Una multa de aparcamiento

Tres preguntas

El ayuntamiento de Ciudad Manzana aprobó una nueva ordenanza de aparcamiento: en las calles del casco antiguo se cobraría por tiempo y, a partir de las diez de la noche, quedaría prohibido aparcar. Un vecino del barrio no estaba de acuerdo. Siguió dejando el coche en la calle por la noche y recibió una multa. Si no la pagaba, podían llevarse el coche.

Ciudad Manzana es ficticia, como también lo son el estado al que pertenece, el pueblo vecino situado río abajo y una de las urbanizaciones de la ciudad. Los siete ensayos de esta serie transcurren allí; a los personajes se los identifica por su puesto, sin darles nombre. Ante esta multa caben tres preguntas. ¿Con qué fundamento? ¿Cómo llega a haber en una ciudad algo capaz de establecer esa norma y expedir esa multa? A eso ya respondió Cómo es posible la institución. ¿Para qué? ¿Qué debe conseguir ese algo y qué no puede hacer? La teoría de las instituciones ya respondió: cinco deberes normativos, orientados al reino de los fines. ¿Cómo? ¿Cómo establecer esa disposición, cómo imponer la multa, quién responde y de qué cuando el vecino discrepa, qué hacer cuando no se puede cumplir? La teoría de las instituciones dejó esta pregunta en otras manos desde su inicio: «Las teorías institucionales específicas, como la teoría del gobierno y la teoría de la empresa, responden a cómo hacerlo; también juzgan si algo es realizable y qué hacer cuando no lo es».

Esta serie empieza por la tercera pregunta. Su término central es el juicio: la regla llega hasta aquí; para dar el siguiente paso hace falta alguien que juzgue. Pregunta cómo juzga un gobierno en situaciones concretas, ante quién debe responder de esos juicios y sobre qué. Este ensayo no juzga la ordenanza de aparcamiento: solo se sirve de ella para separar las tres preguntas. Antes de seguir, hay varias cosas que despejar.

Es un medio, no un sujeto

El gobierno no es un fin. La primera premisa de Cómo es posible la institución dice: «Toda institución, incluida la constitución más elegante, es un medio y no un fin». El gobierno es una institución y, por tanto, un medio. Por eso se le puede decir «esto es lo que debes hacer»; y por eso su continuidad puede ser una condición para actuar, pero no una razón para cerrar el cuestionamiento. La dirección es el reino de los fines: «Lo hacen las personas; las instituciones no pueden hacerlo por ellas, ni queda hecho porque una institución lo declare».

Tampoco es un sujeto. La ordenanza de aparcamiento se aprobó mediante una votación del ayuntamiento: quienes levantaron la mano fueron concejales, uno por uno. La multa también la expidió una persona que ocupaba un puesto de ejecución de la norma. Ciudad Manzana no levanta la mano ni expide multas. La teoría del poder dice: «El Estado no firma decretos; los funcionarios situados en nodos decisivos los firman mediante el dispositivo estatal». La teoría de las instituciones dice: «El constructo es dirección de imputación, no sujeto actuante». Toda actuación gubernamental puede remitirse a personas que, desde una posición, utilizan el gobierno. Surte efecto en nombre de este, y la dirección a la que se imputa es el gobierno como constructo. Ambos extremos permanecen: ninguno oculta al otro.

No es un obligado

Se suele decir que «el gobierno tiene la obligación de…». Esta serie no lo dice así. La teoría de los derechos no establece obligaciones horizontales; al hablar del gobierno, lo expresa con mayor claridad: «Es el soporte de ese poder, no un obligado. Eso no significa que la exigencia no sea real ni coercitiva: puede ser muy real y muy coercitiva. Solo significa que su posición estructural es la de una exigencia del poder, no la de una obligación horizontal».

