Capítulo vigesimoprimero. La sociedad de las puntuaciones: la reputación también quiere cerrar las cuentas

1. Un carácter que llega antes que tú

En 1853, una revista de comerciantes publicó una frase con un tono casi amenazante: vayas donde vayas a comprar a crédito, una imagen de tu carácter ya habrá llegado antes que tú; te ayudará o te arruinará.

La frase hablaba de algo que apenas entonces empezaba a tomar forma.

Doce años antes, en 1841, un comerciante neoyorquino había fundado en Nueva York una agencia de información comercial, considerada habitualmente el punto de partida del moderno sector de los informes de crédito a gran escala. Su método consistía en desplegar corresponsales por distintos lugares para que redactaran periódicamente informes sobre la solvencia y el carácter de los comerciantes y los enviaran a la sede de Nueva York.

Entre las preguntas que debían responder aquellos corresponsales figuraban cuánto capital tenía alguien y cuánto debía. Pero también esta: si era una persona de conducta recta y de buenos hábitos comerciales.

Es decir, desde el primer día, el crédito no fue solo una probabilidad de devolver o no el dinero. Fue también un juicio sobre la persona.

No cuesta entender por qué ambas cosas crecieron juntas. En una época en que no había otros comprobantes que consultar, el carácter de alguien era, en efecto, la mejor pista de si pagaría sus deudas. Quien preguntaba no estaba haciendo un examen moral: buscaba una variable útil para predecir. Pero, en cuanto aquella variable entraba en una tabla, dejaba de ser solo una pista. Se convertía en una anotación.

La importancia histórica de aquel paso no reside en que eliminara la incertidumbre. Hizo algo más elemental: fijó una reputación hasta entonces cambiante y la convirtió en un tú que podía archivarse.

Algunos investigadores han descrito ese proceso como el paso del rumor al documento escrito, y han señalado que las agencias de crédito del siglo XIX inventaron, en la práctica, una identidad financiera. Esa identidad no surgió de manera natural. La produjeron conjuntamente la demanda de crédito, el comercio a larga distancia y los intermediarios de la información.

Desde el comienzo hubo una distancia entre esa identidad y la persona que cada uno sabía que era. Él sabía por qué aquel año había tenido problemas de liquidez; el registro solo sabía que había tenido problemas de liquidez. Él sabía que después había pagado todo; el registro quizá seguía abierto por la página en que aún debía dinero. Esa distancia, por sí sola, no es un problema: cualquier registro abrevia lo que registra. Lo importante es que aquella versión abreviada iría en su nombre a lugares muy lejanos, donde él no podría estar.

Al final del capítulo anterior dijimos que lo convertido en objeto de mercado no era la persona misma, sino su apariencia predecible.

Esa apariencia no nació en el siglo XXI. Tiene un antecedente de ciento ochenta años, y aquel antecedente llevaba una carga moral desde el principio.

Lo decisivo de la frase de 1853 es que fundía dos cosas.

Por un lado, el crédito empezaba a salir del círculo de los conocidos para convertirse en un juicio que podía consultarse a distancia. Llegabas a una ciudad desconocida para comprar a crédito; el tendero no te conocía, pero podía consultar un registro sobre ti.

Por otro, ese juicio no era enteramente anónimo. Estaba lleno de relatos sobre tus costumbres, tu respetabilidad, tu círculo social, tu vida privada e incluso tu conducta moral.

La liquidación impersonal no había eliminado los materiales personales. Los había trasladado al archivo.

Conviene recordar ese traslado, porque se repetirá en cada una de las secciones siguientes, bajo formas cada vez más respetables. Los informes se convierten en tablas; las tablas, en puntuaciones; las puntuaciones, en estrellas; las estrellas, en fundamento de una supervisión por niveles y categorías. Cada paso ordena más, permite comparar mejor y facilita que algo se lea en otro lugar. Y cada paso se aleja un poco más de la persona sobre la que se escribe.

Este hilo ha reaparecido a lo largo de los veinte capítulos anteriores: el lado frío y el lado cálido nunca se han sustituido sin más. El tramo de historia que sigue lo llevará un paso más allá.

Nos mostrará que la reputación también busca su propio cierre.

Esa frase cobrará todo su sentido en la última sección. Antes tenemos que ver cómo se ha ido afinando, generación tras generación, la vara llamada reputación: de la conducta descrita en informes a las categorías impresas en manuales; de ahí, a las tres cifras calculadas, a las estrellas promediadas y a las clasificaciones incorporadas a la regulación. Cada vez hay más orden. Y cada vez alguien tiene que quedarse fuera.

2. Un registro permanente

En los años treinta del siglo XX, aquella máquina ya había rebasado el mundo de los comerciantes y alcanzado a la población en general.

En 1936, un semanario informaba de que las oficinas de crédito al consumo de más de mil ciudades de Estados Unidos tenían registros de no menos de sesenta millones de compradores a crédito. Toda cuenta que llevara ciento veinte días vencida y sin pagar debía pasar al registro permanente.

El mismo reportaje daba un ejemplo: si una mujer se trasladaba de Chicago a Los Ángeles, un dependiente de la nueva ciudad pronto podía disponer de un relato completo sobre ella, con datos como su viudez, que vivía de alquiler, con quién se relacionaba y cuánto dinero debía.

Merece la pena detenerse en la palabra «permanente».

Una cuenta puede llevar ciento veinte días vencida por muchas razones. El negocio ha perdido dinero. Alguien ha enfermado. Ha muerto el marido. En aquel momento no había dinero, aunque después se pagara. Son razones muy distintas entre sí.

Lo que entra en el registro, sin embargo, es siempre lo mismo: ciento veinte días de retraso.

