Esta fábrica debe

La primera frase del documento

La fábrica llevaba más de veinte años en funcionamiento. Aquella primavera renovó su permiso de vertido, con normas más estrictas que las anteriores. La dirección publicó un documento cuya primera frase decía: «Esta fábrica debe cumplir los límites de vertido y no causar daños aguas abajo». Seguían varios puntos: el puesto de vigilancia tomaría muestras a diario y comunicaría cualquier exceso en un plazo de dos horas; cuando un turno registrara un exceso, se investigaría la causa y se dejaría constancia en la evaluación.

El puesto de vigilancia lo ocupaba un técnico con más de diez años de experiencia. En el taller había un supervisor de turno. La familia de aguas abajo no tenía relación laboral con la fábrica ni había firmado nada con ella. Solo compartían un río.

«Esta fábrica debe»: ¿a quién se lo dice? ¿Al director? Él firmó, pero si lo trasladan, la frase no se irá con él. ¿Al técnico de vigilancia? Sale a tomar muestras todos los días, pero «no causar daños aguas abajo» no es algo que pueda conseguir ni de lo que deba responder él solo. ¿A la fábrica? La fábrica es un permiso, un conjunto de procedimientos, unos puestos y varios edificios. No sabe leer documentos.

Parece una cuestión de redacción, pero es la primera pregunta que debe responder una teoría de las instituciones. Antes de escribir qué debe hacer una institución, hay que aclarar a quién se dirigen esos deberes, de dónde vienen y cómo llegan a las personas sin legislar por ninguna de ellas.

Lo que queda vinculado es el puesto

Un texto fundamental de este sistema, La propia ley, trazó primero la distinción que necesitamos. Separa derecho y ética. El derecho es un constructo externo: «No afirma ser moral; solo dice que estas son las reglas y que infringirlas tiene consecuencias». La ética es distinta: pretende extender la ley interna de un sujeto hasta convertirla en exigencia para otros. Eso cruza un límite.

Cómo es posible la institución precisa esa distinción en el plano institucional. Separa la responsabilidad de función de la obligación en dos columnas: su fuente y aquello a lo que vinculan. La obligación nace en la propia ley de quien la asume y lo vincula personalmente. La responsabilidad de función es una exigencia con contenido que recae en una posición de miembro: «Vincula la posición, no al sujeto mismo». Y añade: «Solo un sujeto puede tener obligaciones; tanto los constructos como los sujetos pueden tener responsabilidades de función».

Así queda claro qué puede decirle una institución a una persona. Puede exigirle algo a su posición: tomar muestras diariamente y comunicar los excesos. Eso es una responsabilidad de función, vinculada al puesto. Lo que la institución no puede imponer es aquello que vincula a la persona misma: eso solo puede proceder de su propia ley. Si la fábrica, en vez de decir qué corresponde hacer al puesto, dice cómo debe ser la persona y le exige reconocer una demanda externa como ley interior, está ocupando el lugar de su propia ley. Es lo que La propia ley llama, al definir la ética, «derecho disfrazado de moral». Eso es legislar por ella desde fuera.

Dirigirse a un constructo es distinto. «El constructo no tiene primera persona», ni tiene ley propia. Decirle lo que debe hacer no sustituye la ley de nadie: allí no existe ninguna ley que pueda ser sustituida. La teoría institucional quiere formular deberes sin legislar por las personas; por eso, el objeto normativo de los deberes de esta serie es el constructo.

No es una salida cómoda. El documento dice «esta fábrica debe», no «tú debes», pero la frase acaba llegando a personas: el técnico tendrá que tomar muestras; el supervisor, dirigir su turno. Llamarlo norma de la fábrica no exime de examinar sus efectos sobre las personas. Si alguien dice «Es una norma de la fábrica, no soy yo quien te lo pide», aún hay que comprobar sobre quién recae, cómo lo hace y si corresponde que lo haga: si constituye una responsabilidad válida para ese puesto y si cruza el límite de esa persona. Cambiar al destinatario por el constructo evita que el deber legisle desde fuera por la persona. No es un certificado de exención de control.

