El río está creciendo

Estado de emergencia

En la primavera del quinto año, el río creció. Aquella noche, el alcalde de Ciudad Manzana declaró el estado de emergencia conforme a la ordenanza municipal: toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana; requisa del instituto de la calle del Dique, dependiente de Educación, para usarlo como refugio; y evacuación con plazo de los hogares situados fuera del dique. La ordenanza permitía al alcalde renovar la orden cada treinta días y al ayuntamiento terminarla por mayoría de dos tercios. El ayuntamiento había concedido esa facultad y podía modificarla o retirarla mediante el procedimiento legislativo. El refugio tenía trescientas camas; fuera del dique vivían unas quinientas personas.

El agua se retiró dos semanas después. Resistió el tramo construido en la huerta expropiada tres años antes, cuya cuenta trató el segundo ensayo. El toque de queda se levantó en la quinta semana. Llegó el verano y, tres meses después, el instituto seguía requisado: sesenta hogares alojados allí no tenían adónde volver. La orden de emergencia continuaba renovándose cada mes. En la orden de renovación del tercer mes se repetía la razón original: «El río está creciendo y los hogares exteriores al dique corren peligro». Los alumnos estudiaban en instalaciones provisionales al este de la ciudad.

Tres datos primero. ¿A quién afecta? A los hogares evacuados, a alumnos y personal del instituto y, por el toque de queda, a toda la ciudad. ¿Qué límite está en juego? Toque de queda, requisa y evacuación recaen sobre acciones susceptibles de limitación; la emergencia no cambia los límites de los derechos básicos. ¿Cuál es la referencia? La vida cotidiana anterior a la inundación.

En una emergencia, el juicio no puede esperar a que se recorra todo el cauce. El agua sube, los vecinos deben salir esa noche y el refugio abrir antes del amanecer. No hay tiempo para deliberar, revisar y preguntar antes como de costumbre. Pero ¿para qué cosas falta tiempo exactamente? ¿Cuánto dura la validez del juicio de aquella noche? Si el agua se ha retirado, ¿qué sostiene la orden? Con trescientas camas para quinientos, ¿qué ocurre con quienes no tienen cama? Si entonces se cruza un límite, ¿la palabra «emergencia» liquida la cuenta? La teoría institucional cedió estas preguntas: «Si puede lograrse, cómo transitar cuando no y cómo atribuir responsabilidades requieren juicio y corresponden a teorías institucionales concretas, como las del gobierno y la empresa». El fundamento coercitivo de cada medida se examina mediante la cadena del segundo ensayo. Este solo aborda la temporalidad y la imposibilidad; no expide otro permiso para coaccionar.

Lo que permanece

Aquella noche cambió la calle del Dique. Los vecinos arrastraban maletas al instituto; se vaciaron las aulas de pupitres y se llenaron de camas; después de las diez nadie podía estar en la calle. La emergencia cambió muchas cosas. Empecemos por lo contrario: qué no puede cambiar.

El primer y segundo deber. La actuación municipal no cruza los límites de ningún sujeto interno: evacuados, personas acostadas en el refugio y quienes permanecen en casa por el toque de queda. La teoría dice que el primero «no se modula por densidad relacional ni se rebaja bajo ninguna condición». La emergencia es una condición, y la más tentadora para rebajarlo. El refugio aloja, no encierra: cerrar la salida de alguien cruza el límite. Con trescientas camas contiguas, la ciudad sigue protegiendo los límites entre personas. Su modo de hacerlo también es actuación suya: «La protección misma debe ser limitación; como actuación del constructo, queda bajo el primer deber».

La prohibición de cerrar cauces del cuarto deber también permanece. Evacuar limita quedarse fuera del dique, no a casa de quién acudir. Ninguna regla del refugio puede impedir mudarse con familiares o amigos ni cortar el contacto con la familia. Permanecen los cauces del quinto: puede cerrarse un asunto respondido, pero «no pueden retirarse las condiciones para ser cuestionado y explicar». Durante el toque de queda y junto a las camas debe ser posible preguntar y encontrar quien reciba. Permanecen las formas de garantía de derechos de reconocimiento. Se requisó el edificio, pero la escolarización continuó al este; si es una posición incorporada, puede trasladarse el edificio, no dejar el derecho en un nombre. Si una posición debe suspenderse realmente durante la emergencia, la suspensión también ha de ser pública y cuestionable.