No se trata de un descuido de quien registra. Al contrario, es la condición para que el registro pueda utilizarse. Si cada anotación llevara consigo toda su historia, el dependiente de Los Ángeles tendría primero que leerla y después decidir por su cuenta cuán grave era lo ocurrido. No tiene tiempo ni está en posición de emitir ese juicio. Para que la información pueda consultarse desde lejos, primero hay que quitarle todo aquello que solo alguien del lugar podría sopesar.

En el capítulo quinto vimos una operación parecida: la contabilidad por partida doble anclaba cada asiento y permitía cerrar las cuentas. Aquí la operación es otra. Comprime una experiencia, con sus causas y sus consecuencias, hasta convertirla en una entrada que puede consultarse desde otra ciudad. Comprimir es precisamente su función: sin esa compresión, no habría manera de leerla en Los Ángeles.

Esa es también la forma básica de toda esta historia. El crédito pasa de ser un juicio entre colegas de oficio a convertirse en un archivo social de la población.

Pero esta personalidad hecha de expedientes deja un resto desde el principio, y lo deja de manera muy visible.

Quienes han estudiado ese periodo insisten en que aquellos informes mezclaban a menudo rumores, prejuicios, juicios de clase y política local. No eliminaban la subjetividad. La conservaban, la reproducían y después la vendían.

Un juicio sobre si alguien merecía confianza no se volvía más objetivo al entrar en un archivo. Solo se volvía más fácil de difundir.

Esto importa para toda la serie. En los capítulos anteriores, la construcción solía convertir algo borroso en algo nítido. Aquí hace otra cosa: da una forma aparentemente nítida a algo que sigue siendo borroso. El juicio no gana fiabilidad. Adquiere una apariencia que puede circular. Y, cuando llega lejos, esa apariencia se parece a un hecho.

Podemos volver un momento al capítulo tercero. Al acuñar monedas se daba un cuerpo transportable a un peso que ya existía: el peso estaba allí, bastaba con ponerlo en una balanza. Aquí lo que viaja es un juicio, y un juicio no tiene nada que pueda volver a pesarse. Cuando llega lejos, nadie puede desmontarlo para ver cómo se obtuvo. Hay que tomarlo como algo dado.

Por eso, cuando Estados Unidos aprobó en 1970 una ley federal que regulaba el sector de los informes de crédito, lo que dejó escrito fue una fórmula de compromiso: las agencias debían adoptar procedimientos razonables para atender las necesidades comerciales y, a la vez, tratar la información de manera justa y equitativa para los consumidores.

No era una declaración de victoria. Era reconocer que el conflicto seguía allí.

Una ley capaz de resolver el problema en una frase no se redactaría así. Se redactó así porque los legisladores sabían que había una tensión entre las necesidades comerciales y la justicia hacia cada persona. No podían suprimirla; solo podían exigir que se atendieran ambos lados.

Aquí el resto entra por primera vez en el texto de una ley. La norma no precisaba qué significaba exactamente actuar con justicia y equidad, ni daba un criterio con el que hacer el cálculo. Reservaba un lugar para señalar que había algo que las necesidades comerciales no podían devorar. La cláusula casi nunca utilizada del capítulo decimoséptimo era de la misma naturaleza: la construcción reconocía, dentro de su propio texto, que había cosas con las que no había sabido tratar.

3. Solo una de cincuenta

Lo que distingue a la puntuación crediticia moderna no es que existan registros de crédito. Es que la información de muy distinta naturaleza que contienen pueda convertirse en un número comparable.

En 1956, un ingeniero y un matemático fundaron juntos una empresa en Estados Unidos. Querían aplicar la investigación operativa y la inferencia estadística al crédito al consumo.

En 1958 ofrecieron su técnica de puntuación a cincuenta grandes entidades prestamistas.

Solo respondió una.

El contraste entre la única entidad que respondió y las otras cuarenta y nueve dice algo: el sector no sentía entonces que le faltara una vara. Ya tenía un método. El agente de préstamos se reunía con el solicitante, le hacía preguntas, visitaba el negocio, preguntaba a los colegas del solicitante qué opinaban de él y tomaba una decisión. Era un método lento y poco uniforme, pero a sus ojos funcionaba, porque, si algo salía mal, había alguien que respondía. Un número no podía ofrecer eso.

Treinta años después, esas mismas instituciones se disputarían la compra de aquella técnica. Lo que había cambiado no era el número en sí, sino el volumen que había que tramitar. Cuando los préstamos pasan de ser cientos a ser millones, visitar a cada solicitante deja de ser aritméticamente posible. Casi todas las expansiones de la construcción suceden así: no porque alguien se haya dejado convencer, sino porque el método anterior ha dejado de dar abasto.

Conviene recordar ese detalle. Muestra que lo que hoy parece evidente no tenía entonces nada de natural. Hubo un tiempo en que la puntuación era una aritmética nueva que no se entendía bien.

Tampoco la forma que acabaría tomando salió entera, de una vez, de la cabeza de algún genio.

Una investigación ha seguido de cerca la fabricación de las tablas de puntuación. Su conclusión es que bancos, grandes almacenes, prestamistas, equipos de cálculo, datos históricos de impago y cambios regulatorios contribuyeron juntos a descomponer al solicitante en una serie de características. Después asignaron a cada una un peso distinto y lo comprimieron todo en una tabla que podía aplicarse, desplegarse y ajustarse modificando sus umbrales.

El estudio insiste en que la tabla de puntuación no es un espejo neutral. Es un dispositivo de mercado. Rehizo el trabajo de los agentes de préstamos, rehízo el reparto de tareas entre la atención al público y los servicios internos, rehízo la velocidad de las aprobaciones y la posibilidad de repetirlas de manera uniforme.