El estudio específico de la responsabilidad distingue otro término: la responsabilidad de función es «la carga de respuesta que quien recibe los efectos mantiene en esa posición»; «solo un sujeto puede tener obligaciones; tanto los constructos como los sujetos pueden tener responsabilidades de función». Una posición gubernamental es «un acontecimiento de registro» y también tiene responsabilidades de función. Al hablar del gobierno, por tanto, hay que distinguir cuatro lugares. Al gobierno como constructo se le dirigen deberes normativos y límites, es decir, hasta dónde puede llegar su actuación. En la posición en que queda sujeto a la constitución o a un nivel superior y de la que no puede retirarse unilateralmente, se habla de responsabilidad de función. De los puestos dentro del gobierno se habla también en esos términos. A las personas que ocupan esos puestos y a los sujetos de su interior no se les escriben deberes normativos: allí está su propia ley. En toda la serie se evita hablar de «las obligaciones del gobierno».

No es un «nosotros»

La teoría de las instituciones dice: «La institución no puede engendrar un “nosotros”». La teoría del conflicto formuló una proposición de la misma forma para la relación entre dos personas: «El consenso no genera automáticamente un tercer legislador en primera persona». Extenderla al gobierno es un paso que esta serie asume por su cuenta: las disposiciones gubernamentales no generan una tercera primera persona que realice por cada individuo su legislación interior.

Esto no elimina la fuerza ejecutable que las reglas públicas tienen sobre las acciones dentro de sus competencias. Si una disposición se adopta mediante una competencia y un procedimiento válidos y solo restringe acciones que pueden restringirse, la discrepancia de una persona no basta por sí sola para anular sus efectos sobre ella en el plano de la competencia y el procedimiento. No se incluyen aquí las posiciones de sujeto que no admiten ser sobrescritas. El primer ensayo volverá sobre cómo juzgar el caso del aparcamiento. Pero lo que una disposición puede exigir tiene un límite: «Puede exigir que una persona no aparque de noche; no puede exigirle que reconozca que “no aparcar de noche es lo correcto”».

La acusación pública también se sitúa aquí. La serie de teoría jurídica sostiene que eliminar a un ser que sabe que existe amenaza a todos los sujetos y que, por ello, «el poder público debe perseguirlo en representación de todos los sujetos». Esta serie entiende «en representación de todos los sujetos» así: iniciar un procedimiento en favor de quienes son objeto de protección, desde una posición pública válida. La acusación pública persigue en representación de todos los sujetos; no forma por ellos un «nosotros», no hace suya la ley interior de cada cual ni adquiere facultades ilimitadas por invocar esa representación. Aplicar esta lectura a la acusación pública en general es un paso propio de la serie. El segundo ensayo volverá sobre él.

Validez no equivale a legitimidad

Ocupar un puesto no significa ocuparlo legítimamente; que una disposición haya sido incorporada y ejecutada tampoco la hace legítima. Sobre el registro, la teoría del poder dice: «Registrar no es consentir, ni legitimar, ni reconocer legitimidad». Sobre la protección, la teoría de las instituciones dice: «Poder ejecutar algo tampoco demuestra que sean legítimos el contenido y la competencia de esa ejecución».

Los efectos de una decisión sobre una persona requieren respuesta en tres planos: qué efectos produce de hecho; bajo qué competencia y procedimiento es válida; con qué fundamento puede actuar así en términos normativos. Que una disposición haya sido votada por el ayuntamiento e incorporada conforme al procedimiento, y que una multa se imponga con arreglo a ella, responde, a lo sumo, hasta el segundo plano. El tercero sigue abierto. Tiene varias condiciones necesarias: no cruzar los límites, garantizar los derechos de reconocimiento incorporados y permanecer abierto al cuestionamiento. Pasar de los deberes normativos a estas condiciones necesarias es otro paso que esta serie asume por su cuenta. Ninguna de las tres es una condición suficiente.

