Después de cruzar el río

El río era la frontera. Desde la otra orilla llegaron proyectiles y después cruzó la infantería. La Unión de Ciudades-Estado de los Fines ordenó rechazar la invasión. Meses después ha recuperado el territorio y sus tropas llegan a la orilla oriental. Aparece entonces otra pregunta: ¿deben seguir y cruzar?

Continuamos con el caso ficticio entre tres países, no con una representación encubierta de una guerra real. Las baterías de artillería del vecino occidental, la República Democrática de los Propósitos, permanecen entre cinco y dieciocho kilómetros al oeste del río, desde donde todavía pueden bombardear Villa de los Juncos. La evaluación de Defensa sostiene que sin cruzar no se puede sacar a la villa de ese alcance. El jefe del ejército escribe, en cambio, que se puede suprimir el fuego con medios de largo alcance y recomienda no cruzar: el avance terrestre conduciría a una presencia prolongada. El responsable de Asuntos Exteriores también se opone, por temor a impedir la mediación del vecino del norte.

El consejo de tres miembros que actúa durante el estado de guerra decide cruzar por dos votos contra uno. Al día siguiente destituyen al jefe del ejército; Defensa lo presenta como un relevo ordinario. Las tropas avanzan unos veinte kilómetros y establecen una franja de separación con once localidades y unas noventa mil personas. El primer ejecutivo explica al país: no van a ocupar, sino a permitir que los niños de Villa de los Juncos duerman tranquilos.

La frase tiene fuerza. Aquellos niños han sufrido bombardeos. La pregunta es si una frase sobre su sueño puede justificar a la vez el cruce, la permanencia, los controles, las detenciones e incluso el cambio posterior de los libros escolares.

Hay que volver a preguntar en cada paso

La teoría del Estado no resuelve aquí la táctica en lugar de los militares. Si basta el fuego de largo alcance o no queda alternativa al cruce depende de las condiciones militares reales. Pero insiste en separar decisiones: rechazar un ataque que está cruzando la frontera, declarar un régimen jurídico de guerra y avanzar al otro lado meses después no son una misma cosa. La justificación del primer paso no se lleva consigo la de todos los demás.

Al empezar la defensa hay que preguntar si las vías no bélicas ya no resultan viables y si no resistir impediría que las personas protegidas siguieran viviendo. La ampliación exige preguntar de nuevo por el presente: sin ampliarla, ¿se perdería el lugar que se defendía? Cambiar alcance, intensidad, objetivos, duración o medios no nace automáticamente de «ya estamos combatiendo». Una amenaza que tal vez vuelva en el futuro y un ataque que ocurre ahora no son la misma razón.

Hay otra pregunta menos visible: ¿quién determina que no queda alternativa? Si solo pueden decidirlo los mismos tres que ordenan cruzar, el «no hay más remedio» se convierte fácilmente en «así lo he decidido». La necesidad debe confirmarse mediante un procedimiento que no monopolice el mando, con plazo y abierto a preguntas. Prolongarla exige explicarla de nuevo. De otro modo se invierte la carga: ya no demuestra el poder que sigue siendo necesario, sino que los demás deben demostrar que ha dejado de serlo.

Las dos cámaras de la Unión habían votado declarar el estado de guerra, pero entonces todavía no se proponía el cruce. Seis horas antes de este, una comisión conjunta recibe una información reservada. El acta no registra que lo confirmara ni que tuviera competencia para confirmarlo o vetarlo. Recibir información no equivale a completar un juicio independiente. El material disponible no basta para certificar que la ampliación cumpliera las exigencias; tampoco permite dar por demostrada la inexistencia de todo lo que no menciona.

Que el jefe del ejército fuera destituido después de oponerse merece investigación; la sucesión temporal no prueba represalia. Tampoco el voto contrario de Asuntos Exteriores puede reescribirse como apoyo de los tres porque la decisión saliera adelante por dos a uno. El Estado debe responder por las actuaciones hechas en su nombre; el registro debe distinguir también cargos y personas: quién propuso, quién se opuso, quién autorizó y quién ejecutó.