Hay una consecuencia que pasa fácilmente inadvertida. Antes, el agente debía juzgar, y juzgar obligaba a responder por el juicio. Quien responde pregunta, va a mirar y, si duda, hace una pregunta más. Con la llegada de la puntuación, su trabajo pasó a ser introducir datos y aplicar umbrales. La responsabilidad se desplazó junto con el juicio, hacia un lugar donde ya no había nadie a quien pedir explicaciones.

En 1989, una agencia de información crediticia puso en funcionamiento el primer sistema de puntuación de uso general. En 1995, una institución de financiación de la vivienda respaldada por el gobierno alentó el uso de puntuaciones crediticias en las hipotecas. Después, el mercado secundario de la financiación hipotecaria extendió aquella manera de juzgar a todo el país.

Hay que exponer por entero los argumentos que apoyaron ese cambio, tal como se formularon, porque en gran medida eran ciertos.

En 1997, una investigadora de la Reserva Federal resumía los argumentos habituales de sus partidarios: puntuar era más rápido, más barato, más uniforme y también más objetivo. Daba una comparación concreta. La aprobación tradicional de un préstamo a una pequeña empresa requería, por término medio, unas doce horas y media; con la puntuación, podía tardar mucho menos de una hora.

En un testimonio de 2010, la Reserva Federal volvió a resumir esa posición: la puntuación crediticia permitía evaluar el riesgo con mayor rapidez y a menor coste, y había aumentado la oferta de crédito y lo había vuelto más asequible.

No eran palabras vacías.

Quien carece de una red de conocidos apenas puede conseguir dinero prestado en un mundo de crédito basado en relaciones personales. No conoce al director del banco, nadie habla en su favor y no tiene una reputación local a la que recurrir. Precisamente una puntuación que solo consulta registros le proporciona algo que otros pueden leer.

Aquí la estandarización es una forma de liberación. Deja de hacer depender el juicio del criterio de unas pocas personas.

Hay que contar esta parte con toda su amplitud, porque las secciones siguientes tratarán de sus costes. Si solo se habla de ellos, todo parecerá una mala idea a simple vista. Y no lo era. Permitió obtener préstamos a muchas personas que antes no podían conseguirlos. Eso se ve en los datos, y era también lo que de verdad querían lograr quienes impulsaron el cambio.

En el capítulo décimo vimos algo con la misma forma: la expresión «una misma proporción para todo el mercado» derribaba el sistema que ponía precio según el linaje. Aquí reaparece aquel mismo movimiento.

4. Solo cuenta la información del registro

La puntuación de aquella empresa suele ir de trescientos a ochocientos cincuenta. La explicación habitual la divide en cinco partes: el historial de pagos representa el 35 %; el nivel de endeudamiento, el 30 %; la antigüedad del historial crediticio, el 15 %; los créditos recién abiertos, el 10 %; y la combinación de tipos de crédito, el 10 %.

La propia empresa insiste en algo: la puntuación solo toma en cuenta la información del historial crediticio. No mira directamente los ingresos, la profesión ni los años que llevas en tu empleo actual.

Esa afirmación impone un límite al propio sistema, y el límite tiene sentido: mirar menos cosas puede cerrar algunas puertas a la discriminación.

Pero la otra cara de esa restricción es que lo que no se mira no desaparece. Tener o no ingresos estables, dedicarse a un oficio u otro, tener a alguien enfermo en casa: todo eso suele guardar una relación más directa con la capacidad de devolver el dinero que la parte del crédito disponible que se utilizó el mes pasado. Que la puntuación no lo mire no significa que no influya. Solo deja que lo miren otros, quienes aún tienen que tomar decisiones fuera de la puntuación.

Y es precisamente esa afirmación la que deja ver el desbordamiento.

Primero: la puntuación no abarca a todo el mundo.

En 2015, la agencia estadounidense de protección financiera del consumidor estimó, tomando 2010 como año de referencia, que unos veintiséis millones de adultos eran invisibles para el crédito: no tenían historial crediticio alguno. Otros diecinueve millones sí tenían historial, pero los datos eran demasiado escasos o demasiado antiguos para asignarles una puntuación.

La situación de esos dos grupos no es la de quien tiene una puntuación baja.

Una puntuación baja es una mala noticia, pero al menos es algo que se puede discutir. Puedes preguntar por qué es baja, señalar una anotación errónea, planear cómo mejorarla.

No tener puntuación no es recibir una mala noticia. Es no recibir ninguna.

Alguien sin historial entra en una entidad prestamista y la máquina no puede leer nada. No lo ha declarado de alto riesgo. No ha emitido juicio alguno. Y, en un sistema que encauza a las personas según su puntuación, no poder ser leído equivale a no poder pasar.

Lo peor es que esas personas no pueden salir del círculo por sí solas. Para tener historial, primero hay que conseguir un préstamo; para conseguir un préstamo, primero hay que tener historial. Nadie se propuso diseñar un círculo. Es un subproducto inevitable del método: una vara que solo lee registros únicamente puede devolver un espacio en blanco ante alguien que no los tiene, y ese espacio en blanco se trata como un riesgo al tramitar la solicitud.

En el capítulo decimosexto dijimos que había personas fuera de la lista. Aquí también las hay, aunque la manera de dejarlas fuera sea distinta. Ninguna disposición prohíbe que se inscriban. Es la lista la que no sabe leerlas.

Segundo: la exactitud de la puntuación no viene dada.

En 2013, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos informó al Congreso de que el 26 % de los consumidores había detectado posibles errores importantes en alguno de sus historiales de las tres grandes agencias de información crediticia y había presentado una reclamación. En el caso del 5 % de los consumidores, los errores podían hacerles pagar más por un préstamo para un coche o por un seguro.

Puestas una junto a otra, esas dos cifras dicen mucho.