La serie reúne esto bajo «mantener», con un alcance mayor que la teoría institucional. El texto anterior solo declaraba expresamente que el primer deber no se rebajaba bajo ninguna condición. Extender todos estos a la emergencia es un paso propio. Se apoya en la distinción institucional: «Lo que se mantiene es el deber, no la construcción». Trasladar esa frase, originalmente relativa a proteger límites, también pertenece a ese paso. La emergencia puede cambiar construcciones: quién decide, qué se hace primero y qué se revisa después. No cambia los deberes.

Lo que puede acelerarse

Normalmente, destinar una escuela a otro uso exige propuesta de Educación y acuerdo del ayuntamiento. Esta vez decidió el alcalde solo y en una noche. El ayuntamiento no deliberó antes; conservó la potestad de terminar después por dos tercios y de modificar o retirar la concesión legislativamente. Cambiaron tres cosas. El ritmo: procedimientos ordinarios se recorrieron en una noche. El orden: actuar antes y revisar después; escuela, ámbito de evacuación y toque de queda se adoptaron primero, dejando para después si eran correctos y debían continuar. Y el reparto temporal: lo que decidían varios puestos pasó provisionalmente a uno; el ayuntamiento cambió aprobación previa por terminación posterior. Todo ello puede cambiar: «Las construcciones pueden modificarse; las tres condiciones no pueden retirarse». La revisión y la rendición de cuentas previas pueden pasar a ser posteriores.

«Rendición de cuentas posterior» puede deslizarse peligrosamente. Lo que se aplaza es el momento de revisar y responder, no el de hablar. La segunda condición del cauce exige que «los sujetos internos puedan activarlo efectivamente», también durante la emergencia. Si se registra el equipaje de un hogar del refugio y se retienen sus documentos, debe haber entonces un lugar para decirlo, no controlado unilateralmente por ese policía o su superior. Investigar y responder puede tardar algo más; hablar no puede esperar a que termine la emergencia. Si «posterior» significa «solo se admite preguntar después», se ha eliminado el cauce durante la emergencia, no cambiado un plazo. Cada aplazamiento exige además explicar si la demora vaciaría el control. Si la respuesta sobre el área de evacuación llega cuando baja el agua, la evacuación ya está consumada. Recibir objeciones no demuestra por sí solo que la corrección llegue a tiempo.

El límite no se movió

En la noche de inundación, las casas exteriores podían llenarse de agua en cualquier momento. Quedarse situaba el cuerpo junto al agua. Antes y ahora se mide con el mismo límite, pero los hechos medidos son distintos: no cambia la cadena ni la regla de medir, sino lo que se encuentra debajo. El toque de queda también requiere su examen: impide salir de noche a toda la ciudad, aunque casi nadie haya cruzado límites ni viva fuera del dique. Su fundamento se comprueba por la cadena del segundo ensayo. Aquí solo se registra su temporalidad: fue provisional y se retiró en la quinta semana.

Otros hechos no cambiaron. La inundación no alteró la relación de un hogar del refugio con su equipaje ni sus documentos. Registrarlos y retenerlos sin fundamento cruzaba el límite antes y también durante la emergencia. Hay que distinguir tres cosas: la emergencia puede cambiar procedimientos; puede cambiar hechos, que se miden con el mismo límite; no puede cambiar el límite. La tercera suele disfrazarse de las otras dos: «no hay tiempo para el procedimiento» o «la situación ha cambiado», cuando lo que se busca es atravesar una frontera que ya estaba allí.

La renovación del tercer mes

Las tres medidas tenían razones propias que no desaparecieron a la vez. El toque de queda respondía a la situación nocturna del agua, continuó un tiempo después de retirarse y terminó en la quinta semana. La evacuación respondía al agua fuera del dique; la mayoría volvió, pero sesenta hogares no tenían adónde. El instituto había alojado inicialmente a los evacuados y tres meses después seguía alojando a esos sesenta hogares, mientras los alumnos seguían al este.