Hablamos de responsabilidades de órganos y cargos, no de una orden moral a toda la población. Declarar una guerra no escribe por todos los soldados y civiles las razones que cada cual deba hacer suyas. La organización tiene que dejar al ejecutor una vía para objetar y llevar una exigencia inaceptable a un procedimiento revisable, sin reducir sus opciones a obedecer o cargar solo con las consecuencias.

Otra cuenta en la sala de espera

Tras el cruce se instalan cuatro controles en la franja de Llanura del Trigo. Los hombres entre dieciséis y sesenta años necesitan pasar una evaluación para entrar o salir. Unos mil novecientos quedan retenidos más de una noche y doscientos treinta son trasladados a centros de detención dentro de la Unión, sin acusación, durante períodos de hasta once meses. Hay también toque de queda, requisa de grano y cortes de electricidad. La mayoría de los habitantes tiene nacionalidad del país occidental y no vota en la Unión.

Treinta y cinco kilómetros más al oeste está Villa del Nudo, utilizada tanto por trenes militares como de pasajeros. Un ataque autorizado alcanza a las siete y cuarenta de la mañana el nudo ferroviario y la sala de espera. El vecino anuncia sesenta y tres muertos, cuarenta y uno civiles; la Unión cifra los civiles muertos en veintidós. Aquí no se han verificado de manera conjunta ambas cifras. Sí es inequívoca una anotación del memorando de objetivos: «Horario de pasajeros sin verificar».

Quienes esperaban no eran el objetivo previsto, pero recibieron el ataque. Los vecinos de la franja no son ciudadanos propios, pero nuestro ejército ha puesto los controles, abierto los centros de detención y emitido los recibos de requisa. No pueden eludir esas actuaciones diciendo que no quieren ni borrar lo sucedido cruzando otra frontera. Por esas actuaciones, el país debe responderles. No los convierte en ciudadanos ni concede al ocupante autoridad sobre el resto de su vida.

Los combatientes enemigos que han depuesto las armas, han sido capturados o han quedado fuera de combate por heridas o enfermedad tampoco pueden quedar fuera de la protección. Si nuestro país los captura, encierra o atiende, debe responder por ello. Igual que los civiles locales, necesitan una vía de reclamación independiente, realmente accesible y sin represalias. El uso de armas frente a combatientes todavía activos está sujeto a otras restricciones de medios: desactivar su capacidad actual de someter y no destruir las condiciones para rehacer la vida después de la guerra. No se pueden borrar las diferencias y leer todo empleo de fuerza como si fuera igual.

Hay dos cuentas de guerra que no deben mezclarse. Una pregunta si aquella actuación militar era realmente necesaria en el momento; otra, qué le hizo a cada persona concreta. Incluso si una operación era militarmente inevitable, el daño civil sigue siendo un daño infligido que vulnera a esas personas; llamarlo «coste» no lo liquida. Reconocer esa lesión tampoco demuestra por sí solo que la operación no pudiera realizarse entonces. Cada pregunta exige sus razones y ninguna puede saldar de antemano la otra.

Registrar lo que ocurrió en la sala de espera no iguala resistir una invasión con iniciarla. La diferencia sigue estando en las razones para comenzar y ampliar la guerra, y en si cada paso rebasa el límite de neutralizar la amenaza. Lo que se rechaza es transformar la razón defensiva en un permiso que obligue a cada víctima a aceptar su lugar como efecto secundario de una acción correcta.

Incluso si imaginamos que aquel día la sala estaba vacía y no moría nadie, seguiría existiendo la falta de no verificar el horario. La suerte puede cambiar si ocurre el daño, pero no hace por los cargos que redactan el memorando y aprueban el ataque el trabajo que omitieron. El daño efectivo y el incumplimiento del cargo deben investigarse por separado.

Ampliar la guerra necesita confirmación previa específica. Cada control y cada ataque durante los combates quizá no pueda esperar una reunión particular. Deben regirse por normas públicas previas y revisarse después por una posición no controlada por el mando, dentro de un plazo explícito. Un detenido no puede esperar al final de la guerra para poder hablar por primera vez. Que las quejas vuelvan al mismo departamento de Defensa es un indicio que exige comprobar su independencia, no un veredicto automático: hay que ver si la parte cuestionada puede decidir por sí sola la admisión, el cierre y la continuidad de la investigación.

