen vigentes exige una explicación por separado. La palabra «salida» no puede hacer todo ese trabajo.

Recordemos el caso hipotético del comandante que solicitaba asilo en Garganta de Piedra. Al abandonar el pacto cesan hacia el futuro los compromisos de ese tratado. Pero la responsabilidad de no devolver a una persona a un lugar donde la maten, la torturen o la encierren sin juicio no le había sido concedida al país por ser miembro. Retirarse de un acuerdo no lo retira, de paso, de las actuaciones que sigue ejerciendo sobre una persona concreta.

Salir es real, y lo pendiente también. Si dijéramos que mientras quede responsabilidad no se ha salido de verdad, la retirada sería solo nominal. Si dijéramos que, una vez fuera, no hay que responder por nada, borraríamos junto con el cambio de procedimiento a quienes habían sufrido las consecuencias de las actuaciones anteriores. La dificultad no consiste en elegir la frase más rotunda, sino en precisar, para cada asunto y cada momento, qué se ha terminado y qué no.

Volver exige un acuerdo nuevo

Después de la salida de Garganta de Piedra, se retiran las tropas de Isla de la Lámpara, cierra la oficina de administración y algunos habitantes regresan poco a poco. El precio figura en un nuevo acuerdo con la Federación de las Mesetas: la flota podrá pasar con aviso previo y sin registrarse, se arrienda un muelle de abastecimiento por veinticinco años y Garganta de Piedra no participará en ninguna medida económica multilateral contra la Federación.

Más adelante cambia el gobierno de Garganta de Piedra y solicita volver a la organización. Los socios plantean tres asuntos: cómo responderá a las dos reclamaciones antiguas, qué hará con el muelle de abastecimiento y qué ocurrirá con la promesa anticipada de no participar en ninguna medida económica multilateral contra la Federación. El representante de la República dice que, si marcharse es un derecho, regresar también lo es. La frase parece simétrica. Las situaciones no lo son.

Marcharse cambia la propia participación. Volver establece de nuevo compromisos recíprocos. Un acuerdo nuevo requiere el consentimiento de los demás; nadie puede anunciar por su cuenta que ya es otra vez socio. Las partes pueden proponer condiciones fundadas en actuaciones y responsabilidades. Lo que no pueden hacer es utilizar la admisión para obligar al solicitante a cambiar decisiones autónomas que no habían vulnerado ningún límite.

Garganta de Piedra dice que está dispuesta a responder por las dos reclamaciones y a explicar, medida por medida, si participará en las futuras actuaciones. Pero no puede modificar unilateralmente el acuerdo con la Federación de las Mesetas. En el invierno del año veinte la solicitud sigue pendiente. No hace falta añadir un reencuentro final para entender por qué volver es más complicado que llamar una vez a la puerta.

Hay dos límites que no desaparecen: reincorporarse no borra lo pendiente del tiempo pasado fuera, y tampoco se puede volver manteniendo una actuación que esté sometiendo o colonizando a otro país. Qué debe contestarse primero, qué puede negociarse después y cómo formular cada condición corresponde a las partes explicarlo y juzgarlo públicamente. No cerrar para siempre la puerta por el mero nombre de un país es lo que permite que los cambios de hoy conserven su sentido.

¿Puede entonces la organización expulsar a un miembro? Se puede discutir, pero también tendrá que responder por hacerlo. La expulsión afecta a la condición de miembro del Estado; no declara que las personas que viven en él hayan dejado de merecer protección. No cancela responsabilidades ni convierte retrospectivamente una entrada militar que el miembro ya había iniciado en un acontecimiento exterior ajeno a la organización.

La expulsión puede perjudicar incluso a quienes se quería proteger. Las reclamaciones ya presentadas continúan conforme al pacto, y las actuaciones posteriores de la propia organización siguen sujetas a preguntas. Sin embargo, las personas afectadas por futuras actuaciones del país expulsado pueden perder el acceso al procedimiento que permitía reclamar contra un miembro. Perder esa vía tiene un coste real. Por eso no se puede narrar la expulsión únicamente como una limpieza eficaz.

Incluso si se disolviera la organización entera habría que preguntar dónde se conservarán los registros, quién asumirá los procedimientos pendientes y cómo se dispondrá de los recursos comunes. Procurar una transición no garantiza conseguirlo todo. Lo que quede sin atender debe decirse con claridad. Que se haya levantado la última sesión no autoriza a declarar que ya nadie tiene preguntas.

Los dos siguen en prisión, se han devuelto siete reclamaciones y la solicitud de Garganta de Piedra continúa esperando. Este ensayo no reúne todos los hilos en un final cerrado. Propone una lectura más concreta: cuando encontremos palabras como «retirada», «restablecimiento de relaciones» o «expulsión», preguntemos qué relación termina exactamente, qué asunto sigue sin respuesta y a qué puerta puede acudir hoy la persona que no la ha recibido.