También vale a la inversa. «Tú, en este puesto, tienes que registrar los datos fielmente» contiene un «tú», pero se refiere a una posición. Si cumple las condiciones constitutivas de la responsabilidad de función, es válida como tal. El límite no depende de que aparezca «tú» en la frase, sino de qué vincula una exigencia y con qué fundamento.

¿Con qué fundamento?

Que se dirija al constructo no significa que proceda de él. La fábrica carece de primera persona y no puede engendrar por sí sola deberes. Estos proceden de las personas que comparten ese entrelazamiento y del entrelazamiento mismo. El técnico, el supervisor, los trabajadores del taller y la familia que cría peces aguas abajo están entrelazados con la fábrica. El río es el lugar de ese entrelazamiento.

Si seguimos preguntando por el fundamento, el sistema lo sitúa en una premisa asumida públicamente: «La persona es un fin en sí misma». Cómo es posible la subjetividad precisa su condición: «Este postulado es la premisa normativa que el texto asume públicamente. No se deduce de la operación de negación ni se hace pasar por el resultado de una prueba física». Puede rechazarse; quien lo rechace abrirá otra rama, y aquí no se anula esa rama. Pero que pueda rechazarse no significa que, dentro de esta posición, un constructo quede exento de examen por no aceptarlo.

Entre «la persona es un fin» y «la fábrica debe…» hay otro paso: pasar del estatuto de las personas a una exigencia dirigida al constructo. El primer postulado no dio ese paso; Cómo es posible la institución también se detuvo deliberadamente antes de darlo. Hay dos pasos de esa clase: uno concierne a cómo una persona trata a otra; el otro, a cómo se organiza un constructo. Esta serie asume públicamente el segundo, lo registra como una asunción propia y no lo presenta como deducción. Del primero no se ocupa: lo deja para las Críticas. Ninguno sustituye al otro.

Estos deberes se dirigen a todos los constructos con identidad institucional. El alcance es tan amplio que incluye los malos: «La esclavitud, el sistema de castas y la administración colonial poseen identidad institucional». El mismo ensayo añade inmediatamente: «La clasificación no otorga legitimidad». Una mala institución también es institución y, por eso, está entre los destinatarios del deber. Podemos decir que incumple ese deber precisamente porque también se dirige a ella. Tampoco espera a que un constructo opere a partir del estatuto de las personas como fines: opere así o no, el deber permanece.

Firme en una cosa, descuidado en otra

La fábrica no era enteramente mala ni enteramente buena. En algo el técnico era inflexible: anotaba la cifra que había, sin cambiarla por mucho que alguien se lo pidiera. En otras cosas, sin embargo, también mandaba al aprendiz recién llegado a hacer recados como si estuviera a su servicio. El supervisor solía ver a las personas como cifras detrás de la producción; pero el año anterior, cuando enfermó el hijo de un trabajador, fue él quien consiguió para ese padre tres meses de permiso. Lo mismo ocurría con la familia de aguas abajo. Una misma persona trata a otros como fines en un asunto y como medios en otro.

El sistema llama a esto realidad mixta, y afirma que «la realidad mixta es la situación habitual». Una comunidad en la que todos actúan según su propia ley es solo un tipo ideal. La institución, por tanto, no presupone que todos los que están dentro actúen así: su presupuesto es la realidad mixta. La fábrica y la familia están entrelazadas antes de reconocerse mutuamente. Ahí se sitúa la teoría institucional: el reconocimiento todavía no ha ocurrido, pero la coexistencia tiene que continuar.

Hay que precisar qué es lo mixto. «Fin en sí mismo» tiene dos sentidos, estatuto y realización efectiva: «El estatuto está presente y la realización es deficiente: esa combinación tiene contenido y no queda eliminada de antemano por definición». La realización efectiva varía entre quienes están en la fábrica y quienes viven aguas abajo; a ninguno le falta estatuto. Lo mixto es la realización, no el estatuto.

