Leer el ensayo
Non Dubito

La empresa · 02

Ese voto no es un contrato sobre una persona

El capital puede comprar rendimientos y votos pactados, no a todas las personas de la empresa. Tampoco quien protege su orientación queda exento de preguntas.

Han Qin ·

Al terminar una junta de accionistas suele formularse demasiado deprisa una pregunta: si el dinero lo pusimos nosotros, ¿por qué no vamos a decidir nosotros? La frase reúne cosas distintas. Reclamar un rendimiento, decidir ciertos asuntos, controlar la empresa entera y disponer de quienes trabajan dentro no se vuelven un mismo derecho por caber en una sola oración.

Una organización real las separa con claridad. En el cambio de propiedad anunciado por Patagonia en septiembre de 2022, todas las acciones con voto pasaron al fideicomiso de propósito, aunque representaban solo el dos por ciento del total. El noventa y ocho por ciento restante, sin voto, pasó a Holdfast Collective. La proporción del dinero y la de los votos no tienen por qué coincidir.

Es la estructura que la empresa describió entonces, no un elogio de toda su actividad ni una prueba de la superioridad natural del fideicomiso. Basta para recordar que el contenido de una participación depende de la clase de acciones. Rendimiento y control pueden separarse; no conviene hablar de dueño sin distinguir de qué se es dueño.

Desde aquí, el inversor posee derechos específicos, no a cada persona de la empresa. Los derechos sobre rendimientos residuales y los votos en ciertos asuntos tienen sus acuerdos y bases legales; un préstamo tiene otras condiciones. Comprar un voto no compra las noches de los empleados, la vida de los usuarios ni autoridad para hacer callar a los accionistas minoritarios cuando preguntan.

El inversor también es, ante todo, una persona. En la lista puede figurar un fondo o una gestora de activos, pero detrás sigue habiendo ahorradores y jubilados. Criticar el dominio del capital no permite reducir los fines de todos quienes aportan a una misma codicia. El límite protector de las personas también los protege.

El control, sin embargo, es real. Quien puede elegir consejeros y fijar el rumbo ocupa un lugar capaz de influir en las elecciones de muchos. Hay que mirar por separado cuántas acciones posee nominalmente y qué puede movilizar realmente. Quien reúne la mayoría de los votos no puede esconder ese poder adicional diciendo que también es un inversor corriente.

Supongamos una empresa ficticia con dos clases de acciones, donde el capital minoritario del fundador lleva la mayoría de los votos. Que fracase una propuesta para reducir esos votos especiales no prueba que se hayan cerrado todas las vías de cuestionamiento. Pero si la única vía para modificar esos derechos está enteramente en manos de quien los disfruta, el propio arreglo de control necesita preguntas.

Hay que comprobar también si existen otras vías efectivas: procedimientos acordados, revisión independiente o instituciones aplicables. Perder una votación no permite declarar que no habrá salida nunca. Celebrarla tampoco prueba que el poder tenga contrapesos suficientes. La forma y lo que realmente se puede cambiar requieren lecturas separadas.

La primera explicación a los inversores tampoco puede ser una versión distinta fabricada solo para captar dinero. Sobre un mismo hecho relevante, una misma orientación o promesa, no se pueden contar historias incompatibles a empleados, usuarios, colaboradores y revisores. Cada posición puede conocer un ámbito distinto; eso no autoriza a introducir verdades distintas en cada ámbito.

La confidencialidad legítima tiene su alcance. Que un consejero conozca un plan no publicado y un empleado de primera línea todavía no, no es automáticamente engaño. Pero la reserva no puede bloquear para siempre preguntas que deben poder hacerse. No engañar no exige publicar todo de una vez; exige que el camino de las preguntas no desemboque en respuestas falsas.

Rendimientos, información y salida también deben seguir lo pactado. El modo de repartir dividendos, la frecuencia de los informes y las condiciones de venta o salida no pueden sustituirse unilateralmente después de obtener financiación. Menos aún puede quien controla bloquear cuentas, propuestas o el cumplimiento debido a los minoritarios y registrar después su silencio como consentimiento.

No toda inversión afecta a la base de la subsistencia. Quien pone todos sus ahorros en una pequeña empresa puede afrontar algo distinto de quien aporta una fracción menor de una cartera diversificada. Hay que examinar salida real, dependencia e impacto, sin asignar la misma situación a todos por ser accionistas ni inventar un umbral fijo por intuición.

Hay un límite anterior: no reducir a una persona a algo intercambiable por un equivalente no debe esperar al recuento de votos favorables. Si esa es la orientación de la empresa, debe explicarse antes de la inversión. Aquí el beneficio puede ser condición y retribución, no el criterio que termina autorizando cualquier práctica.

Eso no significa que los inversores nunca puedan cambiar la orientación. Pueden usar votos válidos para convertirla en una empresa cuyo criterio último sea el beneficio. En ese caso ya no pertenecerá al tipo del que habla el ensayo. Cambiar de clasificación no invalida los límites básicos frente a empleados, usuarios u otras personas.

La distinción importa. Se puede cambiar de orientación, pero la posición básica de las personas no es una prestación revocable por votación. Las vías de salida, negativa y pregunta tampoco se convierten automáticamente en instrumentos que la empresa puede retirar porque los accionistas elijan priorizar el beneficio. Su realización institucional requiere las reglas correspondientes.