En La política como vocación, Weber preguntó por qué obedecen los dominados. Distinguió, en principio, tres fundamentos de legitimidad de la dominación: la autoridad del «eterno ayer», la autoridad carismática y la dominación en virtud de la «legalidad», es decir, de la creencia en la validez de reglas legalmente establecidas. Las dos preguntas no son la misma. Weber pregunta sobre qué base obedecen empíricamente los dominados y qué consideran fundamento del derecho a mandar de quien domina. Esta serie pregunta por la legitimidad normativa. Ambos planteamientos se encuentran en el tercer fundamento: creer en la validez de reglas legalmente establecidas puede llevar a obedecer; esa creencia no responde por qué las reglas pueden exigir eso en términos normativos. De esto último se ocupa la serie. Es una delimitación de ámbitos, no una refutación.

Dos clases de derechos

El gobierno no es la fuente de los derechos básicos, ni el único que tiene prohibido vulnerarlos. La teoría de los derechos afirma que estos «proceden de la propia ley y son ontológicamente anteriores»; la teoría de las instituciones dice: «Los derechos básicos no son una creación de la institución». Su inviolabilidad se deriva del lado del sujeto y, por tanto, vale por igual frente a individuos, constructos y gobiernos.

Lo específico del gobierno está en la otra mitad: garantizar los derechos de reconocimiento que ha incorporado para sus sujetos internos. La teoría de los derechos dice que, en una misma articulación, «lo que se lee desde el lado de la actuación es poder, y lo que se lee desde el lado de la posición del sujeto es derecho de reconocimiento». El gobierno sostiene el lado del poder. Si no permite operar al lado del derecho, la posición queda despojada de él y «degenera en fuerza». La estructura ofrece esta lectura, no un deber normativo. La garantía es una nueva asunción que esta serie establece del lado gubernamental, de tres maneras: no despojar de derechos, no dejar una cáscara vacía y someter a publicidad y cuestionamiento toda retirada o modificación. Si no garantiza, el poder carece de legitimidad en ese punto y debe rendir cuentas; si garantiza, eso tampoco basta para hacerlo legítimo.

Ni proyecto de diseño ni manual para juzgar

Esta serie no es un proyecto de diseño. Especifica qué funciones deben tener un responsable, sin disponer que solo pueda asumirlas una forma determinada. Cómo es posible la institución dice: «La separación de poderes adoptada aquí es una realización de esa función, no la única». Aquí la separación de poderes se formula funcionalmente: la elaboración de normas, su ejecución y su fiscalización no recaen en una misma posición; quien fiscaliza es independiente de quien es fiscalizado. Se cuentan funciones, no organismos. Allí donde la separación pueda ser menos intensa, la apertura al cuestionamiento no disminuye.

Tampoco es un manual para juzgar. La teoría de la acción dice: «Las reglas no pueden ejercer el juicio en lugar de nadie: reglas, hechos, razones y sentimientos pueden entrar en él, pero aplicar, ponderar y hacerse cargo del juicio sigue siendo tarea de quien juzga». Por eso no puede ofrecerse aquí un repertorio de reglas que sustituya al juicio: no es que todavía no esté terminado; conforme a esta premisa, no puede escribirse. La serie tampoco pretende enseñar a juzgar. No realiza por quien ocupa un puesto el juicio sobre un caso particular; examina ante quién debe responder el juicio público al formularse, ejecutarse y corregirse.

Qué clase de constructo es un gobierno

El gobierno del que habla esta serie es un constructo de gobierno que toma un territorio como jurisdicción, adopta y ejecuta de manera continuada decisiones sobre los asuntos públicos de ese territorio y se sostiene en posiciones públicas cuyos ocupantes van y vienen. Comprende todos los niveles: una urbanización, según las funciones de decisión y ejecución públicas que efectivamente desempeñe; una ciudad, un condado o un estado; y el gobierno interior del nivel nacional. En la urbanización El Huerto, la asamblea de propietarios aprueba normas y la junta de la comunidad adopta decisiones para ejecutarlas. Por esas funciones, la urbanización cuenta como gobierno en el sentido de esta serie. La dimensión exterior del nivel nacional, las fronteras, la pertenencia y la guerra, queda para la teoría del Estado.