De ahí se siguen tres consecuencias. La protección de los límites no puede esperar a que las partes hayan dejado de dudar unas de otras: se activa según el acontecimiento, no según una clasificación previa del nivel de las personas. El cultivo entre personas no puede presuponer que todas actúan según su propia ley; de eso se ocupará el quinto ensayo. Y la identificación institucional se detiene en el acontecimiento, sin convertirse en identidad. Si hoy el supervisor trata a las personas como números, la fábrica puede examinar esa actuación y limitarla; no puede asignarle por eso la identidad de «alguien que solo sabe tratar a las personas como números». «Esta identificación se refiere al acontecimiento; no es una clasificación permanente». La salvedad del texto anterior es aún más directa: «No hay una sentencia definitiva que convierta a alguien en malvado; sí hay operaciones malignas diagnosticables. Por eso, la salvedad juzga operaciones, no personas». Por precisa que sea la identificación, solo evalúa lo que hizo; no alcanza su estatuto como fin.

Aquí no se afirma que la carga de proteger los límites aumente o disminuya según algún «grado de mezcla». No existe una magnitud de ese tipo.

Tres niveles, y quienes no tienen puesto

El documento llegó a tres lugares. A la fábrica: esta fábrica debe cumplir los límites de vertido y no causar daños aguas abajo. Es un deber dirigido al constructo. Al puesto de vigilancia: tomar muestras diariamente conforme a la norma, registrar fielmente y comunicar los excesos en dos horas. No es ese deber, sino una responsabilidad de función que vincula la posición. El estudio específico sobre la responsabilidad dice que la posición «es un acontecimiento de registro». Cuando el técnico acepta el puesto se produce ese registro; la responsabilidad recae sobre él, no sobre «la persona que es». Y al técnico mismo: no cambia las cifras. Si lo hace por miedo a responder, por miedo a un accidente o porque sencillamente considera que las cifras no se deben alterar, no le corresponde a la fábrica atribuírselo. Su mero cumplimiento del procedimiento no prueba cuál de esas cosas pertenece a su propia ley.

Tres niveles, tres formas de hablar. Al constructo, deberes normativos; a la posición, responsabilidades de función; a la persona, su propia ley. Para las personas no se escriben deberes.

Hay además personas sin casilla en esos tres niveles. La familia de aguas abajo no pertenece a la plantilla ni tiene posición registrada alguna. Pero no puede dejar atrás el río y ya está entrelazada con la fábrica. Por eso el «interior» se delimita por el entrelazamiento, no por la identidad. Tiene dos partes: las personas implicadas en el entrelazamiento que el constructo gestiona, y aquellas a las que alcanza su actuación y que no pueden evitarla retirándose. El técnico pertenece a la primera: puede dimitir. La familia, a la segunda. Incluirlas por su entrelazamiento solo significa que no pueden quedar fuera de los deberes de la fábrica; no le concede a esta potestad para dirigirlas, instruirlas o reorientarlas. El alcance de la influencia no equivale al de la autoridad.

¿Cómo llegan los deberes a la familia? No mediante una posición suya: verse afectada no la obliga a asumir una responsabilidad de la fábrica. Llegan por dos vías: las restricciones que la fábrica se impone y otras posiciones internas con una fuente válida de responsabilidad. Los cinco deberes se le aplican según sus respectivas condiciones, sin rebajarlos porque no tenga puesto. También debe poder acceder a los cauces para cuestionar la fábrica. Si existe una institución superior con las competencias correspondientes, le toca preservar los límites de su ámbito. Pero «ya hay alguien por encima que se ocupa» no justifica la ausencia de este nivel.

Aquí aparecen dos formas distintas de «irse». El técnico puede dejar el puesto: retira un registro. «La retirada pone fin a la carga actual de respuesta sostenida por esa posición»; no borra lo que hizo o dejó de hacer antes. La familia no puede apartarse del río: no puede salir del entrelazamiento. Lo primero concierne a las responsabilidades de función; lo segundo, a dónde se traza el interior.

Para llegar al puesto hacen falta tres cosas

El deber de la fábrica dice «no causar daños aguas abajo». ¿Cómo se convierte en lo que el técnico tiene que hacer cada mañana? Primero, cómo no puede llegar: no puede recaer en una persona en forma de deber normativo. El documento no puede decir «el técnico debe preocuparse por las personas de aguas abajo». Que se preocupe o no pertenece a su propia ley. Escribirlo sería legislar por él.