La teoría institucional dice sobre construcciones protectoras: «Las provisionales deben revisarse cuando cambian sus condiciones; su origen no las renueva automáticamente». Y añade: «Una protección permanente no se juzga opresiva por el mero hecho de durar». Allí se detenían transgresiones entre personas. En Ciudad Manzana se detiene el agua, la mayoría de afectados no ha transgredido y actúa un gobierno coercitivo. Cambian sujeto, objeto y escala: llevar la regla al poder de emergencia es un paso propio. Puede hacerse porque su estructura no depende de qué se detiene, sino de dos cosas: la medida es provisional y se sostiene por una razón específica. El poder de emergencia cumple ambas. La teoría de la guerra apunta igual: «Cada acto de posguerra es un acto nuevo y requiere una nueva necesidad ineludible para ser legítimo». Trasladada aquí, la estructura tiene cuatro frases: una razón específica sostiene una medida temporal específica; al cambiar la razón se activa revisión; continuar exige fundamento actual, no prórroga por origen; una protección permanente con fundamento propio se explica separadamente, sin juzgarla lesiva por ser permanente.

Leamos la renovación con esas frases. El tercer mes repite la razón del primero. Es prorrogar por origen: explica por qué se declaró, no por qué sigue. Retirarse el agua cambia la razón y activa revisión. Revisar no equivale a anular. La restitución no es aquí una fecha prefijada, sino la conclusión cuando la revisión no encuentra fundamento actual: entonces se retira la medida y se devuelve lo ocupado. Tres meses son motivo de revisión, no umbral automático de invalidez. El paso del tiempo y el cambio de condiciones exigen que alguien pregunte: ¿con qué fundamento ahora?

Los sesenta hogares

La respuesta debe investigarse, no darse de antemano. En la escuela viven sesenta hogares. La teoría dice: «Que una disposición sea necesaria para proteger a personas concretas puede ser una razón para conservarla»; «continuidad y desmontaje se examinan según personas protegidas, tarea, competencia, costes y compromisos previos». Aquí las personas son esos hogares sin casa; la tarea pasó de escapar del agua a proporcionar alojamiento; la competencia de emergencia se dio por la inundación y hay que explicar si abarca todavía el realojamiento; el coste recae en alumnos desplazados; los compromisos se dirigen tanto a hogares como a estudiantes. El examen podría concluir que el alojamiento debe continuar y quizá aún se necesite la escuela. Pero sería otra razón, que requiere otro juicio y su propio procedimiento. No puede renovarse mes tras mes bajo «el río está creciendo».

El dique es distinto. Es permanente y resistió la inundación; durar no lo vuelve opresivo. Su fundamento tenía otra cuenta desde la expropiación. Hay que separar temporal y permanente: la orden se revisa al vencer. Si la ciudad necesita un mecanismo permanente de alojamiento, debe establecerlo y explicarlo aparte, no convertir en permanente una emergencia a fuerza de renovarla.

El presente se mide con la misma regla. La ciudad puede decir que devolverá la escuela más adelante. Es un plan futuro, no prueba de que hoy no haya cierre. Qué acción está limitada y qué vía independiente de cuestionamiento y restitución subsiste se examina ahora. Se limita el uso del edificio y los alumnos continúan al este. Si padres y alumnos pueden preguntar por la requisa ante alguien que no controla el alcalde debe comprobarse ya, no el día de la devolución. En otoño una madre fue a preguntar. El sexto ensayo contará adónde llegó.

La teoría del poder señala estados intermedios, como educación, administración tutelar y restricciones terapéuticas: «El cierre es temporal, se extingue a sí mismo y tiene una vía programada de restitución». Aclara que «este ensayo no desarrolla los estados intermedios, solo señala su lugar». Aquí se toma únicamente la orientación: un cierre temporal apunta a devolver. No autoriza ni demuestra que una medida de emergencia pertenezca a esa clase. La restitución programada es un rasgo estructural de esos estados; convertirla en exigencia pediría más que la regla institucional. No son versiones fuerte y débil de lo mismo: no se adopta por defecto ni se remite a la teoría del Estado. La teoría de la guerra sí ofrece una versión fuerte de lo mismo: las estructuras temporales de guerra, incluidos poderes de emergencia, deben desmontarse activamente al terminar, y su legitimidad desaparece de inmediato. Esta serie adopta la versión institucional débil y deja la fuerte a la teoría del Estado.

Quién declara la emergencia

Aquella noche la declaró el alcalde. La ordenanza le permite declarar y renovar solo; para terminarla, el ayuntamiento necesita dos tercios, o puede retirar la facultad legislativamente. Durante tres meses no hizo ninguna de las dos cosas. Primero: una sola posición puede reconocer la emergencia. No hace falta eludirlo. El agua sube y no da tiempo a que varios deliberen. Exigir que toda actuación súbita espere un juicio colectivo equivale a exigir que no haya emergencias. El artículo prescribe funciones, no forma: un puesto puede juzgar y actuar primero.