La puntuación es un número de tres cifras, preciso hasta la unidad. Parece el resultado de un cálculo, y lo es. Pero una parte considerable de los registros originales con los que se calcula contiene errores.

Si los datos están mal, las matemáticas no los arreglan.

Podemos llevarlo un paso más allá. Cuanto más precisa es la puntuación, más fácil resulta creer en ella; cuanto más se cree en ella, menos personas vuelven a comprobar qué se introdujo en el cálculo. La precisión misma reduce la duda. Los siete decimales del capítulo decimocuarto, el índice que se actualizaba a diario en el decimoctavo y estas tres cifras hacen lo mismo: la minuciosidad del resultado ahorra las preguntas por los datos de entrada.

En el capítulo decimocuarto describimos una forma del resto: la vara es extremadamente precisa, pero no se puede conocer lo que mide. Aquí aparece otra versión: la vara es extremadamente precisa, pero aquello con lo que se la alimenta no se ha comprobado.

Los dos grupos de personas que quedan fuera de lo que el sistema puede resolver tienen algo en común.

A ambos les resulta muy difícil cambiar su situación por sus propios medios. Quienes son invisibles no pueden demostrar su fiabilidad, porque demostrarla consiste precisamente en tener un historial. Quienes tienen un historial erróneo, para corregirlo, deben averiguar primero qué se ha escrito sobre ellos, encontrar después la agencia que se equivocó y, por último, recorrer el procedimiento de reclamación.

Un juicio sobre ti ya ha llegado antes de que tú llegues. En 1853, eso era una metáfora. Aquí es un procedimiento.

Y los procedimientos tienen umbrales de entrada. Para recorrerlos hasta el final hay que saber que se tiene derecho a hacerlo, entender los formularios, disponer de tiempo para llamar por teléfono y estar dispuesto a intentarlo otra vez después de una negativa. Esas condiciones dependen también de la situación de cada persona. Así, corregir errores resulta más difícil precisamente para quienes más lo necesitan.

5. Cuando la calibración y la equidad se enfrentan

La discusión sobre la equidad siempre ha acompañado a las puntuaciones, y es bastante más dura de lo que suele imaginarse.

En 1974, Estados Unidos aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, que prohibía expresamente discriminar por raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad o por recibir ayudas públicas.

Eliminar esas variables del modelo era posible. Y se hizo.

Pero la discusión no terminó por ello. Cambió de lugar.

Una corriente de investigación y de argumentación regulatoria subraya que, si la puntuación predice mejor los impagos, puede reducir el coste de prestar y ampliar el acceso al crédito. Puede ayudar, sobre todo, a quienes carecen de redes tradicionales de relaciones a entrar en las finanzas estandarizadas. Las pruebas que aporta esta corriente son reales.

Otra señala que, aun sin utilizar esas características protegidas, la ubicación geográfica, la profesión, las huellas del consumo, la trayectoria educativa y el historial de pago de facturas pueden actuar como variables sustitutivas y volver a codificar las desigualdades históricas dentro de la puntuación. En muchos lugares hay una correspondencia bastante estrecha entre dónde vive alguien y a qué grupo pertenece. El modelo no necesita conocer lo segundo: con utilizar lo primero, puede llegar al mismo resultado.

Eso era precisamente lo que estudiaban investigadores de la Reserva Federal en 2010: la raza no aparece escrita en el modelo, pero los efectos producen un trato desigual.

Hasta aquí aún se podía imaginar un final para la discusión: localizar todas las variables sustitutivas y eliminarlas también.

Sin embargo, las investigaciones posteriores sobre equidad algorítmica llegaron a un resultado más difícil de sortear.

Unos investigadores demostraron que, en el caso general, varios criterios habituales de equidad no pueden cumplirse al mismo tiempo. Otros estudiaron más a fondo la tensión entre la calibración y el equilibrio de los errores.

Dicho de manera corriente: podemos exigir que la puntuación sea igual de exacta en cada grupo, que se equivoque del mismo modo en todos ellos o que la proporción de personas con puntuaciones altas sea semejante de un grupo a otro. Son exigencias que parecen razonables. Pero, en general, las matemáticas impiden cumplirlas todas a la vez.

Este punto es importante para la serie, y por eso hay que precisar de qué clase de resultado estamos hablando.

En los veinte capítulos anteriores hemos puesto una y otra vez explicaciones rivales una al lado de la otra, sin dictar un fallo. Por lo general, porque faltaban pruebas o porque cada parte respondía a una pregunta distinta.

Aquí no ocurre eso.

Aquí hay un resultado demostrado. No dice que aún no hayamos encontrado la mejor definición. Dice que no existe una definición capaz de satisfacer simultáneamente varias exigencias razonables.

Esta vez, por tanto, no poder resolver la disputa no es un estado provisional de nuestro conocimiento. Es la forma que tiene el propio problema.

La pregunta deja entonces de ser cómo hacer más justa la puntuación. Pasa a ser para quién queremos que sea más exacta y a quién queremos que cause menos daño. Eso requiere que alguien elija y responda por su elección. No es un problema que pueda esquivarse con un algoritmo mejor.

La construcción se encuentra aquí, por primera vez, con una pared que ella misma ha calculado.

Esa pared ocupa un lugar muy particular. No está entre la construcción y el mundo exterior, sino entre varias de sus propias exigencias. En los veinte capítulos anteriores, el resto siempre estaba enfrente de la construcción: lo que no se podía medir, lo que no se quería medir, lo que no podía aportar comprobantes, lo que no figuraba en la lista. Esta vez, el desbordamiento nace dentro de la propia construcción. Varias de las cosas que desea chocan entre sí, y tiene que renunciar a una de ellas.

No la ha detenido un crítico desde fuera. Ella misma ha seguido avanzando hasta descubrir, llegado cierto punto, que los caminos que se abren delante son incompatibles entre sí.

