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Non Dubito

La escuela no solo enseña · 08

El dinero llegó a la escuela. ¿Le llegó al niño?

Lo que se garantiza no es el letrero de un centro para siempre, sino una enseñanza que el niño pueda recibir hoy y continuar mañana.

Han Qin ·

Imaginemos una reunión sobre la fusión de escuelas. En la pantalla aparecen fotos del nuevo centro: aulas luminosas, buenos equipos. Una madre pregunta a qué hora tendría que salir de casa su hijo. Otro padre pregunta quién vigilaría a los niños a la hora de comer. No están rechazando el nuevo edificio. Han devuelto la conversación a quienes de verdad han de llegar allí cada mañana.

Es fácil mirar el presupuesto desde el lado de la institución: cuánto se asignó, qué se construyó y si las cuentas cumplen los requisitos. Todo eso importa, pero falta el último tramo. Que el dinero llegue a la escuela no dice que la educación haya llegado a cada niño. Una plaza en el registro tampoco prueba que este niño pueda asistir y aprender.

Empecemos por cuatro cosas básicas: tener dónde estudiar, recibir cuidado y protección en el centro, contar con la enseñanza que corresponde y tener profesores suficientes y capacitados. Se sostienen unas a otras, pero no se reemplazan. Un aula bonita no suple la falta de supervisión. Un profesor muy responsable no puede hacer indefinidamente el trabajo de varios que faltan.

Nada de esto es un premio al buen comportamiento. El alumno puede rechazar el futuro que la escuela imaginó para él, quedarse por debajo de las expectativas o disputar una decisión sin que por eso se le retire lo básico. Lo primero es que esa persona tiene derecho a aprender; después viene cómo organiza la escuela el trabajo.

Tener dónde estudiar requiere distinguir dos cosas. Durante la enseñanza obligatoria no se debería elegir primero, por sus notas, a los niños que merecen entrar y dejar fuera al resto. Fuera de la enseñanza obligatoria, dentro de las garantías que se proponen aquí, todos deberían tener un camino practicable para seguir aprendiendo. Eso no da a cada uno una plaza en el centro que señale.

Una escuela concreta fuera de la etapa obligatoria puede fijar requisitos de ingreso. No entrar en ella no debería dejar a un niño sin enseñanza. Tiene que existir otra vía real, y el hecho de que se lo sitúe allí no debería cerrar por anticipado la posibilidad de cambiar después de dirección. El procedimiento concreto de admisión requiere una justificación aparte.

La garantía que aquí se propone va desde la educación infantil hasta antes de la universidad. No se afirma que las leyes vigentes ofrezcan lo mismo en todas partes. Decir qué se pretende permite hablar de cómo sostenerlo. En la escuela infantil, garantizar algo no equivale a adelantar las materias de primaria: el cuidado, el juego y las actividades propias de esa edad tienen un lugar.

Entrar por la puerta tampoco asegura que la enseñanza de dentro pueda aprovecharse. Un niño necesita ayuda para llegar, otro necesita alguna forma de apoyo para participar en el aula. Si solo contamos las cartas de admisión enviadas, quienes más necesitan ayuda pueden desaparecer de unas cifras que ya se dan por completas.

Los recursos son limitados. Decir que todos tienen un camino no hace desaparecer la escasez. Reconocerla debería llevar a decir qué falta, quién puede aportarlo y qué se puede hacer mientras tanto. No debería convertir la falta de un servicio en un veredicto de que el niño nunca tuvo derecho a él.

Algunos niños aprenden en otro lugar: otra escuela, un arreglo privado o alguna forma de enseñanza en casa. Si ese arreglo es legal y cómo funciona dependen de las leyes del lugar y de los hechos. Haber dejado la escuela pública no debería hacer que el niño pierda la posibilidad de volver a acceder a la educación pública. A menudo decidieron los adultos, no él.

Volver no significa que, con pedirlo, haya de inmediato una plaza en cualquier escuela y curso. Hay que ocuparse de la transición, la asignación de una plaza apropiada y el apoyo. La parte pública todavía responde por cómo reanudar la educación. Una elección anterior de los padres no es motivo para rechazar para siempre al niño.

También conviene distinguir en el caso de las escuelas privadas. Una escuela que no ha asumido un servicio público concreto no tiene por qué prestarlo a todo el mundo. Al admitir a un niño sí asume la enseñanza, el cuidado, el personal y la protección que le corresponden. Los derechos básicos no se quedan fuera porque el cartel del centro sea de un particular.

Si una institución privada recibe fondos públicos para un servicio, hay que mirar qué se comprometió a dar y si lo dio. Una garantía pública no exige por definición que cada escuela esté gestionada directamente por el Estado. A la inversa, encargar la gestión a otra entidad no libra a la parte pública de preguntar qué recibe el niño.

Por eso no se resuelve la disputa con «el dinero sigue al niño» ni con «preservemos la escuela pública». Ante cada propuesta hay que explicar cómo se accede a la educación, quién actúa si el servicio se interrumpe y si quedarían apartados quienes necesitan más ayuda. Estos criterios no le dan de antemano la razón a un modelo de financiación.