Segundo: una vez adoptadas las medidas, «¿sigue habiendo emergencia?» se dirige a quien las tomó: ¿todavía se sostienen? Esa parte no puede decidir sola la respuesta. La teoría dice: «La parte examinada no puede monopolizar la decisión sobre si existe una objeción y si ha terminado»; más breve: «Quien es cuestionado no puede monopolizar el derecho de cerrar la puerta». Añade algo dirigido al primer punto: «El autoexamen puede hacerse, pero no sustituye una posición independiente». El alcalde puede declarar y revisar por sí mismo, pero su revisión no sustituye otra que no monopolice. Aplicar esta forma a declaración, confirmación, prórroga y terminación es un paso propio.

Hay un paso adicional. Después de actuar, confirmar y terminar no son solo revisar: terminar debe detener realmente la medida, y una confirmación fallida debe impedir la renovación. Si se vigila solo el cuestionamiento mientras la eficacia de terminar sigue en manos del actuante, todavía puede cerrar la puerta. Confirmación y terminación pertenecen al plano de los efectos. Se examina si existe una vía que quien adoptó la medida no puede bloquear por sí solo. Este paso también es propio; el sexto ensayo lo generaliza.

En Ciudad Manzana declara el alcalde y renueva solo cada treinta días; el ayuntamiento pone fin a la orden por dos tercios y retira la facultad mediante legislación. Sobre el papel, terminar y retirar están en otra posición, sin monopolio. Pero la independencia es funcional: «No exige estar fuera de la institución; impide que el examinado cierre unilateralmente su examen». Que el ayuntamiento no haya puesto fin a la orden en tres meses no diagnostica monopolio: quizá investigó y encontró fundamento actual. Supongamos que la mayoría es del partido del alcalde y nunca se alcanzan dos tercios. Compartir partido no prueba nada, ni la falta de votos diagnostica por sí sola. Hay que comprobar si esa mayoría actúa únicamente según la voluntad del alcalde. Si así fuera, con dos tercios necesarios para terminar, esa mayoría necesaria para retirar y la renovación en manos del alcalde, no habría una vía municipal de confirmación o terminación que el actuante no pudiera bloquear. Estructuralmente, él decidiría cuándo termina la emergencia, incumpliendo la prohibición de monopolio en este nivel. Si no actúa así la mayoría, no alcanzar dos tercios sería simplemente el resultado de juicios y votos propios.

Con Schmitt

Schmitt respondió directamente quién decide la emergencia. Al comienzo de Teología política define al soberano como quien decide sobre la excepción: tanto si existe una emergencia extrema como qué hacer para eliminarla. Según el resumen de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que el artículo utiliza porque no dispone del libro original, ninguna norma jurídica gobierna una emergencia extrema; quien de hecho puede decidir la excepción es soberano, y todo orden jurídico descansa en último término en una decisión, no en una norma. El artículo establece un contraste con él.

Primero, ¿tratan lo mismo? La escala difiere. La excepción de Schmitt es un extremo que ninguna norma puede prever, decidido por un soberano no sujeto al derecho positivo. El alcalde declara conforme a una ordenanza que permite al ayuntamiento terminar y por encima existe Reino. Juzgar primero aquella noche no lo convierte en soberano schmittiano. Schmitt distingue además la dictadura comisarial, que actúa por un soberano, de la soberana que funda otra constitución. Una facultad conferida y revocable acerca más al alcalde a la primera. Solo coinciden en una cuestión: si reconocer la emergencia y decidir la respuesta recaen en una posición cuya decisión ya no queda sujeta a límites. Hay acuerdo hasta cierto punto: las normas generales no abarcan una excepción radical, en línea con que las reglas no sustituyen al juicio; hay que juzgar y algún puesto debe hacerlo primero. La divergencia es pasar de «hace falta una decisión» a «quien decide no está sujeto a restricciones jurídicas sustantivas». Esta serie no da ese paso. Necesitar un juicio no lo exime de preguntas.

