La universidad y el camino propio · 08
¿Quién puede todavía preguntar por esta regla?
Poder reclamar no permite al estudiante cambiar su propia nota. Tener competencia académica tampoco permite al profesor controlar toda objeción. Cada responsabilidad necesita un lugar donde realmente pueda preguntarse.
Un estudiante encuentra por fin la oficina responsable de cambiar de director. Lo atienden con cortesía y escuchan, pero concluyen: «No es una decisión personal; es la regla de la universidad». Precisamente quiere preguntar por esa regla. ¿A qué otra puerta debe llamar?
Las reglas no se escriben solas. Quién propone cambios, exige respuestas y puede introducir una objeción en el orden del día modifica su forma real. El gobierno parece lejano al aula, hasta que buscar otro director lo convierte en lo más concreto que se tiene delante.
La Congregation de Oxford tiene importantes poderes legislativos. Los estatutos vigentes prevén una vía para que veinte o más miembros presenten una resolución. La pertenencia depende de condiciones de empleo académico y otros puestos pertinentes. Saber quién puede activarla no es aquí una promesa de actitud, sino una competencia escrita.
No todas las personas afectadas por las reglas tienen esa condición. Ser estudiante no confiere por sí solo esa pertenencia. Cabe preguntar qué vías realmente utilizables tienen quienes quedan fuera para que se trate su problema. Esas disposiciones solas no permiten concluir si Oxford tiene otras vías ni juzgar la universidad entera.
Volvamos al doctorando que quiere cambiar de director. Supongamos que se niega a firmar una conclusión de investigación que no desea asumir y después solicita el cambio. Puede ser a la vez estudiante, ayudante contratado y participante del proyecto. Un conflicto trae varias consecuencias juntas.
El salario debe explicarse según tareas contratadas y trabajo realizado, no retirarse solo por negarse a firmar. Las notas deben mirar los trabajos de la asignatura, no descontar discrepancias de investigación. Si se considera que incumplió trabajo, hay que decir cuál y tratarlo desde sus fundamentos.
La firma debe ser asumida por su titular. Quien resuelve una disputa puede verificar contribuciones, procesos y aplicación de reglas, no asumir por él una conclusión de la que no quiere responder. El avance hacia el título corresponde a un puesto evaluador separado del director y basado en los requisitos. El director puede opinar, sin controlar solo conclusión y revisión.
Cuándo se reanuda la orientación y de dónde viene el apoyo transitorio son otras responsabilidades. No puede dejarse el dinero en manos del director original y afirmar que el estudiante es libre de irse. Cada consecuencia necesita alguien que explique su fundamento. Dividir una disputa entre muchas oficinas no debe dejar sin responsable el bloqueo del conjunto de las salidas.
Lo mismo vale para departamentos, tasas, condiciones de donaciones y continuidad tras un cierre. No fijamos nombres de oficinas. Exigimos responsabilidades expresables, que el estudiante sepa cómo activar la vía y que el problema llegue a quien pueda tratarlo, sin reenvíos infinitos entre unidades.
Una vía necesita al menos tres cosas: independencia respecto de la parte cuestionada, acceso real para los afectados y ausencia de represalias por activarla. La respuesta debe responder a lo preguntado. Ante «¿por qué no puedo cambiar?», un sincero «valoramos mucho a nuestros estudiantes» no explica nada.
Poder activarla también exige efecto real: registro, tramitación y posible respuesta sobre decisiones, reglas o responsabilidades, sin cancelación unilateral a voluntad de la parte cuestionada. No necesita ser siempre un asiento en una reunión. Tampoco puede reducirse a un buzón de sentimientos.
Quién puede preguntar no se decide solo por la lista de miembros existente. Estudiantes, docentes y personal ya participan en las relaciones de la universidad. Otros quedan fuera por una barrera de cualificación o evaluación que tampoco pueden evitar retirándose. Deben tener una vía para preguntar por esa barrera. Eso no concede a todo afectado lejano autoridad sobre todos los asuntos universitarios.
La independencia tampoco queda garantizada para siempre con un sello. Una oficina quizá resuelva independientemente problemas con directores. Si se cuestiona una política departamental o la propia oficina, hay que examinar de nuevo su relación con la parte cuestionada. Cambiar el objeto del director a la administración no permite usar la antigua prueba de independencia y omitir la nueva.
La ayuda informal sirve mucho, sin confundirse con una promesa de resolución formal. Los estándares de 2009 de la Asociación Internacional de Ombuds distinguen asesoramiento y derivación de investigaciones formales, decisiones vinculantes y notificación oficial a la institución. Se cita esa edición antigua, no una descripción directa de las facultades actuales de toda oficina universitaria.
Un mediador que escucha bien puede ayudar a ordenar preguntas y localizar destinos sin tener autoridad para cambiar decisiones. Haber conversado no significa necesariamente haber activado el procedimiento formal. La universidad debe explicar qué puede hacer y quién responde por la decisión formal. «Hemos nombrado a alguien» no sustituye una vía que alcance realmente el problema.
La supervisión exterior tampoco lo abarca todo. Gobiernos, acreditadores y órganos externos pueden tener competencias distintas, sin eliminar las condiciones para que los afectados activen preguntas dentro. Una inspección externa no garantiza que desde entonces haya respuesta a cada problema de cada persona.