Ya existen fórmulas legales que incorporan varios intereses a la consideración de los consejeros. El artículo 172 de la ley británica de sociedades enumera intereses de empleados, relaciones con proveedores y clientes y efectos sobre comunidad y medioambiente. Las disposiciones de Delaware para sociedades de beneficio público exigen equilibrar el interés económico de los accionistas, los intereses de quienes resultan afectados materialmente y el beneficio público definido en los estatutos. Son lenguajes institucionales concretos, no simples copias de una misma filosofía.

El ensayo dialoga con esas disposiciones y conserva una diferencia: hay que equilibrar seriamente los intereses que admiten equilibrio, pero los límites que no se intercambian deben estar antes. Tampoco debe leerse esto como si el derecho británico o estadounidense solo tuviera balanzas y ningún mínimo protector. Hay otras protecciones, y esas sociedades de Delaware siguen sujetas al resto del derecho societario aplicable.

Incorporar la orientación a estatutos, fideicomisos u otras estructuras para dificultar el cambio es una cuestión de diseño de reglas. Aquí no se da una respuesta prefabricada sobre cuánto cerrar o cómo modificar legalmente. Pero quien guarda el cierre también controla algo: su buena intención y el nombre de la misión no sustituyen los contrapesos a esa posición.

Asegurar un mínimo no significa blindar a una parte para que jamás responda. La vía para revisar el arreglo de control no puede depender únicamente de la parte sometida a revisión. «Es para proteger la orientación» puede ser una razón, no una exención de examen. Garantizar que preguntar tenga efectos reales forma parte del diseño.

La distancia entre inversor y empresa también depende de lo difícil que sea marcharse. Se pueden examinar negociabilidad, periodos de inmovilización, compromisos específicos y costes reales de venta. El apego a la empresa también puede ser verdadero, pero un observador no puede medirlo por el inversor como una dependencia calculable uniformemente.

Cuanto más difícil sea salir, más explicaciones y vías de cuestionamiento debe ofrecerle la empresa. Cuanto mayor sea el poder, mayores deben ser los contrapesos de su posición. Las dos exigencias no se cancelan. Que un gran accionista necesite límites no justifica explicarle menos; que le cueste salir tampoco vuelve incuestionable su control.

Inmovilizarse voluntariamente durante mucho tiempo tampoco anula ninguna de las dos. Supongamos una inversión prolongada ficticia que da tiempo a un pequeño taller para empezar, sin exigir dividendos inmediatos. Ese capital puede ofrecer condiciones, pero el largo plazo, el bajo rendimiento y no designar consejeros no son certificados automáticos de buena intención. Hay que ver cómo quedan las vías de negativa y cambio de rumbo.

Una misma inversión puede abrir un camino y retener otro. Aportar capital inicial pero exigir que después no se acepten otros inversores introduce una restricción que debe examinarse aparte. Una cláusula realmente útil no exime de preguntar por todas las demás. Si más tarde el taller contrata personas, tampoco puede anotarse sin más que el inversor realizó sus vidas por ellas.

Un rendimiento alto no prueba por sí solo apropiación; uno bajo tampoco prueba que se estén dando condiciones para el desarrollo autónomo. Se pueden registrar las contribuciones sin usar el resultado para avalar todos los arreglos iniciales. Por encima del mínimo, cuánto se conserva para continuar y cómo se reparten los beneficios siguen siendo decisiones de la empresa y las partes bajo reglas concretas.

El original examina además otra estructura que separa rendimiento y control, la delegación del voto y casos de capital a largo plazo. Esos materiales y conexiones institucionales quedan para una lectura posterior. No elige la mejor forma de tener acciones ni da una cifra lista para determinar cuándo una inversión minoritaria toca la subsistencia básica. Este ensayo tampoco es consejo de inversión.

La próxima vez que alguien levante su voto, quizá no haya que negarlo primero. El voto es un derecho real, el capital una aportación real y los acuerdos deben cumplirse. Solo hay una pregunta que no puede llevarse escondida en la papeleta: que pueda decidir ciertos asuntos de esta empresa, ¿me permite quitar a quienes están dentro la parte que les corresponde conservar como propia?

Fuente y alcance de la lectura

Versión española a partir de los ensayos chinos. Las protecciones básicas no desaparecen si la empresa cambia de orientación. Las fábricas, plataformas, talleres de cerámica y contratos sin fuente histórica indicada son imaginados. Los casos reales llevan sus fuentes: se distinguen relatos empresariales, conclusiones regulatorias, sentencias y acuerdos, según las fechas y el alcance de cada documento. No se ofrece asesoramiento jurídico vigente ni de inversión. Se separan las cuentas de la organización, los deberes del cargo y las responsabilidades personales con fundamento independiente. Los detalles legales, el diálogo completo con la historia de las ideas y los umbrales sin respuesta uniforme quedan en los artículos originales.

Artículo original ↗

Anuncio de propiedad de Patagonia de 2022: separación de acciones y votos ↗

Texto vigente del artículo 172 de la ley británica de sociedades ↗

Disposiciones sobre sociedades de beneficio público de Delaware: derecho aplicable y deber de equilibrio ↗