Jurisdicción e interior son cosas distintas. La jurisdicción es un territorio en el que se concretan las decisiones y la coacción. El interior se delimita por el entrelazamiento, no por la identidad: «Lo integran las personas implicadas en el entrelazamiento que gestiona el constructo y aquellas a las que alcanza su actuación sin que puedan evitarla retirándose». Lo que Ciudad Manzana vierte al río llega a Villa del Sauce, aguas abajo. Sus habitantes no están dentro de la jurisdicción de Ciudad Manzana, pero pueden estar en su interior. El alcance de la influencia no equivale al de la autoridad.

La serie llama gobernantes a quienes juzgan desde esas posiciones: toda persona que desempeña una posición pública y juzga en ella, incluida la primera línea. Lo es el alcalde que firma un decreto; también quien tramita permisos de puestos de venta, el policía que acude de noche a la calle del Dique y la trabajadora social que se lleva a un niño esa misma noche. La serie no prescribe deberes normativos a los gobernantes como personas; sus puestos tienen responsabilidades de función.

Una regla para medir

La serie entera se reúne en una frase: Ante los sujetos de su interior, el gobierno mantiene la oposición a la colonización y procura el cultivo; sus juicios no cruzan límites, deben explicarse y permanecen abiertos al cuestionamiento. La primera mitad sigue la línea principal de la teoría de las instituciones; la segunda es una formulación propia de esta serie. Lo que se «mantiene» abarca varias cosas que no se rebajan con los recursos ni se suspenden en una emergencia: la actuación del constructo no cruza límites; preserva los límites entre sus sujetos internos; no cierra los cauces de rechazo, revisión, salida y cambio de orientación; mantiene abiertos los cauces para ser cuestionado; garantiza los derechos de reconocimiento incorporados. La enumeración es más amplia que la de la teoría de las instituciones, donde «mantener» solo se refería a los dos primeros deberes normativos. Reunirlos así es otro paso asumido por esta serie. Lo que se «procura» es proporcionar, según la densidad relacional, condiciones para el cultivo de los sujetos internos y dejar espacio al cultivo entre ellos. «Colonización» se utiliza en sentido estricto: «La colonización es una transgresión disfrazada de cultivo».

Hay que distinguir dos expresiones. «Abierto al cuestionamiento» significa que el cauce permanece abierto, para todo gobierno y en todo momento. «Debe rendir cuentas» significa que un incumplimiento verificado deja pendiente una explicación y una corrección. Ser cuestionado no es, por sí mismo, prueba de ilegitimidad; ofrecer un cauce tampoco acredita que se haya reparado algo. La serie asume esta proposición: ningún gobierno puede llegar a ser perfecto, de modo que el cuestionamiento es la situación normal, no una excepción. Proclamarse perfecto es ya, por sí solo, algo que debe ser cuestionado.

Esta serie no hace tres cosas por el lector. No escribe cómo lograrlo ni enseña a juzgar: no proporciona una lista de correcciones, un orden constitucional ni una imagen de «cómo es un buen juicio». No dirige deberes normativos a las personas: quien gobierna también es una persona; de su puesto habla en términos de responsabilidad de función, sin prescribirle deberes como persona. Tampoco juzga por el lector al gobierno bajo el que vive: la frase principal es una regla para medir; dónde aplicarla, cómo hacerlo y qué resulta de ello corresponde al lector. «Ningún gobierno puede ser perfecto» tampoco es un veredicto sobre ningún gobierno real.

Volvamos a la multa. El primer ensayo retomará lo que aquel vecino quiere preguntar. Este solo entrega una cosa, que el artículo académico formula sin ambigüedad: «Lo único que esta serie ofrece al lector es esta regla para medir; si la toma para preguntar y a quién pregunta es asunto suyo».