Hay que añadir otra capa: la puntuación no ha expulsado realmente los juicios sobre las personas.

Aquella investigadora de la Reserva Federal ya había advertido que la expansión de las puntuaciones reduciría el valor de los préstamos basados en la relación tradicional con los bancos locales. Y, en la práctica, los prestamistas siguen mirando, además de la puntuación, los ingresos, el patrimonio, la estabilidad del empleo y la existencia de garantías. También revisan personalmente las solicitudes que quedan cerca del límite de aprobación.

La propia empresa reconoce que la puntuación es solo uno de los elementos que se tienen en cuenta.

Así, la financiación anónima y el juicio personal no se sustituyen sin más: cambian de sitio continuamente. La puntuación envía a la mayoría a una cadena de tramitación; las relaciones y el criterio humano se repliegan hacia las excepciones, las revisiones, las reclamaciones y los clientes de mayor valor.

Poder beneficiarse del juicio de una persona también acaba repartiéndose según la puntuación.

Conviene leer despacio esa frase. Al principio, la puntuación servía para hacer visibles a quienes no tenían relaciones a las que recurrir. Una vez maduro el sistema, el juicio humano se vuelve un recurso escaso, reservado a las solicitudes limítrofes y a los clientes de alto valor. Quien menos posibilidades tiene de encontrar a alguien dispuesto a escuchar sus circunstancias es, paradójicamente, una persona corriente cuya puntuación resuelve el caso sin dudas. Su expediente no necesita pasar por manos de nadie.

6. La reputación escrita en las reglas

Si la puntuación personal comprime en tres cifras el juicio de si merece la pena prestar dinero a alguien, la calificación de bonos comprime en letras el juicio de si merece la pena prestárselo a un emisor.

En 1909, un analista publicó un estudio sobre inversiones ferroviarias que suele considerarse el comienzo de las calificaciones modernas de bonos. En 1924, sus calificaciones ya abarcaban la mayor parte del mercado estadounidense de deuda en bonos.

La ambición de aquel sistema de letras era comprimir el complejísimo riesgo de que una deuda no se pagara en el futuro en un pequeño número de categorías diferenciadas. Después, innumerables inversores, aseguradoras, fondos de pensiones y reguladores que no se conocían entre sí podrían actuar sobre una misma tabla.

Convirtió la reputación en una pieza estándar.

Ya no se trataba de que yo conociera a aquel banquero, sino de si aquel bono tenía o no grado de inversión.

La reputación dejaba de estar ligada al carácter de una persona cuya historia podía contarse. Pasaba a estar ligada a una clasificación que podía reproducirse a distancia.

Era la misma operación que habíamos visto en la agencia de información crediticia de la primera sección, solo que ahora se aplicaba a instituciones y llegaba más lejos. Una empresa no tiene un carácter del que hablar como lo tiene una persona. Tiene estados financieros, una trayectoria, una posición en su sector. Comprimir todo eso en una letra resulta intuitivamente mucho más aceptable que comprimir en una letra la manera de ser de alguien. Y, precisamente porque se acepta mejor, se propaga más deprisa.

Tampoco esta historia es un avance paulatino hacia la objetividad pura.

En los años setenta del siglo XX, las principales agencias de calificación pasaron de cobrar a los inversores a cobrar a los emisores. En 1975, el regulador estadounidense del mercado de valores incorporó las calificaciones a la regulación del capital neto mediante un sistema de reconocimiento de agencias. En la práctica, convertía una opinión privada sobre el crédito en un umbral de cumplimiento normativo.

Sus partidarios decían que eso aumentaba la densidad de información disponible en el mercado y permitía a reguladores e inversores juzgar con rapidez. Sus críticos señalaban que fomentaba la búsqueda de la calificación más favorable y los conflictos de intereses, además de elevar las barreras de entrada al sector. La opinión de unas pocas agencias adquiría así efectos parecidos a los del poder público.

En torno a 2008 quedó plenamente expuesta la fragilidad de aquella reputación escrita en letras. Las investigaciones posteriores emplearon palabras muy severas para describir el papel de las agencias en la crisis: sus fallos habían sido un engranaje decisivo del colapso financiero. Una proporción enorme de los títulos hipotecarios que habían recibido la máxima calificación en 2006 sufrió fuertes rebajas durante la crisis.

En el capítulo decimonoveno tratamos el lado técnico de este asunto. Aquí hay que añadir el otro.

No importa solo que la calificación fuera errónea. Una vez incorporada a las reglas regulatorias y a las restricciones de inversión, el error se difunde de forma institucionalizada: los fondos tienen que vender, hay que recalcular el capital exigido y la liquidez se seca con rapidez.

El peligro de la calificación no reside únicamente en que sea reputación.

Reside en que es reputación escrita en las reglas.

Cuando alguien tiene mala fama, otros no quieren hacer negocios con él. Pero esa consecuencia es dispersa, puede discutirse y puede cambiar con el tiempo y con la conducta. Cuando baja una calificación, cientos de instituciones se ven obligadas a hacer lo mismo el mismo día, porque sus estatutos les prohíben mantener activos por debajo de determinada categoría.

Cuando la reputación entra en las reglas, deja de ser solo un juicio. Se convierte en un disparador.

Lo que hace actuar a la vez a todas esas instituciones es una frase en la que nadie había reparado demasiado: no se permite mantener activos por debajo de cierta categoría. Está escrita en cientos de estatutos y, en tiempos normales, nunca llega a activarse. En el capítulo decimoctavo dijimos que el resto crecía en las líneas que unían unas partidas con otras. Aquí la línea que las une es esa misma frase repetida en cientos de documentos.