La objeción más fuerte sería: las normas no prevén el extremo; cuando llega, ¿quién decide si vuestra norma contra el monopolio sigue rigiendo? Esa persona es soberana. La respuesta tiene cuatro partes. Primero, separar tres cosas que Schmitt reúne: reconocer la emergencia, decidir la respuesta y quedar después libre de restricciones jurídicas sustantivas. La situación extrema aporta «no hay tiempo». Eso justifica que una posición haga rápidamente las dos primeras cosas, no la tercera; además, la falta de tiempo tiene término, pues vale cuando sube el agua, no cuando baja. En Ciudad Manzana bajó a las dos semanas y una sola posición siguió renovando. Es un contraejemplo local, no una refutación general de la excepción absoluta. Segundo, dónde termina el regreso. «¿Quién decide si rige la norma?» puede repetirse hacia arriba. La serie no lo cierra en un decisor supremo, sino en una estructura: la facultad de cerrar se reparte y nadie la monopoliza. Schmitt presupone que un orden se cierra mediante una decisión final; la serie rechaza ese supuesto como elección normativa. El sexto ensayo explica por qué no requiere juez último. Tercero, disponerlo antes: en el extremo, el no monopolio depende de puestos de confirmación y terminación ya existentes, cuya continuidad, convocatoria y agenda no dependan del actuante. Cuarto, no garantizar tampoco cancela cuentas. Si el extremo barre incluso esos puestos, «la serie no garantiza cuándo ocurrirá el cuestionamiento, quién lo recibirá ni cuánto durará». Schmitt quizá describa entonces los hechos. Pero «cerrar el cuestionamiento no salda incumplimientos pasados». Cuando vuelve el cauce, también se pregunta por la decisión que lo cerró. En Schmitt la decisión funda el orden; aquí la decisión también queda en una cuenta. Es una tesis estructural, no prueba de que toda situación extrema pueda preservar realmente el no monopolio. La excepción absoluta que compromete la supervivencia de todo el Estado queda para la teoría del Estado.

Trescientas camas

Trescientas camas para quinientas personas. Se asignaron por orden de llegada y la primera noche se llenaron. Quienes no tenían cama acudieron a familiares o durmieron en el suelo del gimnasio y los pasillos. Trescientas camas no podían convertirse en quinientas en una noche: era una imposibilidad. ¿A quién afecta? A las aproximadamente doscientas personas sin cama y también a las trescientas con ella. ¿Qué límite está en juego? Faltan provisiones, lo que no constituye por sí mismo transgresión. Si amenaza el sustrato vital de alguien se examina según su situación. ¿Cuál es la referencia? Antes de la orden de evacuación, cada cual tenía su vivienda.

Ante la imposibilidad son fáciles dos frases: «Solo respondemos de los trescientos con cama» y «el refugio funciona normalmente». La primera reduce el deber a lo realizable; la segunda hace desaparecer lo no realizado. La teoría institucional bloquea ambas: «La serie reconoce que quizá no pueda lograrse en la práctica; eso no retira ni rebaja ningún deber»; «la falta de recursos concierne al cumplimiento, la transición y la imputación, no a descontar deberes». Las doscientas personas siguen tan dentro de Ciudad Manzana como las trescientas; la evacuación las alcanza y no pueden eludirla. La falta de camas no disminuye su estatuto. La serie no se pronuncia sobre «deber implica poder»; solo establece que no poder no resta deberes. Un anciano en un pasillo y una familia alojada con parientes no están igual y se examinan por separado. Sea cual sea el resultado, la imposibilidad no descuenta ningún deber.

La transición requiere explicación. La ciudad abrió el refugio, preparó camas y eligió el orden de llegada. La institución responde de lo que produce «y debe responder a lo preguntado». Hay que explicar cuántas faltan, cómo y por qué se ordenó, dónde están los que no tienen cama y si la ciudad lo sabe, qué transición se organiza y hasta cuándo, quién juzga y ante quién responde. Ordenar por llegada es un juicio. También podría hacerse por edad, por presencia de niños o por salud. La serie no elige el orden correcto, porque no enseña a juzgar; exige explicar el juicio. Explicar tampoco equivale a cumplir: la imposibilidad no elimina explicación y corrección, ni explicarse acredita haberlo logrado.

La imputación separa constructo y persona. «El nombre del constructo no oculta responsabilidades personales con fundamento independiente, ni su incumplimiento se transfiere automáticamente a alguien». Quién fijó trescientas camas y por qué pertenece al puesto que decidió y a Ciudad Manzana, sin caer automáticamente sobre quien asigna camas en la puerta. A la inversa, si este rechazó personas antes de llenarse, esa es su cuenta y «ya faltaban camas» no la liquida. Hay que conservar una distinción: faltar camas es imposibilidad, no automáticamente transgresión. El caso siguiente no es imposibilidad.

