La escuela no solo enseña · 09
Se puede terminar el reglamento, no cerrar la puerta a las preguntas
La escuela tiene que decidir. También tiene que dejar que quienes no pueden irse lleguen con sus preguntas a donde de verdad se toman las decisiones.
La política de vida comunitaria de Summerhill, de octubre de 2026, permite a alumnos y personal presentar asuntos a la asamblea escolar. Las reglas cotidianas pueden cambiar por votación. El texto también deja fuera del autogobierno las decisiones sobre el personal, la admisión y la expulsión, las finanzas y algunos asuntos de seguridad. La libertad no borra por sí sola los límites de cada responsabilidad.
El mismo texto afirma que elegir si se va a clase es una posibilidad real. Se refiere a participar en las lecciones; no dice que deje de existir cualquier obligación de asistir a la escuela. La práctica de un centro no tiene que volverse la respuesta para todos. Permite distinguir quién puede plantear algo, qué puede cambiar y para qué decisiones hay que encontrar a otro responsable.
Imaginemos otra sala de reuniones. La escuela ha invitado a los padres a hablar de un reglamento nuevo; alguien anota con cuidado lo que dicen. Al terminar, un niño pregunta qué pasa con la regla que todavía no entiende. Si la única respuesta es que las opiniones ya se recibieron, puede que la pregunta no llegue nunca a donde alguien pueda cambiar algo.
Tener un buzón de sugerencias no equivale a darle camino a una pregunta. Al menos importan tres cosas: que la parte cuestionada no controle por sí sola la revisión, que los afectados puedan iniciarla y que preguntar no se pague con represalias. Si falta una, la vía impresa en un manual puede cerrarse justo cuando más se necesita.
No hace falta que se acepte toda objeción. Hace falta que pueda entrar, que la respuesta se refiera a lo que se preguntó, que la decisión tenga razones y que pueda revisarse por una vía que la parte cuestionada no controle por sí sola. Cambiar la decisión y haberla sometido de verdad a preguntas no son el mismo resultado.
Esto incluye a los alumnos, a los profesores y al resto del personal. No puede depender de hablar con soltura ni de conocer el procedimiento. Un niño puede necesitar ayuda o expresar que algo va mal sin una frase entera. Si un trabajador temporal advierte un peligro, no se vuelve irrelevante porque carezca de un puesto formal en el gobierno escolar.
Tampoco basta una lista para describir cómo se relacionan los padres con la escuela. Si esta fija las horas de entrada y recogida, cambia la jornada y el trabajo de una familia. Esa relación real merece respuesta. Los padres no deberían tener que adquirir primero un puesto dentro de la escuela para preguntar o supervisar. No tenerlo no les quita el derecho a preguntar.
Aun así, la pregunta tiene que llegar a donde se tomó la decisión. Elegir el programa, meterlo en el horario y decidir qué explicar más despacio hoy son actos relacionados y distintos. El profesor que tenemos delante no puede responder por el programa entero. Y que lleguen exigencias de arriba no exime a la escuela de explicar por qué llenó todas las tardes.
Si un niño pide cambiar de clase, la escuela debe explicar el reparto. Si se discute una evaluación, hay que volver al juicio y a las pruebas. Conservar registros es otra cosa: para qué, quién los ve y cuándo dejan de hacer falta. Corregir un dato inexacto no quiere decir que se haya revisado la decisión original sobre la nota o la disciplina.
Si para cuidar se usa coacción, hay que aclarar la responsabilidad, la necesidad y el límite. Haberla usado no demuestra que hubiera autoridad para hacerlo. Ante un daño hay que proteger al niño y actuar dentro de la escuela; según el caso, también puede ser obligatorio informar a las autoridades competentes. Informar no borra sin más la protección que la escuela todavía puede dar en ese momento.
Tampoco los programas, los profesores y el dinero pueden servir para señalar a otro lado. Si se adopta la recomendación de una plataforma, la escuela debe responder por haberla adoptado. Cuando faltan profesores, hay que distinguir lo que falta en la provisión pública, cómo se organiza el personal del centro y el trabajo que corresponde a cada uno. La buena voluntad de un profesor no es un cheque sin límite.
Las distinciones no deberían hacer que las familias visiten más ventanillas, sino evitar que en todas les digan que el asunto no corresponde allí. La vía debe ayudar a saber quién explica la regla y quién responde por cómo se aplicó. Que alguien pueda responder por su parte no le permite dar por resueltas también las preguntas que les corresponden a otros.
Casa y escuela deben cooperar. Eso no hace de los padres subordinados de la escuela. El centro no puede convertir su propio trabajo en colaboración obligatoria de las familias. La circular china de 2021 sobre los deberes prohíbe expresamente poner tareas a los padres o exigirles corregirlas. Es un límite concreto; no significa que dejen de hablar entre ellos.
A la inversa, ser padre no da todas las facultades de la escuela. Querer al niño y asumir mucho no autoriza por sí solo a evaluar un trabajo en lugar de un profesor o a sancionar a otro alumno. Si por el cauce debido se obtiene un puesto concreto, se actúa dentro de sus funciones y se responde por las decisiones que se tomen.
De un puesto así hay que saber de dónde viene, qué hace, cómo se confirma quién lo ocupa y en qué influye. Un nombre que pone la parte supervisada no basta para que la supervisión sea independiente. No se debería obligar a nadie a participar, y quien participa debe poder decidir cuándo salir. Que los padres participen tampoco traslada a sus manos la enseñanza, el cuidado o la evaluación.
La Ley de Educación Preescolar china, aprobada en 2024 y vigente desde 2025, exige comités de padres en las escuelas infantiles y les atribuye funciones de opinión, propuesta y supervisión. El texto no autoriza a extender eso a decidirlo todo. Cómo trabaja un comité concreto y si logra llegar a quien toma una decisión depende de cómo esté organizado.