Por eso la discusión sobre las calificaciones sigue dos caminos. Una parte insiste en que, sin esos juicios estandarizados, los mercados de capitales a gran escala difícilmente podrían funcionar. La otra insiste en que, cuando todo el mercado mira la misma escala, la calificación deja de ayudar a juzgar y pasa a juzgar por uno. Además, anima a los emisores a diseñar la estructura de sus productos alrededor de los modelos y a escenificar el cumplimiento alrededor de los umbrales.

En cuanto la reputación se convierte en una lengua común, habrá quien la utilice para competir de cara a la galería.

7. Cinco estrellas

Las plataformas de internet llevaron esta historia un paso más allá. No se limitan a puntuar a las personas: incorporan la puntuación a cada transacción y a cada acto de trabajo.

En 1996, una plataforma de subastas en internet puso en marcha un foro de valoraciones. Su fundador escribió que, creando un mercado abierto que alentara los intercambios honestos, esperaba facilitar que la gente hiciera negocios en internet con desconocidos.

Esa frase es casi el programa de toda la economía de la reputación de las plataformas. Y responde al mismo problema que la agencia de información crediticia de 1841: cómo confiar en alguien a quien no conoces.

Con ciento cincuenta y cinco años de distancia, las dos respuestas tienen una estructura casi idéntica: hacer que los actos pasados de alguien dejen huellas, reunirlas y permitir que las consulten quienes no lo conocen. Solo cambia quién escribe. La primera vez escribían corresponsales contratados; la segunda escribe cualquiera que haya tratado con esa persona. Lo segundo parece más democrático. Pero también significa que el poder de juzgar se reparte entre todos, sin que la responsabilidad recaiga en nadie.

El mecanismo no tiene misterio. Tras cada operación, ambas partes se valoran; las valoraciones se acumulan en un expediente público, y ese expediente influye, a su vez, en las transacciones futuras.

Funciona de verdad. Y cuánto funciona puede medirse.

Unos investigadores realizaron un experimento con pares de postales antiguas. Un mismo vendedor las ofrecía desde dos identidades: una con una reputación elevada y otra recién creada. La identidad ya establecida conseguía un precio aproximadamente un 8,1 % mayor.

Quedó demostrado que la reputación cuantificada podía convertirse en dinero.

Eso también significa que merece la pena falsificarla. Una puntuación convertible en dinero atrae la inflación artificial de notas, la preparación de cuentas para que parezcan fiables, el intercambio de valoraciones, la compra de reseñas y el cambio de identidad antes de que aparezca una mala opinión. La mayor parte de los retoques posteriores a las reglas de la plataforma perseguía estas prácticas. Construir algo con valor crea al mismo tiempo una industria que va tras él.

Las grietas tampoco tardaron en aparecer.

Al estudiar el mecanismo de valoraciones de aquella plataforma, algunos investigadores señalaron que la reciprocidad deformaba la producción de información sobre la reputación. Alguien podía dejar una valoración positiva para devolver otra positiva, o una negativa para vengarse de la que había recibido.

En 2008, la plataforma retiró a los vendedores la posibilidad de dejar valoraciones negativas a los compradores. Era una respuesta institucional a esas represalias.

El episodio revela algo que suele pasar inadvertido.

La plataforma intentaba convertir la reputación en un orden espontáneo, dejar que creciera por sí sola. Al final, sin embargo, seguía necesitando intervenir: cambiar reglas, establecer umbrales y ajustar la circulación de la información.

Aquí la reputación no es más natural que el dinero. También necesita diseño, revisiones y gobierno para funcionar.

Es una objeción muy directa a la idea de que bastaría con volver al boca a boca. En una comunidad pequeña, la reputación funciona porque todos se conocen y van a seguir viviendo juntos mucho tiempo. Quien miente tendrá que volver a ver a esas personas al año siguiente. Si trasladamos ese mecanismo a cientos de millones de desconocidos, aquella restricción desaparece. La plataforma tiene que fabricar otra. Y lo que fabrica ya no es lo mismo que había antes.

En las plataformas de economía compartida y de trabajo por encargo, la puntuación avanzó otro paso. Dejó de ser una referencia posterior a la transacción y se convirtió en el umbral que decide si se puede seguir trabajando.

Una plataforma de alquileres de corta duración utiliza un plazo de catorce días de valoraciones a doble ciego para tratar de reducir las represalias inmediatas. Otra, dedicada al transporte con conductor, convirtió las puntuaciones de sus conductores en una herramienta de gestión continua de las cuentas: según sus explicaciones oficiales, la puntuación es la media de las últimas quinientas valoraciones, y quedar por debajo de la media mínima exigida en la ciudad puede llevar a perder el acceso a la plataforma.

A estas alturas, las estrellas ya no son solo una cuestión de buena fama.

Son el derecho a recibir encargos, el derecho a obtener ingresos, la condición para poder seguir trabajando.

Las empresas de plataformas suelen presentar esos sistemas como herramientas de eficiencia: más rápidos que la supervisión humana, de mayor alcance que las impresiones subjetivas de un gerente y más baratos que la certificación tradicional. Nada de eso es falso.

Pero la investigación empírica muestra que los mecanismos de puntuación amplifican el prejuicio. Los números no lo limpian por sí solos.

Un experimento de campo en una plataforma de alquileres de corta duración encontró que los huéspedes con nombres característicos de la población afroamericana tenían una probabilidad de aceptación aproximadamente un 16 % menor. Un estudio de 2023 señaló que, en ciertas plataformas de trabajo por encargo, mostrar públicamente las valoraciones amplía un 80 % la brecha de puntuaciones entre minorías étnicas y un 28 % la brecha de ingresos.

No es un accidente ocasional en el que falle la puntuación.