Surge una preocupación natural: si todos pueden preguntar, ¿los criterios académicos dependerán de quién grite más? No necesariamente. La suficiencia de un trabajo académico o la solidez de un método deben juzgarlas quienes tienen capacidades y responsabilidades pertinentes. La determinación de quién posee esa capacidad también admite preguntas.
Preguntar por la base de una nota no permite al estudiante cambiarla a su gusto. A la inversa, la responsabilidad académica principal del profesor no significa que solo él reciba y revise las objeciones sobre su curso y luego declare cerrada toda pregunta. Cuestionar y sustituir la conclusión son cosas distintas.
Entre ambos límites hay conocimientos importantes. El estudiante suele saber primero que la carga de una asignatura desplaza las demás. El personal puede saber primero que un examen es inviable en el laboratorio. «Es un asunto docente» no puede excluir esas experiencias, ni obliga a someter toda cuestión especializada a votación general.
La declaración de gobierno elaborada conjuntamente en 1966 por la Asociación Americana de Profesores Universitarios y otras entidades atribuye al profesorado la responsabilidad principal sobre currículo, enseñanza e investigación, y trata también las responsabilidades compartidas entre partes de la institución. Es un texto normativo, no prueba de que todas las universidades funcionen así. Muestra que pueden distinguirse responsabilidades y que participar no es necesariamente todo o nada.
Lo mismo vale para expertos externos. Una opinión independiente puede señalar problemas académicos y procedimentales. Si modifica directamente la conclusión depende de responsabilidades y competencias. Admitir críticas no entrega automáticamente poder de mando; conservar responsabilidad decisoria tampoco permite no responder a las críticas.
Hay cosas que no se obtienen añadiendo reglas. Supongamos que la universidad incluye en los ascensos «dar ejemplo para que los alumnos encuentren su rumbo» y pide puntuarlo del uno al cinco. La nota registra una manifestación, no demuestra que alguien haya hecho suya una dirección por ello. Convertirlo en producto verificable ya cambia el asunto.
Eso no impide comprobar respeto al alumnado y cumplimiento del trabajo docente. Son actos y responsabilidades evaluables. Lo no garantizable es otro paso: alguien ve cómo otro juzga y asume, y después desea recorrer un camino propio. La universidad no puede apropiárselo como producto ni exigirlo como tarea del tutor.
La institución puede dejar condiciones: tiempo para que el profesor explique una elección, parte de la clase sin ocupar por detalles reglados, una orientación que no sea solo una lista de comprobación. No garantiza lo que aceptará el estudiante. Dar condiciones y poseer resultados deben distinguirse incluso cuando más se desea el éxito educativo.
No pueden obtenerse todas esas condiciones del esfuerzo extra del profesor. La orientación debe contarse en la carga de trabajo, reduciendo otras tareas o aumentando personal. Si la organización falla, debe responder quien organiza. Docentes y personal no son consumibles que solo ayudan a estudiantes: también necesitan margen para aprender, probar y recibir apoyo.
Queda preguntar por la propia universidad. No es un fin último que todos deban preservar hasta el final. Departamentos, procedimientos y organización general pueden cambiar. Incluso el mejor diseño encontrará personas y hechos imprevistos. Una reforma exitosa no concede inmunidad permanente a quien la hizo.
Eso no significa que ninguna disputa pueda terminar. Una reclamación puede cerrarse conforme a un procedimiento fundado y una decisión ejecutarse a tiempo. Lo que permanece son condiciones de explicación y pregunta, no reiniciar incondicionalmente la misma solicitud. Ante pruebas o cuestiones nuevas sigue debiendo haber alguien que responda desde el puesto correspondiente.
La serie no dibuja la única universidad ideal. Composición de consejos, organización de plazas permanentes y condición jurídica de asociaciones estudiantiles requieren más trabajo concreto. Primero vuelve visibles relaciones que se pierden fácilmente: quién decide, quién soporta consecuencias, quién puede preguntar y adónde llega su pregunta.
Aquel estudiante quizá no obtenga enseguida lo que quiere ni adquiera autoridad para decidir por todos. Pero ante una puerta no debería escuchar solo «es la regla». Detrás de ella también hay personas que deben poder explicar por qué. Cuando la regla se aplica a él, debe seguir habiendo una vía que la parte cuestionada no pueda cerrar por sí sola.
Fuente y alcance de la lectura
Versión española de ocho ensayos chinos basados en el texto preliminar y los siete artículos de Sobre la universidad. Se examina la orientación de una universidad que declara públicamente tratar a las personas como fines, sin clasificar globalmente a instituciones reales ni exigir una adhesión filosófica para ingresar o ser contratado. Las situaciones imaginarias se separan de los textos institucionales citados. Las reglas reales se describen solo según la fecha, el ámbito y lo que permiten afirmar los documentos: lo no verificado no se presenta como inexistente, y una regla no demuestra su cumplimiento. Se distinguen las exigencias normativas y propuestas del autor, las responsabilidades de actos diferentes y los arreglos institucionales vigentes. La protección básica de las personas no desaparece si una universidad cambia de orientación; poder preguntar tampoco anula todos los cobros, evaluaciones y juicios especializados. No se ofrecen consejos jurídicos, de admisión ni de disciplina académica para casos particulares. Las versiones chinas simplificada y tradicional comparten texto; la inglesa es una reescritura independiente.
Oxford, estatuto IV: miembros, poderes y vías de iniciativa de la Congregation ↗
Estándares de la IOA de 2009: la asistencia informal no sustituye canales formales ↗