¿Quién investiga aquella noche?

El 12 de abril de 2010, Abdul Hanan presentó una denuncia penal ante la fiscalía federal alemana y solicitó acceso al expediente. Sus dos hijos habían muerto el año anterior en un ataque aéreo en Kunduz. Cuatro días después, la fiscalía cerró la investigación. Él todavía no había tenido oportunidad de ser oído y su abogado aún no había recibido permiso para consultar los documentos.^[1]

Si terminamos ahí, la conclusión parece fácil: un padre llegado de lejos encontró una puerta cerrada. Pero la historia no terminó ahí. Más adelante se examinaron sus aportaciones, los tribunales alemanes tramitaron sus solicitudes y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó dictando sentencia. Lo difícil es contar cómo llegó a abrirse esa puerta y qué le permitía pedir.

El resultado no fue una orden de procesar a nadie. En 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Alemania no había incumplido la obligación de investigación efectiva derivada del artículo 2 del Convenio Europeo. Ese resultado debe mantenerse visible, sin rebajarlo porque no encaje con la dirección que un ensayo quisiera tomar.^[1][2]

De dónde vino la orden, dónde recae la investigación

Volvamos al 4 de septiembre de 2009. Dos camiones cisterna secuestrados estaban atascados en el lecho de un río cerca de Kunduz, en Afganistán. Un comandante alemán ordenó un ataque aéreo ejecutado por aviones estadounidenses. Murieron personas, entre ellas civiles y los dos hijos de Hanan. Las fuentes difieren sobre el total de víctimas y sus identidades; aquí no se adopta una cifra como si fuera indiscutible.^[1][2]

Es una operación que no se explica escribiendo el nombre de un solo país. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad tenía autorización de las Naciones Unidas y estaba dirigida por la OTAN desde 2003, con participantes de varios Estados. Tener mandato de la ONU no la convertía en una fuerza de la ONU. Ser multinacional tampoco hacía desaparecer a quien había dado una orden concreta.^[3]

No hace falta memorizar toda la cadena de mando. Sí hay que distinguir quién autoriza una misión, quién organiza la operación, quién da esta orden y quién tiene competencia para investigar al oficial. Meterlo todo en «la comunidad internacional» parece ampliar la mirada, pero puede volver cada vez más difícil encontrar a quien corresponde responder.

La primera dificultad para Hanan era precisamente la distancia. Las muertes habían ocurrido en Afganistán; los militares eran extranjeros; la investigación debía entrar en las instituciones alemanas. ¿Podía un país enviar soldados fuera y dejar con ellos, al otro lado de la frontera, toda responsabilidad por sus actos? A la inversa, ¿bastaba que se iniciara una investigación nacional para que ese Estado tuviera una obligación de investigar bajo el Convenio por cualquier muerte en cualquier lugar del mundo?

El tribunal no eligió ninguna de esas respuestas simples. Destacó la combinación de circunstancias especiales del caso: la obligación internacional de Alemania de investigar posibles crímenes de guerra, sus obligaciones internas de investigación y unos acuerdos sobre el despliegue que reservaban a Alemania la jurisdicción penal y disciplinaria sobre sus militares. Las autoridades afganas no podían procesarlos por sí mismas.^[1]

Esa combinación establecía el vínculo necesario para que el tribunal examinara la obligación alemana de investigar. No significaba que cualquier denuncia recibida por una fiscalía alemana incorporara automáticamente todos los hechos extranjeros al mismo régimen de jurisdicción de derechos humanos. Eran las condiciones de ese caso, no un salvoconducto aplicable a todas las guerras.

Tener competencia para investigar puede entenderse como una potestad: nadie puede pasar por encima de mí para tratar con mis soldados. Visto desde la familia de quienes murieron, también plantea una exigencia: si el camino conduce sobre todo hasta ti, la distancia del lugar de los hechos no basta para explicar por qué no respondes. Distribuir competencias también distribuye los lugares a los que pueden acudir los familiares.

Entrar no significa poder fijar el resultado

La fiscalía federal alemana abrió formalmente la investigación penal en marzo de 2010 y la cerró en abril. Entre sus conclusiones estaba que no podía establecerse el elemento subjetivo exigido por los delitos pertinentes. Qué creía el comandante sobre el lugar y de qué información disponía eran, por tanto, cuestiones importantes. Era un juicio de la fiscalía sobre responsabilidad penal, no la constatación de que no hubiera civiles allí.^[1][2]

Hanan impugnó el tratamiento de la investigación y recorrió las vías judiciales alemanas. El Tribunal Constitucional Federal resolvió el 19 de mayo de 2015 sin apreciar una vulneración, por esa investigación, de los derechos garantizados por la Ley Fundamental. La explicación de prensa apareció en junio. Después, el caso llegó a Estrasburgo.^[4]

El Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son dos escalones de un mismo recurso. Este último tampoco es una fiscalía que vuelva a dirigir cada diligencia. Examina si el Estado cumplió el Convenio, no si había que realizar todas las actuaciones que solicitaban los familiares.

Esto puede sonar frío. Un padre pierde a sus hijos: ¿por qué no puede decidir a quién hay que investigar o interrogar? Pero si solicitar una investigación equivaliera a fijar quién debe ser procesado, el procedimiento sería otra respuesta escrita de antemano. Una investigación efectiva debe tomarse en serio lo que aporta el solicitante, sin convertir las expectativas de ninguna parte en prueba.