Es un mecanismo que puede describirse con claridad: las puntuaciones reúnen los prejuicios particulares de muchas personas y los convierten en una reputación pública. Después permiten que quienes llegan más tarde sigan utilizando, como si fuera información, el prejuicio de quienes llegaron antes.

El prejuicio que alguien lleva dentro influye en su propia decisión de ese momento. Una puntuación media en estrellas influye en todas las personas que la vean después.

En el capítulo anterior dijimos que la construcción no solo recompensa lo predecible: también lo fabrica. Aquí podemos añadir una frase de la misma forma: la construcción no solo registra el prejuicio; lo convierte en fundamento para las decisiones de quienes vienen detrás.

Cinco estrellas parecen más humanas que un número de tres cifras.

En realidad, la malla es más tupida, las valoraciones más frecuentes y resulta más difícil escapar. Te ven sin cesar, te puntúan, te promedian, te ordenan. Y esa puntuación nace de relaciones concretas, pero luego se separa de ellas y las congela.

Depende de las personas y, a la vez, las aplana.

No hay contradicción entre ambas cosas. Depende de las personas porque cada estrella la da alguien concreto después de una experiencia concreta. Las aplana porque, cuando se calcula la media de cientos de estrellas, no queda ninguna de aquellas experiencias singulares. En el capítulo duodécimo dijimos que la construcción nunca mide las cosas mismas, sino la manera en que se las organiza. Aquí lo que se organiza son cientos de impresiones sin relación entre sí.

8. La reputación también quiere cerrar las cuentas

La última parte se ocupa del aspecto de este asunto que más fácilmente se cuenta mal.

El imaginario popular en Occidente suele presentar el sistema de crédito social chino como un único sistema nacional, con una puntuación total para cada persona: cruzar indebidamente la calle resta puntos, y una puntuación baja impide viajar en tren de alta velocidad.

Los documentos oficiales, las posteriores medidas para ajustar las prácticas al marco legal y las investigaciones de los últimos años muestran que esa imagen es demasiado caricaturesca.

El plan de 2014 sí proponía que el sistema de crédito social estuviera básicamente construido en 2020. Pero su estructura real se parece más a un conjunto de instituciones ensambladas: catálogos de información crediticia pública, códigos unificados, intercambio de datos entre departamentos, listas rojas y negras, incentivos y sanciones conjuntos, supervisión crediticia por sectores, listas de ejecución judicial y proyectos piloto locales. No a una tabla nacional única con la suma de los puntos de cada ciudadano.

Hay que precisar esto, y no solo por fidelidad a los hechos. Criticar algo descrito como una puntuación universal es fácil, pero esa facilidad impide ver qué partes están actuando de verdad. Ya encontramos la misma lección en capítulos anteriores. Las tres hambrunas del decimosexto utilizaban técnicas distintas para excluir a las personas; solo describiendo la forma concreta de cada una podíamos saber qué había hecho.

Un documento de 2020 de la Oficina General del Consejo de Estado resulta especialmente revelador: muestra que el propio gobierno central estaba frenando la extensión indiscriminada de las primeras prácticas. Exigía que toda incorporación de información crediticia pública tuviera fundamento en leyes, reglamentos o documentos de política del gobierno central y se gestionara mediante catálogos. Las listas de sujetos con incumplimientos graves y las medidas sancionadoras debían estar claramente definidas y ajustarse a las leyes y reglamentos. Publicar información personal requería una base legal explícita o el consentimiento de la persona, además de las medidas necesarias para ocultar los datos sensibles.

Las directrices de 2025 siguieron insistiendo en los códigos unificados de crédito social, los catálogos básicos, las listas básicas de medidas sancionadoras, la reparación crediticia y el desarrollo del crédito por sectores.

Al leer esos documentos se ve que, en el ámbito nacional, lo que se construye de manera reiterada es, sobre todo, una infraestructura de crédito y mecanismos que obligan a cumplir las normas. Mucho más que una puntuación total para todo el mundo.

Eso no significa que sea un sistema benigno.

En general, los investigadores señalan que sus partes realmente maduras y con mayor capacidad de penetración no suelen estar en una puntuación personal total, sino en la supervisión de empresas, la ejecución judicial, la regulación por niveles y categorías dentro de cada sector y la actuación coordinada de departamentos públicos. Algunas investigaciones identifican expresamente a las empresas como uno de los principales destinatarios de esos documentos. También señalan que el sistema sigue dependiendo en gran medida de investigaciones, verificaciones y decisiones administrativas realizadas por personas.

Hay, en realidad, dos cosas que se confunden con especial facilidad con una puntuación total de crédito social.

La primera son las listas judiciales de deudores incumplidores sujetos a ejecución y las restricciones al consumo de alto coste. Según la plataforma oficial de información sobre ejecución judicial, hasta el 6 de marzo de 2019 se habían publicado en todo el país 13.268.809 casos de inclusión en esas listas; se habían contabilizado 19.582.179 restricciones de viaje en avión y 5.635.086 en tren, computadas por persona y ocasión.

La lógica no consiste en que alguien haya obtenido pocos puntos por una conducta cotidiana. Consiste en listas concretas vinculadas a determinados documentos judiciales y obligaciones de ejecución.

Llamarlo una puntuación universal es inexacto. Decir que no duele también lo es. Sus costes son inmediatos y concretos: pueden cerrar el paso a los viajes, la financiación y la actividad económica.

La segunda son los proyectos locales de puntuación. La normativa de una ciudad con rango de condado establecía expresamente un sistema de mil puntos para los miembros de la sociedad, con una puntuación inicial de mil y varias categorías. A la vez, permitía la reparación crediticia mediante el cumplimiento de obligaciones, la presentación de explicaciones, el voluntariado y las donaciones benéficas, entre otras vías. Según un reportaje, la ciudad había elaborado un catálogo de recogida de información que abarcaba más de seiscientas actividades económicas y sociales. Había reunido diecinueve millones de registros de información básica y un millón trescientos mil sobre cumplimiento e incumplimiento de compromisos, e incorporado a la base de datos a personas físicas, organismos públicos, organizaciones de aldeas y barrios y personas jurídicas.

