El agua todavía tiene que llegar por esta misma tubería

Un pago registrado como dividendo no produjo salida neta de efectivo de la compañía de agua y, aun así, el regulador consideró que transfirió valor. Quizá lo primero que merece una pausa en el caso de Thames Water sea esta distinción poco apta para un titular.

En marzo de 2024, un arreglo de dividendos de 131,3 millones de libras de Thames Water transfirió a otras empresas del grupo el uso de pérdidas fiscales. Según la explicación del caso de Ofwat, el dividendo volvió a la compañía en forma de pago por adquirir esas pérdidas: no salió efectivo neto. Pero la compañía cedió la posibilidad de utilizarlas ella misma en el futuro sin obtener un beneficio neto.^[1]

Podemos entender inicialmente una pérdida fiscal como una ventaja utilizable al calcular impuestos futuros, si se cumplen las condiciones pertinentes. Que hoy no baje la caja no significa que las posibilidades de mañana sigan iguales. Ofwat examinaba cómo afectaría el cambio al negocio regulado y a los usuarios que dependen de él.

Es más enrevesado que decir que los accionistas se llevaron el dinero, y por eso hay que explicarlo. Mirar solo la caja puede ocultar una transferencia de valor. Dar por sentado que todo dividendo retiró efectivo cuenta mal el mecanismo concreto. Una crítica no necesita elegir la versión más ruidosa para tener fuerza.

Un hogar no puede conectar el grifo a otra empresa

Para los hogares de Inglaterra y Gales, Ofwat lo explica directamente: no pueden cambiar la compañía de agua autorizada en su zona como cambian de electricidad o telefonía. Hablamos de usuarios domésticos, no de los usuarios comerciales que pueden reunir los requisitos de otros mecanismos de elección minorista.^[2]

Si una familia no está satisfecha, firmar otro contrato no lleva una segunda red a su cocina. La compañía tampoco proporciona solo una factura: hay que organizar tuberías, tratamiento, mantenimiento y funcionamiento continuo. No ver habitualmente ese trabajo no significa que pueda omitirse.

La dependencia tiene razones materiales. Mantener una red exige inversión y colaboración prolongadas. Construir instalaciones independientes en cada casa no hace necesariamente más libre a nadie. La importancia de la red existente tampoco obliga a aceptar cualquier condición de su operador.

Capital, préstamos y recursos capaces de financiar períodos largos importan en este servicio. Si la inversión no continúa, quizá falten reparaciones y capacidad operativa. Hay que comprobar si compromisos financieros, rendimientos y obligaciones del servicio pueden convivir, sin declarar sospechoso todo retorno ni suficiente la mera disposición de un inversor a llegar.

La condición de licencia P30 que aplica Ofwat entró en vigor el 17 de mayo de 2023. Exige que la política de dividendos considere inversión presente y futura, resiliencia financiera a largo plazo, servicio a usuarios y medio ambiente, eficiencia y gestión de riesgos. No prohíbe todos los dividendos: exige decidirlos junto con esas condiciones.^[1]

La pregunta, por tanto, no corresponde solo al consejo y al receptor del pago. Un pago también puede cambiar lo que recibirán mañana personas que no participan en la transacción. Los hogares no firmaron el dividendo y siguen necesitando que la empresa les preste servicio el año próximo y el siguiente.

El dinero de la cuenta y la capacidad de mañana

Ofwat examinó por separado los arreglos de octubre de 2023 y marzo de 2024. El primero era un dividendo intermedio de 37,5 millones de libras a la sociedad matriz. El segundo tenía varias partes: el regulador distinguió las vinculadas a pagos complementarios de pensiones del arreglo de pérdidas fiscales. No trató todos los pagos de marzo como un mismo mecanismo.^[1]

La distinción importa. Una operación no es inofensiva por ser intragrupo; su complejidad tampoco permite llamarlo todo vaciamiento. Quién recibió qué, qué perdió la compañía y cómo se relacionó con cuidar a empleados, mantener servicios u otras obligaciones requiere seguir cada arreglo.

El 28 de mayo de 2025, Ofwat anunció decisiones finales de dos investigaciones: 104,5 millones de libras de multa por aguas residuales y 18,2 millones por dividendos, 122,7 millones en total. No se impuso toda la sanción por un único dividendo. Tampoco el importe del dividendo y el de la multa son intercambiables.^[3]

La investigación de aguas residuales incluía una orden de ejecución para corregir infracciones identificadas. El regulador señaló fallos en construcción, mantenimiento y operación de instalaciones y redes que incumplían obligaciones. Son conclusiones regulatorias de esa investigación; no explican automáticamente cada vertido ni dicen que toda el agua potable de todos los hogares sea insegura.^[3]

La respuesta empresarial de ese día debe leerse al lado. Thames Water dijo que tomaba en serio sus responsabilidades ambientales, había mejorado y su consejo había considerado obligaciones legales y regulatorias al decidir los dividendos. Añadió que debía evaluar coste y plazo de las inversiones correctivas, que la decisión de precios existente no las cubría suficientemente y que examinaría la orden y las multas.^[4]

La explicación no elimina la determinación final, pero plantea el paso siguiente. Exigir instalaciones reparadas no aporta de golpe fondos y tiempo. Sostener que ciertos costes no están bien cubiertos tampoco cancela obligaciones anteriores. Lo que sostenga cada parte necesita planes, financiación y obras efectivas.