¿Cuándo ayudar se convierte en decidir por otros?

Se instala después una Administración provisional en la franja. Selecciona a once residentes para un comité de autogobierno y sustituye la antigua asignatura de «Fines Nacionales» por otra de «Ciudadanía», redactada en Ciudad del Estuario, dentro de la Unión. Treinta y siete docentes que se niegan a impartirla son despedidos.

Al ocupar antes Villa de los Juncos, el vecino también cambió los libros y se llevó a dos médicos cuyo paradero sigue sin conocerse. No hay que omitir esos hechos, pero tampoco autorizan a la Unión a cambiar ahora los libros. La transgresión del otro justifica que haya algo frente a lo que defenderse, no que nuestro país decida desde entonces qué deben aprender los niños de la otra orilla o en quiénes han de convertirse.

Podemos empezar por tres preguntas. ¿El paso se dirige de forma inmediata a la amenaza actual que hay que neutralizar? ¿Ha pasado de eso a administrar asuntos internos ajenos y prescribir la dirección de su reorganización? ¿Se pueden precisar un plazo y una vía de salida para ese control? Reparar una escuela no es decidir por otros solo porque se entre en su territorio. Pero quién elige el currículo y quién despide al docente que no lo imparte ya dicen qué clase de administración es esta.

Tras el alto el fuego, la parte atacante vuelve al oeste del río y cesan las hostilidades. Ahí termina también el fundamento de resistir aquel ataque. Que quizá vuelva a atacar no autoriza a prolongar indefinidamente esta guerra. Permanecer es una nueva ampliación: no basta con decir que seguimos en guerra.

Se presentan tres propuestas. Una financia la reparación del nudo ferroviario y las escuelas y mantiene la Administración hasta que haya «instituciones electas conformes a los criterios de la Unión». Otra convierte la franja en una tutela prolongada. La tercera retira las tropas en noventa días. Las dos primeras dejan la llave del final al ocupante. El nombre de «electas» no cambia que el criterio venga de fuera; la buena intención sobre el orden futuro tampoco entrega realmente las decisiones a los habitantes. Las propuestas aún no se han aplicado. Podemos juzgar qué límites cruzarían sus disposiciones si se aplicaran, no escribirlas como delitos ya cometidos.

Algunos habitantes piden que la Unión se quede; otros se manifiestan en contra. Unos y otros son personas reales dentro del relato y deben ser escuchados. El apoyo de una parte no legitima retroactivamente que el ocupante decidiera antes la dirección por todos. Que después se retiren las tropas y vuelva la asignatura anterior tampoco prueba que existiera al principio derecho a permanecer. Devolver la reconstrucción incluye aceptar que otros quizá no reconstruyan como esperamos.

Después de la retirada, nueve miembros del comité salen con las tropas y reciben asilo; el vecino procesa a los dos que se quedan. Su situación empezó a tomar forma cuando la Unión los seleccionó. Retirarse de la administración no es retirarse de las consecuencias que uno contribuyó a producir. Sigue existiendo la responsabilidad de explicar y responder por ellas.

El acuerdo de retirada permite además dos puestos de observación en sendas alturas, de treinta personas cada uno, durante tres años, con observadores del norte. Tener capacidad para observar nuevas amenazas no es lo mismo que instalar un puesto en tierra ajena. Lo segundo exige explicar la autorización, la forma de entrada, qué puede hacerse y cómo se sale. El tratado y el plazo son fundamentos pertinentes, no una demostración automática de que toda competencia sea legítima. Tampoco basta oír «presencia militar» para decidir de antemano que necesariamente es colonización.

Al principio se hablaba del sueño de los niños de Villa de los Juncos. Hasta esta orilla se llegó por ellos. Los niños encontrados después de cruzar tampoco son el decorado de un lema. La defensa no tiene que detenerse por eso, pero sí distinguir una y otra vez qué está impidiendo ahora y si ya ha empezado a organizar la vida de otros. La guerra defiende a personas que han de poder seguir viviendo, no les pide retirarse detrás de los objetivos del Estado hasta que al final se hagan las cuentas.