Hay otra distinción indispensable: el producto crediticio de un grupo de comercio electrónico no es lo mismo que el sistema oficial de crédito social. En 2015 se autorizó a ocho empresas a preparar proyectos piloto de información crediticia personal; aquel producto formaba parte de uno de ellos. Después no llegó a obtener una licencia oficial para esa actividad. Varios investigadores insisten en que tomarlo por la puntuación nacional de crédito social es uno de los equívocos más comunes y persistentes.

Corregir la caricatura no autoriza a quitarle importancia al asunto.

Una descripción más ajustada sería esta: hasta ahora no se ha formado la puntuación personal única y nacional de los relatos populares. Lo que sí se ha formado, y sigue ampliándose, es una infraestructura de gobierno del crédito que combina recopilación de datos entre departamentos, restricciones mediante listas, supervisión diferenciada, reparación crediticia e identificadores unificados. Su capacidad para gobernar la conducta de empresas, sujetos de ejecución judicial y actores de determinados sectores suele ser mayor y más estable que la de una puntuación total aplicada a los residentes corrientes.

Conviene fijarse en esa distribución. La capacidad de penetración es mayor precisamente donde hay una base legal explícita, documentos concretos y obligaciones determinadas. Es decir, la parte verdaderamente dura del sistema no tiene misterio: se apoya en reglas que pueden señalarse. Las partes que más parecen ciencia ficción son, en cambio, las más dispersas, más locales y más inestables.

Ahora podemos volver a la verdadera cuestión de toda esta historia.

La crítica a la sociedad de las puntuaciones cae fácilmente en cierta idealización: como si el dinero y las puntuaciones fueran fríos, mientras que la reputación, el boca a boca y las relaciones fueran cálidos; como si volver a estos últimos bastara para tener menos problemas.

Lo que muestra la documentación es justamente lo contrario.

La propia reputación también busca siempre su cierre.

Los informantes de crédito del siglo XIX querían meter el carácter en un manual. Las plataformas de subastas en internet quieren convertir la fiabilidad de desconocidos en expedientes públicos. Las de alquileres de corta duración y de transporte con conductor quieren convertir la experiencia del servicio y la disciplina laboral en una sucesión continua de estrellas. Los gobiernos locales mezclan la moral y el cumplimiento de la ley en un mismo sistema de mil puntos.

El movimiento es siempre el mismo: tomar un juicio que dependía de relaciones concretas, circunstancias concretas y un criterio ejercido en cada caso, y convertirlo en algo que puede circular a distancia, consultarse mecánicamente y reproducirse a gran escala.

La reputación no es, por naturaleza, más indulgente que el dinero. También comprime a una persona hasta reducirla a un juicio; también se equivoca, también puede manipularse y también hiere mediante los prejuicios locales y la discriminación contra determinados grupos.

En los veinte capítulos anteriores hemos repetido que la vara anónima y la confianza personal nunca se han sustituido una a otra. Siempre han estado entrelazadas.

Ahora hay que decirlo con más precisión.

No están entrelazadas solo porque se necesiten. Lo están porque son dos formas de un mismo impulso.

El impulso de comprimir el mundo para ajustarlo a una vara con la que puedan liquidarse las cuentas adopta, del lado del dinero, la forma del precio; del lado de la reputación, la de la puntuación. Parecen una cosa fría y otra cálida, pero hacen lo mismo: vuelven comparable lo que no lo era, permiten trasladar juicios que no podían trasladarse, comprimen una experiencia con sus causas y consecuencias en una entrada que puede leerse en otro lugar.

También es estable su reparto de funciones. El precio decide si el intercambio puede hacerse; la puntuación, si esa persona puede entrar. El primero determina cuánto vale algo; la segunda, si tienes derecho a acercarte a la mesa. Al final del capítulo anterior dijimos que, en la publicidad, la apariencia predecible se convertía en precio. Aquí esa misma apariencia se convierte en condición de acceso.

Por eso, lo que se desborda a un lado y al otro es lo mismo.

La razón por la que alguien lleva ciento veinte días de retraso no figura en su registro. La razón por la que aquel conductor con 3,9 estrellas llegó tarde ese día no figura en sus estrellas. Cómo ha vivido durante todos estos años una persona invisible para el crédito no figura en ningún número.

Esas tres cosas tienen algo en común: no son información que falte. Existen, se pueden contar y alguien las conoce. Lo que no tienen es una forma que permita leerlas a distancia. La construcción no las ha pasado por alto. Por definición, no admite esa clase de cosas. Quiere entradas que puedan consultarse mecánicamente en otro lugar, y las razones nunca son entradas de esa naturaleza.

Al final, todo sistema de puntuación acaba desarrollando un mecanismo llamado reparación.

La palabra «reparación» es una confesión. Reconoce que una persona puede cambiar, mientras que la puntuación comprime su pasado. Entre ambas cosas queda una distancia.

Si existe esa distancia, tiene que haber un camino para volver.

Y ese camino lo abre la propia construcción, en el muro que ella misma levantó. Después de abrirlo, todavía prescribe cuánto debe durar el recorrido, qué hay que presentar y qué hay que hacer para que el recorrido se dé por terminado.

Que una persona haya cambiado no entra automáticamente en el libro de cuentas. Tiene que pasar por una solicitud, una revisión, un anuncio público, unos plazos. Solo después se reconoce.

Mientras tanto, esa persona sigue siendo ella misma. En las cuentas figura otra.

Las cuentas siguen sin cuadrar. Y se siguen llevando.