La pregunta desciende entonces a detalles: ¿podían quienes investigaron primero entrar con seguridad en el lugar? ¿Había pruebas independientes de los investigados? ¿Se conservaron grabaciones e imágenes? ¿Podían los fiscales civiles que asumieron después el caso corregir las deficiencias iniciales? No suena tan rotundo como «esclarecer la verdad», pero determina si esa frase tiene contenido.

El tribunal europeo no dijo que la respuesta inicial fuera impecable. Señaló expresamente que el comandante no debió participar el 4 y el 5 de septiembre en diligencias relativas a su propia responsabilidad. Examinó también las condiciones de combate, el riesgo sobre el terreno, los materiales obtenidos por la fiscalía después y pruebas como las grabaciones y las imágenes térmicas. No convirtió un defecto en la nulidad automática de toda la investigación ni utilizó la palabra combate para borrar sus exigencias.^[1]

Tampoco desaparecieron aquellos cuatro días de abril. El tribunal reconoció que, inicialmente, había un problema al cerrar sin haber oído a Hanan ni permitido a su abogado consultar el expediente. Pero examinó lo ocurrido después: se trataron sus observaciones complementarias, la investigación podía reabrirse si aparecían elementos nuevos pertinentes y las restricciones de acceso fueron sometidas a examen concreto, no descartadas bajo una invocación genérica del secreto.^[1]

Podemos discrepar del peso que dio finalmente a cada factor. La crítica debe referirse, sin embargo, a lo que el tribunal juzgó realmente. «Nadie examinó su petición desde el principio» y «el examen posterior siguió sin ser suficiente a mi juicio» no son la misma crítica. La primera borra un camino que sí recorrió. La segunda permite preguntar qué seguía faltando.

Hay un detalle que requiere especial precisión. La parte de la demanda que cuestionaba la independencia de la investigación en Alemania fue declarada manifiestamente infundada. El tribunal dejó sin resolver de forma definitiva si, respecto de esa parte, se habían agotado los recursos internos. No podemos resumirlo diciendo que Hanan no pudo ser oído simplemente porque omitió un trámite.^[1]

Lo que la sentencia respondió, y lo que no

La sentencia de la Gran Sala del 16 de febrero de 2021 resolvió sobre la obligación de investigar. En la parte que sí examinó en cuanto al fondo, declaró por unanimidad que no se había vulnerado la obligación procesal del artículo 2. No decidió ahí si el propio ataque violaba las exigencias sustantivas de ese artículo ni completó toda la atribución de la actuación militar.^[1][2]

La distinción no suaviza el daño con palabras. Impide cubrir preguntas diferentes con una sola sentencia. «No se incumplió la obligación de investigación efectiva» no puede transformarse en «el ataque no estuvo mal», y menos aún en «la muerte de los niños ha sido indemnizada». Cada frase necesita hechos y juicios diferentes.

En Alemania tampoco hablaba un único documento jurídico. El informe de investigación parlamentaria de 2011 contenía valoraciones políticas fuertemente enfrentadas. El balance oficial del Bundestag distinguió las posiciones de la coalición gobernante y de la oposición. No hubo una conclusión firmada por todos los partidos sobre la información disponible, las reglas de enfrentamiento, los errores de juicio y la responsabilidad política.^[5]

La investigación parlamentaria, la penal y el control del tribunal de derechos humanos están relacionados, pero no se sustituyen. Si incumplir reglas operativas constituye delito es una pregunta; si hay responsabilidad política, otra; si se investigó con el rigor exigido por el Convenio, una tercera. Conservar solo una nota global impide ver cómo se establece cada responsabilidad.

A los familiares, distinguir todo eso quizá no los consuele. Obtener un examen no es conseguir una condena; declarar que el procedimiento cumplió las exigencias no devuelve a los niños. La existencia de una vía institucional no autoriza a exigir que quienes la recorren den por resuelta su pérdida. No hace falta exagerar lo que puede reparar un procedimiento para defender su valor.

Tampoco debemos reconocer que hubo revisión solo cuando la familia gana al final. Un camino que merezca recorrerse debe al menos permitir aportar materiales, exigir razones para rechazar y plantear las deficiencias del tratamiento inicial, aunque el resultado pueda ser desfavorable al solicitante. De lo contrario, no estaríamos valorando la revisión, sino únicamente el desenlace que aprobamos.

La dificultad permanece entre ambos extremos: no dejar que una operación multinacional se vuelva una actuación sin responsables, pero tampoco atribuir de antemano cada muerte al mismo sujeto y al mismo tipo de ilicitud; no permitir que el secreto anule las preguntas, pero tampoco fingir que todo el material de un campo de batalla puede hacerse público sin condiciones. Ningún lema permite hacer desaparecer el problema del otro lado.

Este relato se detiene en la sentencia de 2021, sin dar por concluidos los debates posteriores ni todas las demás vías de reparación. Hanan, como padre de dos niños muertos, convirtió una operación militar lejana en algo que debía recibir una respuesta jurídica. No fue la respuesta que esperaba, y aquella noche no se hizo por ello menos grave. Todavía podemos preguntar cómo pueden las instituciones dar razones más completas y abrir una puerta más efectiva a quien viene a pedirlas.