Puede recaer en una posición. Para ello deben concurrir tres cosas. Una fuente: la exigencia procede del permiso de vertido y de los procedimientos establecidos a partir de él, no del deseo momentáneo de un jefe. Un contenido: «tomar muestras a diario conforme a la norma, registrar fielmente y comunicar los excesos en dos horas» es identificable; «ser responsable con el medio ambiente» no lo es. Un registro: solo cuando el técnico acepta el puesto se constituye efectivamente la exigencia en su posición. El registro no aporta por sí solo el contenido ni demuestra su legitimidad.

Después de constituirse, aún hay que examinarla. Si vincula a una persona, debe comprobarse que conserve su posición: «Debe mantenerse como posición de sujeto capaz de responder, negarse y retirar el registro». El estudio de la responsabilidad llama a este examen compuerta T5. Si lo vinculado es un constructo, como cuando la fábrica exige algo a una entidad externa de análisis, se comprueba según las condiciones constitutivas de la responsabilidad de un constructo. Superar la compuerta tampoco lo resuelve todo: «Que T5 no haya fallado no es condición suficiente para que la exigencia sea legítima o esté libre de lesión». Una exigencia puede satisfacer todas las condiciones de la responsabilidad de función y, al mismo tiempo, cruzar el límite de una persona. Eso requiere un juicio separado.

Cómo es posible la institución lo reúne en una frase: «Un constructo puede exigir qué ha de hacer una posición; no puede exigir qué ha de pensar una persona».

Al aplicar esta regla al cultivo hay que tener especial cuidado: es donde más fácilmente se desliza el límite. La fábrica organiza un curso de lectura de planos y electricidad. Puede registrar como responsabilidades de un puesto «impartir las clases a su hora, preparar los materiales y cambiar los turnos de quienes quieran asistir». No puede registrar «conseguir que los trabajadores sean cultivados», ni convertir «que los trabajadores se identifiquen con la orientación de la fábrica» en un resultado exigible por la fuerza. El rendimiento de las tareas y las competencias operativas son otra cosa: leer planos o ejecutar correctamente un proceso se puede evaluar e incluir entre las exigencias del puesto, examinándolas por separado según las responsabilidades y el límite. Quien imparte la clase también puede actuar según su propia ley: enseña porque cumple una función y porque quiere que otros aprendan. Responsabilidad y obligación pueden coincidir en una misma actuación sin sustituirse. La fábrica no puede exigirle esa parte de ley propia ni certificarla en su nombre.

Quien trabaja es un fin

La fábrica es un medio. Quienes trabajan en ella no lo son. El técnico, el supervisor y quien da clase actúan para la fábrica en el ejercicio de responsabilidades; ellos mismos son fines. Esto tiene dos caras.

Una es la protección. La fábrica puede acreditar el contenido del papel del técnico: qué exige el puesto y si lo ha cumplido. Eso no basta para certificar su ley propia, y menos aún para atribuírsela. «La organización externa puede acreditar el contenido de un papel; no puede certificar por sí sola la ley propia de quien lo desempeña». Si no altera cifras por su propia ley, esa ley es suya. En la evaluación puede figurar «registra fielmente», pero no «lo hace por conciencia», ni se le puede exigir que lo haga por conciencia.

La otra cara es que nadie desaparece. Aquel otoño hubo un vertido por encima del límite. En la fábrica circularon dos explicaciones muy fáciles: «Fue una decisión de la fábrica» y «El puesto de vigilancia informó tarde». La primera escondía a las personas dentro del constructo; la segunda cargaba la cuenta del constructo a una persona. Cómo es posible la institución bloquea ambas: «No se debe ocultar, en nombre del constructo, una responsabilidad personal que cuente con fundamento independiente»; «tampoco se debe transferir automáticamente esa carga a un miembro por el mero incumplimiento del constructo». La fábrica tiene su cuenta; quien firmó, quien abrió la válvula y quien no informó cuando debía tienen cada cual la suya. Ninguna liquida las demás.