Además de lo básico, hay condiciones que dejan más espacio para crecer. ¿Tiene un profesor tiempo para una pregunta inesperada? ¿Puede una tarde quedar sin convertirse enseguida en preparación de exámenes? ¿Hay adónde ir, hay alguien disponible? Todo eso también cuesta. Una actividad maravillosa no compensa un rato sin el cuidado necesario.

No es preciso dividirlo en dos presupuestos. La misma hora con un profesor puede servir para explicar bien la lección y para escuchar una pregunta propia del niño. Mejorar lo básico a menudo deja sitio a lo segundo. Tener plantilla y horario suficientes no demuestra que todos vayan a crecer como se esperaba.

Si para conservar el apoyo hay que exhibir un resultado de crecimiento previsto, cambia la relación. Los profesores tienen que mostrar que todos avanzan en la dirección aprobada, y los niños deben presentar la versión que se esperaba de ellos. Lo que se ofreció para que pudieran llegar a ser ellos mismos empieza a exigirles que sean primero cierta clase de persona.

Quien aporta los fondos puede preguntar dónde se gastaron, si se contrató suficiente personal y si se ofrece el servicio prometido. Asignar una partida, pedir informes y hacer comprobaciones no equivale a intervenir en todo. Los requisitos públicos sobre lo que se enseña se examinan también según la autoridad que los sostiene. No hay que declarar ilegítima cualquier condición que acompañe al gasto.

Pero aportar recursos no da derecho a decidir la vida del niño ni cada juicio concreto del profesor. Pagar la matrícula tampoco compra el futuro de ese niño. Se puede exigir algo al servicio y preguntar por los motivos. No se puede pasar, sin más, de «yo pagué» a «tienes que vivir como yo necesito».

La fusión o el cierre vuelven concretas estas diferencias. Se protege que el niño siga educándose, no que cada centro deba quedarse para siempre donde está. Los cambios de población, de recursos o de seguridad pueden justificar una reorganización. Que haya razones para reorganizar las escuelas y que después los niños estén bien atendidos son conclusiones distintas.

Antes de cerrar el centro de origen, debería verse el siguiente camino: adónde se va, cuánto se tarda, quién cuida a los niños, si cabe más gente en las aulas y cómo se enlazan las materias. No cabe retirar primero lo que existe y dejar que las familias llenen el hueco. Traspasar nombres de un registro a otro no demuestra que la vida escolar tenga continuidad.

Las directrices chinas de 2012 sobre reorganización de las escuelas rurales de enseñanza obligatoria incluyeron condiciones precisas: disponer el centro o el servicio de reemplazo antes de cerrar, y no forzar una fusión o un cierre si se opone la mayoría de los padres o de los representantes que participan en la audiencia, ni mientras queden problemas como un trayecto inseguro, alojamiento o alimentación inadecuados, o aulas gravemente masificadas. Eso dice el texto sobre cómo proceder. No prueba que se haya respetado en todos los casos.

Lo valioso no es solo prometer que se escucharán opiniones. Es hacer que el camino diario, la comida y el cuidado cuenten entre las razones de la decisión. Que un niño viva lejos no es una pequeña complicación que surge cuando el proyecto ya está resuelto. Es parte de si el proyecto le da una enseñanza que puede usar.

Las familias también deberían poder preguntar por los motivos, los costes y las alternativas, y conseguir que una objeción llegue a la revisión adecuada. Aún hay que explicar qué facultades concretas tiene quien participa o supervisa. No se deduce un veto unilateral para cada familia en todos los sistemas y todos los cierres.

Tampoco basta una respuesta que cumpla con todas las formalidades si el alumno todavía no puede llegar al nuevo centro o, al llegar, carece de cuidado necesario. Un documento no puede recorrer el camino por él. Qué se puede hacer ahora, qué falta y quién va a seguir respondiendo son cuestiones que deben seguir abiertas.

Al terminar la reunión, el edificio nuevo aún puede merecer que se construya y quizá haya razones para reorganizar la antigua escuela. Pero quien preguntó a qué hora habría que salir de casa no necesita demostrar que entiende de presupuestos para poner el camino de su hijo sobre la mesa. Que las cuentas estén en orden importa. Que el niño llegue al aula no es algo ajeno a ellas.

El dinero para la educación no acaba su recorrido al descansar en la cuenta de una institución. Ha de llegar a ser un aula a la que se pueda entrar, un mediodía con alguien que cuide, profesores que puedan enseñar y tengan tiempo de responder, y un mañana que siga enlazado con hoy cuando algo cambia.

Fuentes y nota de lectura

Estos nueve ensayos parten del texto introductorio y ocho artículos sobre la escuela. Se ocupan de las responsabilidades públicas de la educación infantil, primaria y secundaria, sin confundirlas con el juicio particular de quien enseña ni con la organización universitaria. Las escenas sin fuente son imaginadas. Las reglas citadas conservan su fecha y su ámbito; estar escritas no prueba que se apliquen. Proteger, enseñar y dejar espacio para crecer son tareas distintas. La condición básica del niño no depende de sus notas ni de su madurez. La escuela, el profesorado, las familias y los servicios públicos responden cada cual por su propia tarea. Los modelos de desarrollo no son calendarios de edades acreditados. No se ofrecen orientaciones jurídicas, médicas ni de protección para casos particulares.

Artículo original ↗

Directrices de 2012 sobre reorganización de las escuelas rurales de enseñanza obligatoria: procedimiento y condiciones de continuidad ↗