Pagar la matrícula tampoco compra el futuro del niño. La escuela no puede borrar sus preguntas y negativas diciendo que los padres ya están de acuerdo. Si una exigencia de la familia llega al niño por medio del centro, el centro responde por transmitirla. La familia sigue respondiendo por haberla planteado. La autorización de uno no borra lo que hizo el otro.
A menudo lo más difícil no es que una parte carezca claramente de razones, sino que ambas digan buscar el bien del niño. Los padres tienen sus motivos, la escuela los suyos, y el niño no sabe explicarse del todo. Si solo se compara quién sabe más o quiere más, es fácil sacar de la discusión precisamente a quien menos puede hacerse oír.
Empecemos por ver a quién le corresponde decidir este asunto. Si es un arreglo que la escuela necesita ahora para cuidar al niño, no puede devolver a los padres la decisión inicial. Tampoco puede ensanchar su autoridad sin límite invocando esa obligación. Si es una decisión de la vida familiar, la escuela no sustituye a la familia, aunque responde por la protección, la respuesta o la derivación que estén a su alcance.
Después hay que dar razones a la otra parte y al niño, de un modo que el niño pueda entender. «Eres pequeño, obedece» no explica por qué esta vez hace falta actuar así. «Nosotros sabemos más» tampoco da un motivo concreto. Explicar no asegura que alguien esté de acuerdo; le deja algo que puede mirar y preguntar.
Hace falta una vía para revisar la decisión que no controle solo quien la tomó. Que el niño se aparte, se resista de manera repetida o diga algo con ayuda puede contar como indicio. No tiene que redactar antes un recurso impecable. Tomarlo en serio tampoco exige retirar en el acto toda medida protectora que siga siendo necesaria.
Por último, tratemos esto como un arreglo de hoy, no como una entrega permanente de autoridad. Si surgen hechos nuevos, puede cambiar. Si el niño ya puede juzgar y asumir este asunto, debe recuperar la decisión. La edad y el curso pueden orientar reglas generales, sin determinar por sí solos cada capacidad concreta.
Alguien teme que, si todo se somete a preguntas, gente sin experiencia pueda entorpecer el trabajo profesional. Conviene reconocer que juzgar exige tiempo y margen, y que revisar no significa que quien objeta tome de inmediato las riendas del aula. Un motivo profesional puede sostenerse precisamente porque se puede explicar y comprobar, sin escudarse siempre en que los demás no entienden.
Otra objeción dice que los padres son los primeros responsables de la educación y que la escuela tendría que hacer lo que piden. La cercanía y el trabajo que asumen merecen atención. Ser quien más cerca está de alguien no da derecho sobre todo su futuro. La escuela no puede ahorrarse la respuesta al niño invocando lo que quieren los padres.
Estos arreglos también tienen que dejar a los profesores un margen que no se puede evaluar como producto. Un niño puede ver cómo un profesor cambia de parecer, admite un error y termina con cuidado el trabajo que le toca, y vislumbrar cómo querría vivir él. La escuela puede dejar que suceda. No puede fijar cuántas veces tiene que pasar cada trimestre.
Poner esa influencia en los criterios de contratación, evaluación y resultados puede convertirla en una representación. Hay que examinar qué trabajo hizo el profesor y si la escuela le dio tiempo y medios. No hay que contar a cuántos niños les dio un rumbo. Un profesor puede ofrecer un ejemplo sincero sin que el niño le deba imitar.
Al final, la escuela sigue siendo un arreglo al servicio de la gente, no un fin que haya que conservar para siempre. Ni el reglamento más cuidadoso puede prever la situación de cada niño. Las reglas necesitan distinguir unos casos de otros; la vida seguirá trayendo personas y problemas que no se previeron del todo al trazar esas divisiones.
Un asunto puede terminar y una disputa puede cerrarse dentro de límites claros. La gente no puede esperar para siempre, y la escuela tiene que seguir funcionando. Cerrar un caso no da a nadie poder para cerrar desde ese momento todas las preguntas. Si aparece un hecho nuevo o una cuestión distinta, todavía debe haber una manera de plantearla.
Cuando se guarde el acta, el niño aún puede preguntar por qué se escribió así la regla. Un profesor puede preguntar cuánto tiempo le deja el horario para decidir en un caso concreto. Una familia puede preguntar quién responde por lo que venga después. Nadie gana por el mero hecho de preguntar. La escuela puede escuchar algo que todavía no ha oído.
El reglamento puede imprimirse, el horario quedar listo y el presupuesto cerrarse. Hacer todo eso no significa haber puesto por fin a cada persona en una forma perfecta. Significa que hoy hay dónde estudiar, alguien que cuida y una enseñanza a la que se puede acceder. Y que todavía queda dónde preguntar: ¿puedo llegar a ser yo aquí?
Fuentes y nota de lectura
Estos nueve ensayos parten del texto introductorio y ocho artículos sobre la escuela. Se ocupan de las responsabilidades públicas de la educación infantil, primaria y secundaria, sin confundirlas con el juicio particular de quien enseña ni con la organización universitaria. Las escenas sin fuente son imaginadas. Las reglas citadas conservan su fecha y su ámbito; estar escritas no prueba que se apliquen. Proteger, enseñar y dejar espacio para crecer son tareas distintas. La condición básica del niño no depende de sus notas ni de su madurez. La escuela, el profesorado, las familias y los servicios públicos responden cada cual por su propia tarea. Los modelos de desarrollo no son calendarios de edades acreditados. No se ofrecen orientaciones jurídicas, médicas ni de protección para casos particulares.
Ley de Educación Preescolar, artículo 33: comités de padres y participación del personal ↗