Tres días

Durante el funcionamiento del refugio, un policía registró sin fundamento el equipaje de una familia y retuvo sus documentos, que devolvió tres días después. La investigación posterior confirmó que había cruzado el límite. Él explicó: «Durante la emergencia respondemos de la seguridad del refugio; revisar entraba en mis funciones». La policía municipal dijo: «Fue la conducta de un agente, ajena al dispositivo de servicio de emergencia». ¿A quién afecta? A esa familia. ¿Qué límite está en juego? Su disposición sobre pertenencias y documentos, vulnerada por registro y retención sin fundamento. ¿Cuál es la referencia? Familias en la misma situación, sin registros infundados y con sus documentos en su poder.

El refugio era una transición: mientras no podían volver a casa, la ciudad ofrecía la escuela. El servicio policial formaba parte de ese arreglo. Registro y retención fueron actuaciones realizadas dentro de él mediante una posición, y se juzgan por el primer deber. Las dos frases desplazan en direcciones opuestas. La primera intenta cargarlo a la emergencia. Pero la inundación no cambió ningún hecho entre la familia, su equipaje y sus documentos. El límite no se movió. Las camas eran imposibilidad; esto no. Nada que no pudiera hacerse obligaba al policía a registrar esa maleta. La emergencia puede explicar una imposibilidad, no una transgresión. Su título, igual que el procedimental, no prueba que cumplir permanezca dentro del límite. La teoría institucional dejó la imputación de transgresiones durante una transición a series dotadas de juicio. Esta responde condicionalmente: verificado que una actuación transitoria cruza un límite, llamarla transición no elimina su imputación.

El condicional tiene dos cautelas. No llama automáticamente lesión al incumplimiento de una garantía positiva: las doscientas personas sin cama muestran imposibilidad; los alumnos al este tienen edificio desplazado, no escolarización interrumpida. Si además se activa el primer o segundo deber se examina por sus propios criterios, sin agruparlo todo como transgresión por ocurrir en emergencia. Tampoco transfiere automáticamente a una persona la responsabilidad del constructo. Ahí aparece la segunda frase: «conducta de un agente» intenta cargarle el conjunto.

La cuenta del policía es el registro y la retención concretos: «La dirección de imputación y quien actúa efectivamente no se ocultan mutuamente»; «las operaciones verificadas pueden atribuirse a personas, sin asignar identidades permanentes». Que creyera cumplir una función no cambia el límite: «Cruzar un límite no requiere intención». La cuenta policial es otra y necesita examen: quién ordenó el despliegue, qué reglas de registro se dieron, si la familia tenía entonces un lugar donde hablar y recuperar sus documentos y por qué fueron tres días. «Ajeno al dispositivo» es una afirmación que también exige explicación a lo preguntado. Si se encuentra una falla, pertenece a la policía y a Ciudad Manzana, no exclusivamente a quien abrió la maleta. Devolver al tercer día detuvo el efecto persistente; no liquidó la cuenta. Responder por los tres días requiere fundamento aparte.

Con Locke

Locke también preguntó quién juzga el buen uso de una facultad para circunstancias imprevistas. El Segundo tratado sobre el gobierno dedica un capítulo a la prerrogativa. Primero explica su necesidad: el legislador no puede preverlo todo y quien ejecuta dispone de poder para actuar por el bien social donde la ley no instruye, «hasta que el legislativo pueda reunirse convenientemente y disponer al respecto». Cumplir rígidamente la ley puede causar daño: por ejemplo, no demoler la casa de un inocente para frenar un incendio vecino. Define entonces la prerrogativa como «el poder de actuar discrecionalmente por el bien público, sin disposición legal y a veces contra ella»; en breve, «hacer el bien público sin una regla».

Después pregunta quién juzga si se utilizó bien. Entre un ejecutivo con prerrogativa y un legislativo cuya convocatoria depende de él, no puede haber juez terrenal: «El pueblo, como en todos los casos sin juez en la tierra, no tiene otro remedio que apelar al cielo». Conforme a una ley anterior a las humanas, el pueblo conserva el juicio último sobre si tiene motivos justos para esa apelación, que opera cuando el perjuicio es lo bastante grande para que lo sienta la mayoría.