Por eso «solo cumplía las normas» falla en ambas direcciones: no puede disolver a quien ejecuta dentro del constructo ni hacer desaparecer al constructo detrás de quien ejecuta. Los detalles quedan para el siguiente ensayo.

La fábrica no abre la válvula

Hemos hablado todo el tiempo de «la actuación de la fábrica»: vierte, dicta procedimientos, organiza cursos. Pero la fábrica no abre la válvula. La teoría del poder lo formula con contundencia: «El dispositivo no ejerce poder; un individuo utiliza el dispositivo para ejercerlo». Cuando la fábrica vierte, el encargado de operaciones ha abierto la válvula y el director ha firmado el plan de producción. El constructo es dirección de imputación, no sujeto actuante. La dirección y quienes actuaron permanecen. De ahí salen las dos frases de la sección anterior.

No todo lo que hace la fábrica es una restricción. Los materiales del curso y los instrumentos nuevos del puesto de vigilancia no necesariamente actúan sobre los derechos de alguien. Solo la parte restrictiva, que prescribe quién debe hacer qué y cuándo, qué consecuencias afronta quien no lo hace o qué se vierte en el río de quién, se juzga según la distinción entre limitación y lesión de la teoría de los derechos. Esa distinción se lee en la estructura, no en los motivos. Aplicarla a la actuación del constructo exige remitir primero esa actuación a las posiciones que lo utilizan. Este es un paso que la serie asume por cuenta propia.

Una vez abierto el curso, ¿está la fábrica cultivando a los trabajadores? La distinción entre cultivo y colonización de la teoría de los derechos se formuló originalmente para el cuestionamiento por parte del otro. Aquí no hay una persona que cuestione a otra, sino un constructo que ofrece condiciones. Trasladar la distinción exige conservar tres cosas. Primero, la posibilidad de rechazar y reorientarse: el trabajador puede no ir, dejar de ir o aprender electricidad para dedicarse después a otra cosa. El curso no puede quitarle ninguna de ellas. Segundo, nombrar el cultivo según el crecimiento efectivo y precisar dónde ocurre. Tras un año de curso, un trabajador descubre mientras aprende que quiere ser electricista y no pasarse la vida ante la máquina de papel. Se presenta por su cuenta al examen de habilitación y luego cambia de empleo. En ese asunto se ha ampliado su propia ley. Aprender una habilidad más no basta necesariamente; si nada ha crecido, no se llama cultivo. Eso tampoco permite concluir que el curso o el trabajador hayan fracasado: si la fábrica cumplió su parte se examina por separado. Tercero, no aceptar como prueba sustitutiva la buena intención, el objetivo de diseño o la etiqueta. Por buena que sea la intención, por mucho que el cartel diga «plan de crecimiento», no demuestra nada por sí solo.

Ahora podemos formular la línea principal. Ante los sujetos de su interior, la institución mantiene la oposición a la colonización y procura el cultivo; ella misma permanece siempre abierta al cuestionamiento. Mantener corresponde a los dos primeros deberes: no cruzar el límite de nadie y preservar los límites entre las personas de su interior. Procurar corresponde al tercero y al cuarto: proporcionar condiciones para el cultivo y dejar espacio al cultivo entre personas. Permanecer abierta al cuestionamiento es el quinto, y también la forma que adoptan los cuatro anteriores en el tiempo. Mantener no significa que la fábrica siempre pueda lograrlo. Si puede, y qué hacer cuando no puede, corresponde a teorías dotadas de capacidad de juicio. El deber no se retira porque durante un tiempo no se pueda cumplir. Aquí «colonización» tiene su sentido estrecho: una transgresión disfrazada de cultivo. El límite que se mantiene es más amplio. Un vertido que oprima la salud y el sustento de la familia de aguas abajo, o una configuración que cierre la vía de rechazo de una persona, quedan dentro de los dos primeros deberes aunque no se disfracen de cultivo.

La fábrica y el río seguirán presentes en los próximos ensayos.