Las pérdidas fiscales permitían otra forma de corrección. Ofwat explicó que ajustes en controles de precios futuros protegerían el beneficio que esas pérdidas podrían haber supuesto para los usuarios. No persigue solo efectivo inmediato: intenta evitar que usuarios futuros paguen de nuevo por una ventaja ya transferida. Eso no es un reembolso inmediato a cada hogar.^[1]

A veces hay que recuperar condiciones futuras, no solo el saldo de hoy. Un arreglo puede no retirar efectivo y volver inutilizable una capacidad. Corregirlo exige más que comprobar si el dinero regresó por la misma vía: importa si se protegieron al final las condiciones de las que dependían las personas.

Después de la multa, el agua tiene que seguir llegando

Una multa no es una tubería reparada. Puede exigir responsabilidad por fallos anteriores e influir en decisiones futuras; no proporciona ingenieros ni amplía la capacidad, ni garantiza instalaciones suficientes para la próxima lluvia. Determinar responsabilidad y restablecer servicio deben conectarse, sin sustituirse.

El 27 de agosto de 2025, Ofwat publicó el plan de pago de ambas multas. El plazo original vencía el 20 de agosto; la empresa solicitó legalmente modificarlo. El regulador aceptó un primer pago del 20% del total, unos 24,5 millones de libras, antes del 30 de septiembre.^[5] Es una exigencia del plan, no un ingreso que este ensayo haya comprobado.

El 80% restante vence según el primero de tres acontecimientos: treinta días después de una reestructuración financiera que mejore la liquidez; si hubiera administración especial, treinta días después de salir de ella; o, como límite final, el 31 de marzo de 2030. No permite elegir esperar hasta 2030 ni significa que todo quedara pagado en 2025.^[5]

El arreglo hace visible el juicio del propio regulador. ¿Cobrar inmediatamente toda una multa elevada dificultaría el servicio obligatorio? ¿Diferirla aleja tanto la sanción del fallo que pierde fuerza? Ofwat debe explicar el equilibrio entre exigir responsabilidad y conservar capacidad de cumplimiento. Anunciar un total no completa esa tarea.

Ofwat invocó cobro oportuno, efecto disuasorio y capacidad de financiar las obligaciones legales del servicio.^[5] La razón admite examen: qué cantidades llegaron a tiempo, cómo se verificaron los desencadenantes y qué reparaciones avanzaron durante la espera requieren registros posteriores. Apoyar la posibilidad de fraccionar no exige considerar óptimo cada plazo concreto.

A la inversa, la necesidad de continuidad no vuelve intocables todos los arreglos financieros existentes. Los usuarios necesitan un servicio continuo y adecuado, no una garantía ilimitada de que se mantendrán una estructura de control concreta o cada expectativa de retorno. Proteger la red y proteger toda reclamación adquirida sobre ella son cosas distintas.

Por eso no tiene sentido limitarse aquí a recomendar otro proveedor. Los hogares no disponen de la vía habitual de cambiar de compañía: necesitan más información visible, preguntas posibles y supervisión capaz de modificar cosas. Una reclamación que solo acredita que alguien escuchó, con reparaciones sin calendario, no reduce la dependencia por añadir una línea telefónica.

La supervisión tampoco puede descansar solo en que la compañía anuncie su éxito. Qué instalaciones mejorar, cómo invertir, con qué criterios verificar y cómo explicar retrasos deben quedar en registros comparables. Cuando el regulador acepta un plan, debe explicar por qué le parece suficiente y qué hará si no se cumple.

En su respuesta de mayo de 2025, la empresa señaló expresamente otra investigación paralela de la Agencia de Medio Ambiente.^[4] Los organismos no llevan exactamente los mismos asuntos; una decisión regulatoria no cierra todos los procedimientos. Distinguir nombres ayuda a que la pregunta llegue a su destino, no a que recorra instituciones sin respuesta.

Propiedad privada, pública u otras formas pueden cambiar incentivos y financiación. El nombre no repara instalaciones. Todavía hay que preguntar quién aporta recursos, quién decide sus usos y quién puede exigir correcciones cuando falla el servicio. Cambiar de propietario no tacha esas preguntas de la lista.

El registro de Thames Water no obliga a elegir entre inversión y usuarios. Obliga a situarlos en el mismo tiempo: si el rendimiento de hoy reduce la capacidad de cumplir mañana y cómo la responsabilidad exigida hoy evita llevarse también las condiciones necesarias para seguir atendiendo.

El dinero puede circular y las ventajas fiscales trasladarse dentro de un grupo. Pero el agua todavía tiene que llegar por esta misma tubería. Una explicación buena vuelve ahí: después de transacciones, sanciones y reparaciones, ¿qué reciben quienes dependen de ella y a quién pueden seguir pidiendo cuentas?