Ambos preguntan lo mismo: cuando la ley no alcanza o no llega a tiempo, quién juzga y quién juzga después ese juicio. Coinciden en que la ley no prevé todo y alguien debe actuar primero; en que, donde no hay instrucción, la prerrogativa es un reparto temporal, con acción inicial del ejecutivo y devolución cuando pueda deliberar el legislativo; y en que los precedentes pueden convertirse en origen justificativo. Locke lo vio: bajo un buen príncipe no se limita su prerrogativa, pero los sucesores «toman los actos de aquellos buenos príncipes como precedentes y medida de su propia prerrogativa». No prorrogar por origen previene lo mismo.

Difieren en dos puntos. Primero, el límite. La prerrogativa de Locke puede apartarse del derecho positivo, no de su ley fundamental. En ciertos casos la ley cede ante el ejecutivo, «o, mejor dicho, ante esta ley fundamental de la naturaleza y del gobierno»: preservar en lo posible a todos los miembros de la sociedad. Esta serie permite cambiar ritmo y orden procedimental, no límites. Demoler la casa del inocente requiere recorrer la cadena del segundo ensayo e imputar pérdidas y remedios, algo que aquel pasaje no preguntaba. Si cruza un límite se examina por tramos; ese ejemplo solo no demuestra que los dos fundamentos sean opuestos. Las acciones limitables se limitan mediante la cadena. El paso que cruza el límite no se autoriza por preservar a más personas. Un objetivo de preservación limitado y un conjunto de criterios de frontera pueden coexistir. El artículo no afirma que Locke cruzaría sus propios límites para salvar a la mayoría ni que lo haya refutado.

Segundo, quién juzga. Ambos requieren un juicio fuera de manos de la parte examinada. Locke lo sitúa fuera del orden constitucional, en el pueblo, como último paso cuando lo siente la mayoría. Esta serie lo exige dentro, preparado de antemano, activable por cualquier sujeto interno y sin represalias. En Locke, el legislativo depende del ejecutivo para reunirse y por eso no hay juez terrenal. Aquí se identifica justamente la configuración que debe evitarse: que la parte examinada controle si puede reunirse quien la examina. Apelar al cielo es lo que queda cuando no existe ese cauce terrestre. Hay que precisar que la rendición posterior es aquí un deber del constructo, no descripción de una práctica establecida. Locke también registra que el pueblo limita mediante leyes expresas la prerrogativa donde ha sufrido; esas leyes llegan después. Si Ciudad Manzana tiene un cauce suficiente se examina en el caso.

La objeción más fuerte en nombre de Locke sería que el juicio último ya pertenece al pueblo; crear otro puesto solo añade un poder capturable por el ejecutivo. Quien revisa también yerra y abusa, y revisarlo desde otro nivel solo desplaza el problema. Además, someter toda decisión imprevista de buenos gobernantes a revisión sacrificaría la rapidez de emergencia por miedo a los malos. La respuesta: el cauce no es un juez superior final; quien revisa también puede ser revisado y tampoco monopoliza su examen. El sexto ensayo explicará por qué no hace falta un juez último. La rapidez se conserva: un puesto puede reconocer y actuar primero; se revisan confirmación, prórroga y terminación después. Tampoco se cancela el juicio último del pueblo. Preguntar es asunto de las personas internas; tener un cauce no significa que siempre alguien lo active. Como el juicio puede errar, debe poder cuestionarse. La propia advertencia de Locke sobre precedentes muestra que hasta los buenos juicios pueden convertirse luego en justificación por origen.

El quinto ensayo establece que la emergencia no suspende lo que debe mantenerse. Puede acelerar procedimientos, cambiar su orden y repartir provisionalmente funciones; revisión y respuesta pueden aplazarse, pero el cauce debe seguir activable durante la emergencia. Cambian los hechos medidos, no el límite. Al cambiar las condiciones, los poderes de emergencia se revisan y no se renuevan por origen; sin fundamento actual, se devuelve. Una posición puede declarar, pero quien toma medidas no monopoliza confirmación, prórroga y terminación. Ante imposibilidad no se retiran ni rebajan deberes; se explica la transición y se imputan por separado constructo y personas. Una transgresión transitoria verificada no deja de ser imputable por llamarse transición. El río, la escuela y los sesenta hogares volverán.